Casa de la Estrella. Donde nació la República libre y soberana de Venezuela en 1830.

Casa de la Estrella. Donde nació la República libre y soberana de Venezuela en 1830.
Casa de la Estrella, ubicada entre Av Soublette y Calle Colombia, antiguo Camino Real donde nació la República libre y soberana de Venezuela en 1830, con el General José Antonio Páez como Presidente. Valencia: "ciudad ingrata que olvida lo bueno" para el Arzobispo Luis Eduardo Henríquez. Maldita, según la leyenda, por el Obispo mártir Salvador Montes de Oca y muchos sacerdotes asesinados por la espalda o por la chismografía cobarde, que es muy frecuente y característica en su sociedad.Para Boris Izaguirre "ciudad de nostalgia pueblerina". Jesús Soto la consideró una ciudad propicia a seguir "las modas del momento" y para Monseñor Gregorio Adam: "Si a Caracas le debemos la Independencia, a Valencia le debemos la República en 1830".A partir de los años 1950 es la "Ciudad Industrial de Venezuela", realidad que la convierte en un batiburrillo de razas y miserias de todos los países que ven en ella El Dorado tan buscado, imprimiéndole una sensación de "ciudad de paso para hacer dinero e irse", dejándola sin verdadero arraigo e identidad, salvo la que conserva la más rancia y famosa "valencianidad", que en los valencianos de antes, que yo conocí, era un encanto acogedor propio de atentos amigos...don del que carecen los recién llegados que quieren poseerlo y logran sólo una mala caricatura de la original. Para mi es la capital energética de Venezuela.

martes, 1 de agosto de 2017

El mundo exige a Maduro restablecer Democracia en Venezuela





Notiespartano1 Agosto, 2017
300717 30J FOTO Claudia Paparelli
Colombia, Argentina, Perú, Panamá, México, Costa Rica, Paraguay, EE.UU, la UE, entre otros, reiteraron este lunes su advertencia de que no reconocerán la Asamblea Constituyente en Venezuela y urgieron al presidente Nicolás Maduro a restablecer la democracia.
La elección de una Asamblea Nacional Constituyente celebrada el pasado domingo en medio de protestas dejó 10 muertos, según la Fiscalía, y 14 según la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La MUD se negó a participar en este proceso que consideró fraudulento y en el que, según el Gobierno, votaron más de 8 millones de venezolanos.
EE.UU. advirtió que tomará más medidas contra los “arquitectos del autoritarismo” y estudia una nueva serie de sanciones, ahora contra la industria petrolera venezolana.
México sostuvo que “es momento” de privilegiar el diálogo y la reconciliación” con garantías que permita al pueblo venezolano restaurar el orden democrático.
Colombia aseguró que “la instalación por la fuerza de una ilegítima Asamblea Constituyente” llevará a Venezuela a romper la democracia e hizo un nuevo llamado al Gobierno de Maduro “a comprometerse con un acuerdo político negociado que permita crear las bases para superar la grave crisis política, económica y social”.
Perú convocó a una reunión de cancilleres latinoamericanos el próximo 8 de agosto, en Lima, para evaluar la situación en Venezuela y su impacto sobre el orden democrático.
Chile, que aseguró que la votación fue una “decisión ilegítima” que se llevó a cabo “sin las más mínimas garantías para una votación universal y democrática”, confirmó su asistencia a la reunión convocada por el Gobierno de Perú.
El canciller argentino, Jorge Faurie, dijo que no está “lejos” que el Mercosur aplique la “cláusula democrática” a Venezuela, donde “no hay democracia” y señaló que Brasil analiza concretar una reunión del bloque del que fue suspendida Venezuela.
Paraguay reafirmó “su posición de desconocer la ilegal convocatoria” de la Constituyente e hizo un llamado al diálogo teniendo en cuenta que han “resultado infructuosos los esfuerzos de la región y la comunidad internacional.
Costa Rica instó a todos los Estados y organismos internacionales a “desconocer esos resultados” y pidió al Gobierno de Maduro “recuperar la vía de la razón y escuchar el clamor de su pueblo”.
Uruguay, que dependiendo del desarrollo de los hechos evaluará reconocer o no la Constituyente, exhortó al Gobierno a establecer un canal de diálogo con la sociedad y a respetar los derechos humanos.
Guatemala expresó que la única salida a una crisis “que tiende a agudizarse” es el diálogo y dijo que la elección se realizó “sin atender a las múltiples peticiones de gran parte de la población, así como de la comunidad internacional”.
Panamá no reconoce los resultados de la elección de la Constituyente por “vicios” en el proceso y el presidente Juan Carlos Varela acusó a Maduro de preferir “la confrontación”.
El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, dijo que Venezuela “está al borde del desastre” y tildó de “dudosa” la votación de la Asamblea que “ha profundizado aún más los problemas y la tensión” en el país caribeño.
Portugal reiteró que la solución a la grave crisis económica y social debe ser un compromiso que implique “el regreso a la normalidad constitucional” y que se produzca en el marco de “un calendario electoral acordado entre las partes”.
Francia consideró que la Asamblea Constituyente “amenaza con agravar todavía más las fuertes tensiones que atraviesa el país desde el pasado abril”, por lo que pidió “un diálogo nacional creíble”.
Alemania condenó el “uso desproporcionado” de la fuerza en las elecciones a la Constituyente, que se hicieron “sin las debidas garantías” democráticas de libertad ni confidencialidad del voto e instó al Gobierno a iniciar “negociaciones serias” con la oposición.
Italia pidió “la necesidad urgente de un diálogo constructivo con la oposición”, que debe basarse en las cuatro condiciones propuestas por la Santa Sede para “impedir el riesgo de una definitiva fractura política e institucional” en Venezuela.
Un portavoz de la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, señaló que “tiene grandes dudas sobre si el resultado puede ser reconocido” y dijo que se “está trabajando en una respuesta conjunta” sobre la posibilidad de sanciones, como pedía España si estos comicios llegaban a celebrarse.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció al Gobierno de Venezuela por “continuar violando” el derecho a la libertad de reunión y por dispersar de forma “violenta” las manifestaciones.

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