Las fiscales del Ministerio Público Desirée Socolovich y Paula Ziri Castro emprendieron un rastreo minucioso de todos los bienes del juez 20° de Juicio, Alí Paredes, para determinar si recibió algún beneficio económico a cambio de favorecer al presunto narcotraficante Walid Makled.

Fiscalía investiga bienes de juez que favoreció a Makled

Walid Makled fue sentenciado a 14 años y seis meses de prisión | Foto Archivo El Nacional

El Ministerio Público busca pruebas que le permitan mantener encarcelado al funcionario detenido en el Sebin

EDGAR LÓPEZ

El Nacional 12 DE FEBRERO 2015 - 12:01 AM

Las fiscales del Ministerio Público Desirée Socolovich y Paula Ziri Castro emprendieron un rastreo minucioso de todos los bienes del juez 20° de Juicio, Alí Paredes, para determinar si recibió algún beneficio económico a cambio de favorecer al presunto narcotraficante Walid Makled.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que las encargadas de realizar las pesquisas aprovecharán al máximo las 48 horas de las cuales disponen para presentar a Paredes ante los tribunales penales.

El juez 20° de Juicio fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el martes pasado a solicitud del Ministerio Público, horas después de que sentenció a Makled a 14 años y 6 meses de prisión por tráfico de drogas y legitimación de capitales, y lo absolvió de los delitos de ocultamiento de armas de fuego, asociación para delinquir y sicariato en perjuicio del periodista Orel Sambrano y del veterinario Francisco Larrazábal. Paredes fue puesto a la orden del Ministerio Público casi inmediatamente, de modo que el lapso vence hoy jueves en la tarde.

La búsqueda de información sobre los bienes de Paredes incluye una revisión de las cuentas bancarias, así como muebles e inmuebles que pueda tener en Venezuela y en el exterior; tanto él como sus familiares y relacionados.

En este caso, explicaron las fuentes fiscales, la pesquisa debe ser muy minuciosa, pues si alguien tiene experiencia en ocultar dinero malhabido y transacciones ilegales es, precisamente, Walid Makled. Ello en el supuesto no comprobado de que el condenado haya pagado al juez por una sentencia relativamente leve.

Para ganar más tiempo y poder recabar más elementos de convicción que permitan fundamentar una imputación más grave contra el juez 20° de Juicio, las fiscales podrían presentarlo ante un tribunal de guardia, el cual posteriormente declinaría su competencia en el tribunal  que emitió la orden de captura. De esa forma, la audiencia de presentación se podría postergar, por lo menos, un día más.

El artículo 86 de la Ley contra la Corrupción establece que el juez que abuse de poder en beneficio o perjuicio de un procesado será penado con prisión de tres a seis años. Es un delito leve y, en definitiva, el juez Paredes se podría librar de la cárcel. Por ello es que la Fiscalía necesita más elementos para justificar su detención judicial preventiva mientras realiza una investigación más exhaustiva.

El efecto Afiuni es un búmeran
Cuando el presidente Hugo Chávez ordenó, en forma pública, expresa y directa, que la jueza María Lourdes Afiuni fuese condenada a la pena máxima de 30 años de cárcel por haber liberado al empresario Eligio Cedeño estaba enviando un mensaje a todos los operadores judiciales del país. Desde diciembre de 2010 ningún juez venezolano se atrevería a contrariar los intereses gubernamentales so pena de quedar preso.

“El juez Alí Paredes fue el verdugo de Afiuni”, recuerda el abogado defensor de la jueza José Amalio Graterol. “Se negó a que recibiera asistencia médica y la luz del sol en la cárcel de mujeres de Los Teques, donde fue sometida a todo tipo de torturas hasta el extremo de la violación sexual. Fue Paredes el que hizo caso omiso de las solicitudes de liberación que formularon tres instancias de Naciones Unidas. Ahora, él mismo es víctima del Efecto Afiuni, que se ha convertido en un bumerán que amenaza incluso a los jueces más genuflexos”.

El problema de fondo es la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial. Ante la ONU, el Estado reconoció el año pasado que 62% de los jueces son de libre nombramiento y remoción, lo cual los hace vulnerables a presiones extrajurídicas.