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Manifestantes que se oponen al Gobierno chocaron el
jueves en Caracas con la policía
Por VALENTINA LARES MARTIZ | EL TIEMPO | COLOMBIA
10 DE ABRIL DE 2017 09:19 AM | ACTUALIZADO EL 10 DE ABRIL DE
2017 09:23 AM
Desde arreciar la represión hasta acomodar casi quirúrgicamente
a los opositores según sus necesidades, el chavismo muestra hoy todas las
cartas que jugará para mantenerse hasta las elecciones presidenciales del año
que viene. Su objetivo es único y claro: ganar, así sea “a la nicaragüense”
(ilegalizando a la oposición), la única forma de relegitimarse dentro y fuera
de las fronteras venezolanas.
A pesar de la inocultable caída en su popularidad y luego de
tremendos golpes, como el reversazo de las sentencias del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), que habían cercenado las facultades del Parlamento dominado por
la oposición, y que desataron protestas y acusaciones de “dictadura” contra el
gobierno de Nicolás Maduro; el reconocimiento de la fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, de que hubo un quebrantamiento del hilo
constitucional, así como de un grupo de 19 países miembros de la OEA tras la
aprobación de una resolución, el gobierno aún tiene control sobre
importantes estructuras del poder que le permiten jugar con ventaja.
Lo dejó claro el viernes con la inhabilitación por 15 años
para ejercer cargos públicos emitida contra el gobernador de Miranda y ex
candidato presidencial, Henrique Capriles, uno de los presidenciables de la
oposición. Una decisión que pidieron reversar los gobiernos de Argentina y
Perú y que no hace más que aumentar la presión internacional a la que estuvo
expuesto el régimen durante toda la semana, en especial en la OEA, donde fue
vapuleado al activarse en su contra la Carta Democrática.
Lo de Capriles fue una movida de la Contraloría, que cumple
el doble propósito de sacarlo del juego electoral (en los planes de todos
estaba la candidatura de Capriles para las elecciones del próximo año) y a la
vez mostrar el control institucional del chavismo sobre los poderes públicos,
en momentos de fervor opositor.
“El poder se usa como refugio porque el costo de salir del
poder es muy alto”, explicó a El Tiempo el director del Centro
de Estudios Políticos de la Universidad Católica, Benignon Alarcón. “El poder
se está autocratizando porque hay presión por cambio y el gobierno no está en
condiciones de competir en una elección”.
En ese sentido, los análisis apuntan a que el gobierno del
presidente Maduro, a pesar de sus torpezas, no está en el punto de negociar el
cambio o, lo que es lo mismo, un proceso electoral.
Es claro que Maduro no realizó las elecciones regionales
correspondientes porque sabe que pierde, dada su baja popularidad y las
condiciones extremas de la crisis que atraviesa el país. Sabe que no
hacerlas tampoco le reportó mayor costo político, por lo que la preparación se
concentra en las presidenciales.
“Por supuesto, el ‘madurismo’, más que el chavismo, tiene un
ojo en el camino y otro en el horizonte. Claro que hay un plan para ir a las
presidenciales sin los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática”, opinó
también el politólogo Luis Salamanca, a propósito de la inhabilitación de
Capriles.
Y es que con el gobernador de Miranda imposibilitado para
luchar por cualquier cargo público, con Leopoldo López encarcelado y cumpliendo
una condena de casi 14 años de prisión, y con otros importantes líderes
perseguidos, acosados o con prisión domiciliaria, el chavismo está jugando a la
decapitación de la oposición.
En esa ruta todavía quedarían en el camino los dirigentes
Henry Ramos Allup y María Corina Machado.
Otros como Henri Falcón –gobernador del estado Lara– y el ex
gobernador y ex prisionero político Manuel Rosales, aunque de sus filas, son
vistos por el electorado opositor como complacientes con la estrategia oficial
de llegar sin contratiempos a las presidenciales.
Lo único que ha introducido una distorsión en el plan
oficialista fue el empeño en anular la Asamblea Nacional y la reacción de la
oposición de defenderla en la calle. Y la magnitud de las movilizaciones,
con los diputados y líderes en primera fila recibiendo los gases lacrimógenos,
golpes y toda la atención mediática, ha puesto sobre el gobierno una presión
cuyo efecto aún está por verse.
En ese sentido, la politóloga Colette Capriles, en diálogo
con este diario, cree que la reversa del ‘Madurazo’ por su propósito de
clausurar al Legislativo y darle superpoderes a Maduro “inauguró una nueva
línea política que ha unido a todo el mundo en la defensa de la Constitución”,
entre ellos a algunos sectores chavistas tradicionales, como el de la fiscal
Ortega.
Para la politóloga, de la Universidad Simón Bolívar, todo
cambió por la inusitada “presión internacional, porque la oposición se unió en
torno a la defensa de la Carta Magna y porque en apariencia se evidenció una
aparente fractura en el chavismo por la actitud de la fiscal”.
Respecto al masivo despliegue de represión con que ha
respondido el gobierno, esto no es novedoso, pero sí el recrudecimiento de las
declaraciones públicas de algunos de sus voceros de peso, como el diputado
Diosdado Cabello, quien dijo que “aun si hay sangre, no habrá cambio político
en Venezuela”. El miedo como disuasión parece ser la consigna del líder
chavista.
También se ha despejado la alianza directa entre el gobierno
con los ‘colectivos’ o grupos de choque armados, con quienes usualmente
prefería no fotografiarse, pero ahora son abiertamente usados como amenaza.
“Cuando los colectivos se muevan, ahí sí (la oposición) van a empezar a
correr”, se jactó Cabello desde su programa por la televisión estatal.
Por eso la posibilidad de un diálogo es algo de lo que se
habla en los foros internacionales, pero que no está en el escenario imaginado
por Maduro ni menos por la oposición, que cree en su intimidad que se equivocó
al haber accedido a ese proceso liderado por el Vaticano y por los tres ex
presidentes, porque le enfrió el poderoso movimiento de calle que se estaba
forjando. Por eso, los análisis apuntan a que todavía el gobierno no
siente mayor urgencia de hacer una negociación real, lo que confirma que
todavía tiene capacidad de maniobra institucional y ascendencia militar.
De otro lado, la inhabilitación de Capriles, aunque cumple
el objetivo parcial de sacarlo del camino electoral, puede servir de combustible
a la oposición, que ve en la coyuntura actual quizá la última oportunidad de
lograr un cambio político antes del próximo año.
A pesar del bochornoso capítulo protagonizado por el TSJ, la
fiscal general no ha pasado de su declaración inicial y el Alto Mando Militar
se mantiene en estricto silencio. Un paso al frente lo dio el defensor del
pueblo, Tarek William Saab, actual presidente del Poder Moral, desestimando
sanción alguna o remoción de los magistrados del ‘Madurazo’.
“Las negociaciones sobre el poder se dan cuando perderlo es
inevitable”, señala Alarcón. El chavismo aún no parece estar allí.
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