Tres mujeres emblematicas de estos tiempos, tres posturas politicas antagonicas.

Siempre se ha dicho que las mujeres de Venezuela han construido con su fuerza y amor a la sociedad bolivariana. En los peores tiempos de su historia, ellas han dado los pasos requeridos para guardar y luchar por sus hijos, sus hombres, su familia y su país, olvidándose de ellas mismas. Veamos la posicion que ante el llamado de la patria en estos terribles dias han demostrado tres mujeres representantes del poder en el pais, en el lugar que a cada una le toco cumplir.

Luisa Marvelia Ortega Díaz (Valle de la Pascua, estado Guárico, Venezuela, 11 de enero de 1958) es una abogada venezolana que funge actualmente como Fiscal General del Ministerio Público de ese país, cargo que ejerce por designación de la Asamblea Nacional, el 13 de diciembre de 2007, por el período entre 2008 y 2014, un lapso de siete años, siendo ratificada por el parlamento por un período igual el 22 de diciembre de 2014 (2014-2021). Obtuvo su título de abogado en la Universidad de Carabobo, ubicada en el estado homónimo. Se especializó en derecho penal en la Universidad Santa María (donde actualmente es profesora) y derecho procesal en la Universidad Católica Andrés Bello, ambas ubicadas en Caracas. También se desempeñó como consultora jurídica del canal de televisión del Estado Venezolana de Televisión, ingresando, posteriormente, al Ministerio Público en abril de 2002. 

Entre las acciones más importantes durante su gestión, según lo que su oficina ha anunciado, estarían:

• La investigación, procesamiento y detención de dueños y directores de una serie de pequeños bancos no simpatizantes del gobierno incursos en irregularidades en la administración de su patrimonio.
• El adelanto en la investigación del ajusticiamiento de grupos insurgentes, por parte del estado venezolano el 4 de octubre de 1982, conocida como Masacre de Cantaura, hecho ocurrido en las cercanías de la ciudad de Cantaura en el estado Anzoátegui.
• La solicitud de extradición y enjuiciamiento del ex-presidente Carlos Andrés Pérez, por la represión de las protestas y disturbios durante su gobierno, desarrollado entre los días 27 y 28 de febrero de 1989, conocido como El Caracazo, cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación, siguiendo las órdenes de ex-gobernante.
• La creación de la Escuela Nacional de Fiscales, institución docente adscrita al Ministerio Público, que tiene como fin la formación y mejoramiento del material humano que actúa en representación de la fiscalía. La finalización académica acarrea la titularidad en los cargos lo que genera estabilidad profesional e independencia del organismo.
• El mejoramiento de la estructura de investigación criminalística y científica del Ministerio Público venezolano, mediante la creación de laboratorios propios.
• El anuncio de investigación de las declaraciones de Mario Silva sobre corrupción en el gobierno.³
• La creación de fiscalías especializadas en áreas de sensibilidad social, como la violencia contra la mujer, protección a niños, niñas y adolescentes, ambiente laboral, así como fiscalías orientadas a la investigación de delitos graves contra las personas (homicidios) o delincuencia organizada (robo de vehículos, extorsión y secuestro).
• La creación de las fiscalías municipales, despachos destinados a atender delitos cuyas penas no excedan los tres años como pena máxima; son fiscalías con mucha funcionalidad en el área de los dólares, trabajando directamente con las comunidades, organizaciones sociales e instituciones educativas.
• El 31 de marzo de 2017, declaró que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, son una ruptura del orden constitucional.
• El 24 de mayo de 2017, declaró que al estudiante Juan P. Pernalete fue asesinado por una bomba lacrimógena disparada por la GNB. Desmontando así la versión que ofreció el Ministro de justicia y autoridades importantes del gobierno de que Juan P. Pernalete había si asesinado por una pistola de perno

NO, LA FISCAL NO ESTÁ SOLA Y TIENE PODER

Elizabeth Fuentes @fuenteseliz | mayo 27, 2017/Web del Frente Patriotico 

Cuando una chavista con cuatro soles como Luisa Ortega Díaz sale del closet y se enfrenta con toda su artillería jurídica a las tropelías que se vienen ejecutando desde el Palacio de Miraflores, no es únicamente porque finalmente se avergonzó por el abuso de poder, los asesinatos en serie y la tortura que como moneda corriente se han ido instalando sin vergüenza alguna en el Gobierno y su tropa.
Tampoco su cambio de postura obedece, como diría cualquier sexista, a que la Fiscal es mujer y las mujeres solemos ser más sensibles al sufrimiento ajeno. Falso, porque si bien esa virtud acompaña a algunas, valga como ejemplo de lo contrario Tibisay Lucena y el resto de sus amigotas del CNE, cuatro mujeres que llevarán sobre sus hombros la corresponsabilidad en el asesinato de esos 55 venezolanos -hasta este jueves-, la mayoría de los cuales salieron a protestar a las calles porque querían votar, pero las “rectoras” les negaron ese derecho, autoría intelectual que acabó con sus vidas.

No podemos afirmar tampoco que la semana pasada la Fiscal tuvo una Epifanía o un ataque tardío de justicia o se le apareció la imagen de la Virgen de Coromoto en una arepa, llorando lágrimas de sangre y pidiéndole que actuara apegada a la Constitución.
Reelección para el cargo de Fiscal General del año 2014 hasta el año 2021 (camaradas).
Pues no. La fiscal Luisa Ortega Díaz ha hecho lo que ha hecho por una sencillísima razón: Porque no está sola. Porque es una mujer que ha sido lo suficientemente hábil durante 15 años para estar donde está, tejiendo a su alrededor una red segura de sus iguales, lo que le permitió lograr la reelección para el cargo de Fiscal (del año 2014 hasta el año 2021, camaradas), enfrentándose en esa oportunidad nada menos que a Cilia Flores. Porque la esposa del presidente Nicolás Maduro quería imponer a su comadre, la magistrada Miriam Morandy, cuyo nombre no sólo fue apabullado en esa elección sino que resultó un vergonzoso titular el año siguiente, 2015, cuando fue arrestada junto al presunto narcotraficante Richard José Cammarano, en el momento en que ambos pretendían abordar un vuelo de TAP que los llevaría a Portugal. Obviamente, poco después ella fue liberada pero su historia personal quedó al descubierto y se dio a conocer que la aspirante a Fiscal General, comadre de Cilia y amiga de un presunto narcotraficante, también era propietaria del 35% de las acciones de una empresa, Comercializadora Jomira, C.A., dirigida a “la compra, venta e importación al mayor de equipos de oficina; venta de línea blanca, marrón; así como ropa y calzados hasta distribución y venta de alimentos…”, acciones que adquirió cuando era magistrada del TSJ. Lamentablemente, hasta el momento ha resultado inútil acceder al portal del Registro Nacional de Contratistas (RNC) para conocer quiénes son sus socios, porque el motor de búsqueda del organismo asegura que “no se puede encontrar el servidor”, de modo que sus socios siguen en el anonimato, aunque en Florida y Panamá hay varias empresas registradas con ese mismo extraño nombre.
Anecdotario aparte, ya Cilia Flores debe andar detrás de algunos que reeligieron a Ortega Díaz con el clásico macán del “Yo se los dije”. Mientras en paralelo, la Fiscal General se ha colocado no digamos una máscara antigás, sino unos guantes de boxeo rojos-rojitos aupada desde unas butacas multicolores y de lo más bien entrenada y oxigenada desde su esquina, armada con quince años de dimes y diretes entre los pasillos del poder y por eso sabe quién es quién, cuáles son sus delitos, cómo han administrado las joyas de la corona y, en consecuencia, andará buscando expedientes engavetados de esos peleadores que ahora han osado desafiarla para derrumbarlos de un solo golpe frente a las cámaras y los micrófonos.
Basta verla, calmada y segura de lo que dice, mientras en la otra esquina vociferan los asustados. No, la Fiscal no está sola y tiene poder. Tremenda barricada compañeros

FISCAL ABRE UN NUEVO Y PELIGROSO FRENTE AL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO

El Nuevo Herald/ANTONIO MARÍA DELGADO | mayo 30, 2017 | Web del Frente Patriotico

Tradicionalmente vista como uno de los pilares más importante del chavismo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha pasado a convertirse en una de las mayores amenazas para el régimen de Nicolás Maduro, al crear grandes grietas en su aparato represivo y abrir la puerta a deserciones masivas.

Y en lo que significa más dolores de cabezas para el régimen, una eventual destitución de la fiscal podría terminar siendo muy difícil de ejecutar incluso para los controlados tribunales del chavismo, lo que exigiría artimañas legales aún más fantasiosas de lo que los venezolanos ya están acostumbrados a ver, advirtieron expertos.

En unas declaraciones que sacudieron los cimientos del chavismo, Ortega dijo el miércoles que el régimen es responsable por las lesiones sufridas por al menos 500 personas durante las manifestaciones de las últimas semanas y de la trágica muerte de Juan Pernalete, un estudiante de 20 años que murió el 26 de abril.

“Más de la mitad de los lesionados ha sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad”, dijo la fiscal, antes de señalar que un agente de la Guardia Nacional provocó la muerte de Pernalete.

“Fue impactado por un objeto como éste”, dijo al mostrar una bomba lacrimógena, en claro desafío al gobierno, que aseguró que el joven había sido asesinado con una pistola de pernos (de sacrificio de ganado), accionada por manifestantes durante la protesta.

Aunque las palabras fueron pronunciadas con un tono ecuánime y muy profesional, las declaraciones brindaron un alarmante mensaje a la Guardia Nacional, señaló desde Washington Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Interamerican Trends.

“Hay una serie de mensajes allí [en las palabras de la fiscal] que les amarra las manos”, resaltó De La Cruz.

“Uno de los más importante es que le está diciendo a la Guardia Nacional: Mira, al final, esto se va a terminar algún día, y en la fiscalía estamos documentando los casos de lesa humanidad que se van a utilizar en tu contra […] Es un mensaje muy demoledor”, agregó.

Y en lo que reforzó la señal de que podría haber futuros problemas para los represores en Venezuela, la fiscalía anunció el jueves que tres agentes de la estatal Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron encarcelados por presuntamente incurrir en trato cruel contra 10 jóvenes que fueron sido detenidos en una manifestación el pasado 15 de mayo en el estado Aragua.

Las declaraciones de la fiscal cayeron muy mal dentro del régimen.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó el jueves las declaraciones de la fiscal sobre la muerte de Pernalete.

“Esta hipótesis no solo afecta el espíritu de cuerpo de nuestros efectivos, sino que podría además instigar a la violencia contra ellos y alimentar la matriz negativa que quieren posicionar grupos de derecha”, dijo Padrino López en un comunicado.

Imputarán a 3 militares venezolanos por muerte durante protesta del miércoles
Pernalete, de 20 años, murió el 27 de abril tras resultar herido durante una manifestación en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, en el este de la capital.

Según la Constitución, la fiscal general cuenta con inmunidad y sólo puede ser destituida tras una sanción de la Asamblea Nacional, que actualmente está controlada por la oposición.

De La Cruz dijo que Maduro podría intentar de crear alguna figura legal que le permitiera destituirla de todas maneras, pero ese paso no tendría ningún tipo de mérito jurídico y aumentaría significativamente los problemas políticos del régimen.

Las declaraciones de la fiscal se producen después de decir que en el país había ocurrido una alteración del orden constitucional tras la emisión de dos dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia en que se atribuía para sí las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

Ese pronunciamiento generó una crisis interna y respaldó a la oposición venezolana en su aseveración de que Maduro había propinado un autogolpe.

Posteriormente, la fiscal generó nuevas olas al criticar los planes de Maduro de convocar a la fuerza a una Asamblea Constituyente que estará encargada de redactar una constitución a la medida del régimen.

Pero el mayor impacto es el mensaje subliminal que la fiscal general envía a otros actores del chavismo: el régimen de Maduro es ya insostenible.

Carlos Blanco, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, dijo que la fiscal, con su ejemplo, podría haberle abierto la puerta a otros seguidores del fallecido Hugo Chávez para romper con Maduro.

“Podría producirse un deslave”, dijo Blanco, ex presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).

“Muchos de los funcionarios que habían apoyado a Chávez, y hasta ahora Maduro, se están desmarcando porque ven que el fin del régimen está cerca”, manifestó.

Blanco dijo tener información de que en los más altos niveles civiles y militares está ocurriendo un proceso similar al registrado con la fiscal.

“Lo de la fiscal forma parte de una dinámica indetenible, cuando un régimen autoritario, una dictadura se derrumba”, manifestó.

“Ya Venezuela tiene una experiencia sobre esto. En 1958, las últimas semanas del régimen de Marcos Pérez Jiménez, fueron parecidas, porque los más apegados funcionarios del régimen comenzaron a ser sustituidos, destituidos, a renunciar y a fugarse al exterior”, añadió.

Eso no ha comenzado a ocurrir todavía, pero es evidente que la actuación de la fiscal está restándole tranquilidad al régimen, lo cual puede verse en las declaraciones de sus máximos dirigentes.

“Yo estoy obligado a decir todo esto, porque si no, esta noche no dormiría. Pido disculpas porque yo era presidente de la Asamblea cuando esa persona fue designada como fiscal”, manifestó Diosdado Cabello, una de las principales figuras del régimen.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, coincidió con Cabello en que la fiscal se ha convertido en un problema para el régimen, afectando particularmente los esfuerzos por contener las masivas manifestaciones en todo el país.

Militares venezolanos emitieron órdenes para utilizar francotiradores contra manifestantes que protestan contra el régimen de Nicolás Maduro en una reunión realizada a finales de abril. En la grabación tomada del encuentro del alto mando de la Zona Operativa de Defensa Integral Lara, los generales de los distintos componentes discutieron la inconstitucionalidad de la operación, la necesidad de que los hombres seleccionados sean psicológicamente evaluados, y la implementación de medidas para evitar que no fuesen detectados por manifestantes y los medios de comunicación.

“Esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad, propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia”, dijo Reverol.

Este artículo fue complementado con los servicios cablegráficos de el Nuevo Herald.

Siga a Antonio María Delgado en Twitter:@DelgadoAntonioM

Fuente:elnuevoherald

http://impactocna.com/fiscal-abre-un-nuevo-y-peligroso-frente-al-regimen-de-nicolas-maduro/

QUE SE CALLE LUISA Y HABLÉ LA FISCAL GENERAL

Victor Bolívar | junio 1, 2017 | Web del Frente Patriotico

Desde hace varias semanas Luisa Ortega Diaz viene haciendo ruido. Los diarios nacionales e internacionales la titulan como la nueva super héroe venezolana, los políticos le guiñan el ojo, la gente se llena de esperanza al escucharla y las redes sociales la convierten en tendencia nacional. Pero hasta ahora solo hemos escuchado a Luisa, no a la fiscal general de la república.
Así, Luisa nos ha hablado (con el titubeo que la caracteriza) contándonos un poquito de las historias que hoy en día la gran mayoría de los venezolanos conocemos de cabo a rabo: el carácter dictatorial del gobierno venezolano, la ausencia de estado de derecho, la violación sistemática de los derechos humanos, la escasez de productos y servicios básicos, la destrucción de la economía, y los altos índices delictivos, etc.
Luisa ha dirigido al país cada una de sus ruedas de prensa como si se tratara del encuentro entre dos comadres. Un día casi entre risas declara nada más y nada menos que el Tribunal Supremo de Justicia ha roto el hilo constitucional al asumir las funciones de la Asamblea Nacional, y a los pocos días como si intentara contar un pequeño chisme, suelta que ha habido uso abusivo de la fuerza pública, que hay unos cuantos jóvenes muertos como resultado de ello y que hay tribunales militares juzgando a civiles. Vaya cuentecito.
Esto no tendría nada de malo si Luisa fuese solamente Luisa y no la Fiscal General de la República, pero de hecho Luisa es la titular de la acción penal y quien dirige el Ministerio Público. En cumplimiento de sus funciones Luisa pudiera ser ese super héroe que la prensa titula, los políticos le guiñan el ojo y los venezolanos aclaman, sin embargo, no lo es.
Ella podría (si quisiera) solicitar el antejuicio de mérito del presidente de la república, del ministro de interior y justicia y del ministro de la defensa, por haber ordenado el desproporcionado ataque a manifestantes desarmados, causando la muerte de decenas de venezolanos, la mayoría de ellos por disparos a quema ropa cuyas pruebas abundan (declaraciones de testigos, videos, autopsias) y además son de fácil acceso para una persona que ocupa la investidura de Luisa.
Si realmente Luisa tuviese la intención de ejercer su cargo, podría solicitar el enjuiciamiento de todos aquellos jueces y fiscales militares que obviando el principio constitucional del juez natural han estado violando el debido proceso al enjuiciar a civiles no teniendo competencia para ello.
Incluso ha podido Luisa evitar toda esta calamidad que está viviendo el país hoy en día, instruyendo a sus fiscales con competencia en materia electoral a que se opusieran a las medidas cautelares dictadas el año pasado por jueces penales, evidentemente incompetentes para suspender el referéndum revocatorio que nos habría garantizado una salida democrática de esta calamidad que algunos han calificado de “revolución del siglo XXI.”
Si por algún momento Luisa en su titubeo ha pensado en dedicarse solamente a opinar sobre los asuntos de trascendencia nacional, este servidor la invita a que ocupe el papel que como articulista de este diario desempeña a cambio de que lo deje ejercer sus funciones por un par de días y desplegar los poderes inherentes a su cargo.
La responsabilidad de Luisa (por cómplice) en el Estado forajido que se ha institucionalizado en Venezuela es evidente. La actitud de Luisa hasta ahora ha sido un show, solo dejará de serlo el día en que Luisa decida que su cargo es mucho más que varios escoltas y camionetas que la acompañan a donde va y personas que la llaman doctora por doquier, para convertirse en la fiscal general de la república ejerciendo plenamente las funciones consagradas en los artículos 284, 285 y 286 de nuestra Constitución y acusando a los responsables del mayor desastre de orden social, económico y político que ha conocido la historia del país. Mientras tanto Luisa solo seguirá siendo Luisa y Venezuela seguirá con un vacío en la Fiscalía General de la República.

Ortega Díaz: Sentencia del TSJ es un retroceso en derechos humanos

La fiscal general de la República aseguró que la Sala Constitucional debe aclarar si perdió vigencia la democracia participativa

Por EL NACIONAL WEB

01 DE JUNIO DE 2017

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,  introdujo hoy un documento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  para solicitar que se aclare la sentencia 378, en donde se aclaran los artículos 347 y 348 de la Constitución.

“He solicitado que aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos; esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos. Nuestra Constitución establece la progresividad, y bajo ninguna circunstancia esos derechos pueden ser desmejorados”, afirmó.

Por otro lado, Ortega Díaz dijo que el proceso Constituyente planteado por el presidente Nicolás Maduro reduce la participación popular a su mínima expresión. “Hemos solicitado la aclaratoria sobre si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica y se renovó la vigencia de la democracia representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participa, lo que le costó mucho al pueblo venezolano”, dijo.

Pidió al máximo tribunal del país que aclare si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano. “Es decir que la decisión emanada de un poder está por encima del pueblo mismo. Queremos que se aclare la diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria, porque el pueblo tiene menores posibilidades de convocar a un proceso Constituyente”, dijo. 

El documento introducido ante el TSJ será publicado en la página web del Minisiterio Público.

La representante penal del país ha sido tildada de traidora por sectores del chavismo por haber rechazado la Asamblea Nacional Constituyente y por haber señalado que el estudiante Juan Pernalete fue asesinado con una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional. 

Además, ha sido criticada por su supuesta imparcialidad en las agresiones cometidas por manifestantes hacia funcionarios de seguridad. El propio Diosdado Cabello, que la defendió cuando era presidente del Parlamento, pidió excusas a sus seguidores por haberla apoyado. 

Otros pronunciamientos que han alejado a la fiscal del chavismo han sido su exigencia de que se respete el debido proceso, que se evite la violencia por parte de los policías y los militares contra las protestas y por haber afirmado que el orden constitucional había sido violentado cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó al Poder Legislativo de sus competencias. 

EL EXTRAÑO CASO DE LA FISCAL LUISA ORTEGA DIAZ

Carlos Ramírez López @carlosramirezl3 | junio 6, 2017 | Web del Frente Patriotico

Dra Luisa Ortega Díaz, el pasado 16 de febrero usted viajó a Brasil a una reunión de fiscales latinoamericanos para acordar mutua colaboración en la persecución de la trama corrupta de Odebrecht y allí firmó un convenio con el fiscal general de allá, Rodrigo Janot, entre otros. En dicho convenio se acordaron ocho puntos entre los que están: crear equipos conjuntos para la investigación, trabajar en la recuperación de activos para la reparación de los daños, y aunque en Venezuela se especuló que su asistencia a tal acto solo era para espiar y alertar al gobierno de Venezuela sobre los detalles de las investigaciones, muchos esperamos que tal especie no sea cierta, pero se requiere demostración fehaciente de lo contrario.

Venezuela es el único país donde no se ha producido ninguna información del Ministerio Público respecto a la investigación, lo único que usted ha dicho es que solicitó la detención de una persona a la cual ni identificó. Se le recuerda que en Venezuela se le contrató a Odebrecht grandes obras por más de 20.000 millones de dólares que fueron pagados sin que se ejecutaran y que actualmente están abandonadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe donde se asienta que entre los años 2006 y 2015 funcionarios venezolanos recibieron de Odebrecht 98 millones de dólares de sobornos para la adjudicación de esas obras, pero no se ha recuperado ni un solo dólar, no hay ni un solo preso, ni siquiera usted ha llamado a declarar a los ministros ni a los demás altos “camaradas” que todo el mundo sabe que están implicados en esos robos.

En los demás países se producen actos concretos y ofrecen información, por ejemplo, en Brasil pusieron en prisión al presidente de la empresa Odebrecht y lo condenaron a 19 años de cárcel, se formularon cargos contra el ex presidente Lula y la empresa se obligó a pagar multas a Estados Unidos y Suiza por 3.500 millones de dólares. En Colombia se ha dado cuenta de detenciones de varios altos funcionarios e incautaciones de bienes. En Ecuador el fiscal firmó un acuerdo con Estados Unidos para asistencia penal en la investigación y congelaron 40 millones de dólares a la constructora. En Perú la fiscalía celebró un acuerdo con Odebrecht para la devolución de dinero de lo cual adelantó 8,9 millones de dólares, tienen en la cárcel a 7 altos funcionarios, han dictado detención a un ex presidente y han llevado a declarar a otros dos ex presidentes. En República Dominicana se hizo un acuerdo entre la Procuraduría (Fiscalía) y Odebrecht según el cual esta devolvería el doble del dinero que se repartieron en sobornos para un total de 184 millones de dólares. En Panamá el gobierno canceló los contratos hasta que se devuelva los dineros sustraídos, la Fiscalía ha formulado cargos a 17 funcionarios. En Argentina se abrió una investigación respecto a los contratos de 3 grandes proyectos en los que se reportaron beneficios de 278 millones de dólares para Odebrecht cuyo reintegro ha sido exigido, se ha acusado al jefe de los servicios de inteligencia y al secretario de transporte haber recibido sobornos. En contraste, Venezuela, que es el segundo país con más dinero entregado en sobornos, y el primero en cantidad de obras adjudicadas, solo se sabe que usted, señora fiscal, pidió arrestar a una persona, aún no identificada ni detenida, pero, lo peor es que ni siquiera se ha podido conocer los contratos firmados con Odebrecht, los tienen en secreto, pues violaron la obligación de la aprobación previa de la Asamblea Nacional como lo manda la CRBV. Transparencia Venezuela presentó 17 demandas en el TSJ para que se mostraran los contratos y en un solo día dictaron 17 sentencias negándolo.

Ahora ha aparecido un nuevo ingrediente, dos condenados en Brasil por el caso Odebrecht se acogieron al beneficio de la delación premiada para obtener una rebaja de pena y delataron que Maduro siendo canciller les entregó 11 millones de dólares en efectivo en Caracas, allá él pasó a ser otro indiciado en el hecho.

¿Qué hace usted con las obligaciones que asumió en ese convenio que firmó en Brasil? ¿Va a pedir el enjuiciamiento de Maduro por esos 11 millones de dólares que entregó a los 2 presidiarios, o va a desentenderse de sus obligaciones? Recuerde que se incurre en delito por acción y también por omisión. Recientemente Maduro puso sobre usted la carga de castigar ese entramado de corrupción, dijo en televisión: “…Que se siga haciendo justicia. Como jefe de Estado le doy todo mi apoyo al Ministerio Público en sus investigaciones. Le toca al Poder Judicial, y nosotros cumplimos las órdenes que el Poder Judicial y el Ministerio Público nos dé”.

Dra Luisa Ortega, le sugiero que se mueva en la dirección correcta, que pida el antejuicio de mérito contra Maduro por los múltiples motivos que usted conoce, que haga imputar a los “magistrados” que hicieron “ruptura del hilo constitucional”; pida la detención de los funcionarios implicados en el robo Odebrecht, y muy importante, abra una investigación respecto a las acusaciones que por narcotráfico ha formulado el gobierno norteamericano contra altos militares funcionarios del gobierno de Maduro quienes a la vez deben responder por los crímenes contra los jóvenes que protestan y que ensangrientan las calles de Venezuela. Tiene usted una lista de delitos que perseguir y si no lo hace lo hará quien asuma ese cargo en el nuevo gobierno cuando recuperemos la democracia, y entonces en esa lista también estará usted indiciada como cómplice debido a la omisión de los deberes que la ley le impone.

Ni usted, doctora Ortega, ni nadie, puede estar bien con Dios y con el diablo, elija, y termine de hacer lo que debe hacer, y si necesita contactos para que le tramiten su condición de testigo protegido en Estados Unidos, no los siga buscando con lobbistas en Washington DC, yo se los ofrezco sin ningún interés diferente a que se haga justicia a Venezuela.

Ortega Díaz: Sentencia del TSJ es un retroceso en derechos humanos

La fiscal general de la República aseguró que la Sala Constitucional debe aclarar si perdió vigencia la democracia participativa

Por EL NACIONAL WEB

01 DE JUNIO DE 2017 03:35 PM | ACTUALIZADO EL 01 DE JUNIO DE 2017 15:46 PM

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,  introdujo hoy un documento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  para solicitar que se aclare la sentencia 378, en donde se aclaran los artículos 347 y 348 de la Constitución.

“He solicitado que aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos; esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos. Nuestra Constitución establece la progresividad, y bajo ninguna circunstancia esos derechos pueden ser desmejorados”, afirmó.

Por otro lado, Ortega Díaz dijo que el proceso Constituyente planteado por el presidente Nicolás Maduro reduce la participación popular a su mínima expresión. “Hemos solicitado la aclaratoria sobre si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica y se renovó la vigencia de la democracia representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participa, lo que le costó mucho al pueblo venezolano”, dijo.

Pidió al máximo tribunal del país que aclare si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano. “Es decir que la decisión emanada de un poder está por encima del pueblo mismo. Queremos que se aclare la diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria, porque el pueblo tiene menores posibilidades de convocar a un proceso Constituyente”, dijo. 

El documento introducido ante el TSJ será publicado en la página web del Minisiterio Público.

La representante penal del país ha sido tildada de traidora por sectores del chavismo por haber rechazado la Asamblea Nacional Constituyente y por haber señalado que el estudiante Juan Pernalete fue asesinado con una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional. 

Además, ha sido criticada por su supuesta imparcialidad en las agresiones cometidas por manifestantes hacia funcionarios de seguridad. El propio Diosdado Cabello, que la defendió cuando era presidente del Parlamento, pidió excusas a sus seguidores por haberla apoyado. 

Otros pronunciamientos que han alejado a la fiscal del chavismo han sido su exigencia de que se respete el debido proceso, que se evite la violencia por parte de los policías y los militares contra las protestas y por haber afirmado que el orden constitucional había sido violentado cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó al Poder Legislativo de sus competencias. 

La fiscal sospechosa

14 DE JUNIO DE 2017 12:01 AM

Cuando la fiscal en ejercicio, Luisa Ortega Díaz, toma la determinación de distanciarse del régimen madurista y de su camarilla narcomilitar debido a las tropelías que han cometido recientemente, se genera un conjunto abrumador de desconfianzas debido a las cuales se ensombrece una conducta que solo debía provocar apoyos y entusiasmos. ¿Por qué la doctora Ortega Díaz hace lo que viene haciendo ahora, si no lo llevó a cabo en el pasado desde su alto cargo? Tal vez esta sea la pregunta que circula con mayor insistencia, tras el afán de dudar sobre las intenciones de quien reclama ahora a la dictadura madurista el respeto de la legalidad.

La respuesta es sencilla: porque el calendario para la ejecución de las acciones de cada cual es un asunto esencialmente personal sobre el cual no pueden circular irresponsablemente las opiniones ajenas. El ejercicio de la llamada “virtud republicana” no depende de un programa previamente establecido por la opinión ajena, sino solo de la oportunidad en la cual quiere ejercerla un ciudadano del cual depende el rumbo de los asuntos públicos. Así de sencillo. La fiscal Luisa Ortega Díaz actuó cuando lo consideró oportuno, conducta sobre la cual, vista en estos términos, no cabe la posibilidad de ningún reproche.

También se pregunta con insistencia por las razones que la llevaron a enfrentarse con la dictadura madurista, como si no fueran abultadas y de general conocimiento las causas de la pugna. De la recurrencia de la pregunta, cada vez más presente en medios como el Twitter y el Faceboock, se desprende la sensación de que algo turbio le insufló movimiento, de que no ha sido la transparencia la gasolina que ahora le encendió el motor. Estamos frente a una cavilación inhumana, ante un reproche sin fundamento, debido a que, sin necesidad de expurgar las supuestas vergüenzas ni las imaginadas oscuridades que se atribuyen a su posición, lo único que salta a la vista –algo que no se puede legítimamente poner en tela de juicio– es el coraje republicano de que hace gala la fiscal ante una sociedad sumida en el pantano de una dictadura atroz.

Hasta se ha llegado a suponer, dentro del conjunto de los reproches,  que no actúa sola, que cuenta con apoyos insólitos gracias a cuyo auxilio ha llegado a  atrevimientos de envergadura. La alternativa de que no esté íngrima en su cruzada debería funcionar como base de fundadas esperanzas, como aliciente del entusiasmo colectivo, pero se la juzga como una especie de pecado original. Difícilmente se puede llegar a una mayor escala de incomprensión, a un tamaño más grande de disparate cuando se considera el trabajo de un alto funcionario que modifica de grado su camino para atender asuntos primordiales para los intereses colectivos en un tiempo de crisis extrema.

Que, en lugar de ponderar con ecuanimidad y prudencia la gesta que hoy protagoniza la fiscal Luisa Ortega Díaz, la gente se solace en buscar la quinta pata de su gato, solo sugiere que nos costará mucho salir del atolladero.

Fiscal solicitó enjuiciara magistrados de la Sala Constitucional

Ortega Díaz pidió inhibirse a Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Federico Fuenmayor y René Degraves

Por ASCENSIÓN REYES R.

14 DE JUNIO DE 2017 12:01 AM

La Fiscal Luisa Ortega Díaz solicitó ayer a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito contra ocho magistrados de la Sala Constitucional y dos suplentes. Es decir, que se les elimine la prerrogativa de la inmunidad para dar paso a sus enjuiciamientos.

La acción es contra los magistrados Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves, quienes habrían incurrido en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, el cual está previsto y sancionado en el artículo 132^o del Código Penal.

Hay que hacer la salvedad de que si bien la Sala Constitucional está integrada por siete magistrados no se menciona a la ex presidente del TSJ y también, miembro de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, porque no firmó las sentencias 155 y 156 que anulaban las potestades de la Asamblea Nacional como tampoco la 378, que determinó que cuando el presidente toma la “iniciativa” para convocar una asamblea nacional constituyente no es necesario consultar al pueblo previamente mediante referendo. Gutiérrez está de permiso y en España.

También pidió que los ocho funcionarios se inhiban de conocer sobre la petición interpuesta. “En el supuesto de que no se inhiban, estamos solicitando la recusación. Igualmente, estamos interponiendo como medida cautelar innominada la separación del cargo de estos magistrados porque corre peligro la nación, corre peligro el Estado de Derecho, corre peligro el derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía. Esta es la muerte del Derecho. Sería la muerte del Derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta Sala, por eso, pido que se convoquen a nuevos magistrados para que puedan resolver esta petición”, aseguró. 

Tutela. De acuerdo con su juicio, de la Sala Constitucional tiene una política reiterada que atenta contra esa forma republicana. Y puso como ejemplo las sentencias 155 y 156, con las cuales se produjo una ruptura del orden constitucional.

Aclaró que no solo se conspira, por un acto de fuerza, contra la forma republicana de la nación, sino que también se causan daños irreparables a través de decisiones. Afirmó que lo que se está buscando es desmantelar el Estado.

“Es necesaria la paz de la República, es necesaria la seguridad jurídica. No puede ser que al TSJ, si hoy no le gusta la Asamblea Nacional la elimina; mañana no le gusta el Ministerio Público y lo elimina; pasado no me gusta otro organismo y también lo elimino. Necesitamos seguridad. No puede ser que se desestructure, se desmantele el Estado; conspirar para atentar contra la forma republicana establecida en la Constitución solamente por caprichos”, reiteró.

Destacó que el TSJ atentó contra uno de los derechos de los ciudadanos como es la tutela judicial efectiva, al impedir a las personas llegar hasta la sede del máximo tribunal del país para adherirse a la acción intentada por ella.

Explicó que la tutela judicial efectiva garantiza que toda persona pueda acceder a los órganos de administración de justicia para la defensa de sus derechos. “¿Cómo se accede al TSJ si colocan tanquetas y obstáculos?”, se preguntó.

Se debe nombrar junta accidental

El ex fiscal José Benigno indicó que luego de la solicitud de antejuicio de mérito promovido por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz,  contra los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, a quien acusó de ser los responsables del rompimiento del orden constitucional, corresponde a la Asamblea Nacional designar a unos nuevos magistrados para conformar una junta accidental que conocerá el caso y decidirá si hay mérito o no para el enjuiciamiento. El jurista señaló que, por tratarse de un recurso que involucra a los representantes del máximo tribunal, estos no pueden pronunciarse al respecto. Por la forma en cómo está concebida la petición, es un hecho inédito. No obstante, magistrados como Luís Velásquez Alvaray, de la Sala Constitucional, y Antonio Ramírez Jiménez, de la Sala de Casación Civil, fueron removidos de sus cargos tras la denuncia de un civil

El Dato

La Fiscalía de España se ha sumado al manifiesto firmado por procuradores, fiscales generales y representantes de las fiscalías de varios países de la región

Tibisay Lucena Ramírez (Barquisimeto, 26 de abril de 1959) socióloga venezolana, graduada en la Universidad Central de Venezuela.

En diciembre de 1999, durante el régimen de transición del Poder Público, fue designada por la Asamblea Nacional Constituyente como rectora suplente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE).

Actualmente es Rectora principal del CNE, y ostenta la presidencia del organismo electoral desde el 30 de abril de 2006.

Su cargo expiró el 30 de abril de 2013, sin embargo, no fue sino hasta octubre de 2014 cuando la Asamblea Nacional juramentó al Comité de postulaciones para designar a su reemplazo y el de otros dos de sus colegas, esto debido a que el parlamento no pudo llegar a un acuerdo con la mayoría requerida por ley, por lo que se procedió a un nombramiento autorizado por el TSJ.

El 26 de diciembre de 2014, fue reelecta como Rectora Principal del CNE por designación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras ser admitida la solicitud de declaratoria de omisión de la Asamblea Nacional efectuado por Diosdado Cabello, en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional.

TIBISAY LUCENA LLAMA A LA GUERRA CIVIL. POR QUÉ EL DIÁLOGO ES INÚTIL

Gustavo Coronel | mayo 25, 2017 /Web del Frente Patriotico

Una de las grandes criminales de la etapa chavista, Tibisay Lucena, acaba de llamar a la guerra civil en Venezuela. Sabiendo cual es la situación del país y el grado unánime de rechazo que existe en Venezuela en contra del llamado ilegal y grotesco a una Asamblea Constituyente hecho por Nicolás maduro, acaba de validar este llamado y anuncia su pronta realización para Julio de este mismo año. Al mismo tiempo le tira un hueso a los venezolanos decentes al anunciar elecciones regionales para Diciembre de 2017.

Esta delincuente Lucena tendrá que ser enjuiciada por el gobierno que reemplace al narco-régimen que ella ha protegido durante estos años. Esta aceptación de la infeliz maniobra de Maduro no podrá sino llevar al país a una agudización de la confrontación que existe actualmente entre los asesinos de la Guardia Nacional y los ciudadanos en protesta. Sus declaraciones representan un insulto más a la sociedad venezolana y provocará un incremento de la reacción ciudadana, incrementando el riesgo de una guerra civil en el país.

Por eso se impone en Venezuela la salida acelerada del narco-régimen. En nuestros escritos hemos rechazado el diálogo con esta pandilla de bandidos por ser inmoral, por un asunto de principios. Pero ahora es también preciso rechazarlo porque es estratégicamente absurdo. ¿Como sentarse a dialogar con quienes todos los días actúan de manera arbitraria, en violación de la Constitución?  ¿Sobre que dialogar con estos criminales?

La manipulación de los bandidos chavistas del narco-régimen es evidente para quien tenga ojos: han adelantado una serie tan grande de violaciones a la constitución y a las leyes del país que el día que se sienten en una mesa a negociar, tendrán mucho que “darle” a la oposición. Les dirán a los negociadores de la oposición cosas como esta:

• Haré un sacrificio y abandonaré la idea de la Constituyente
• Vamos a complacerlos. Vamos a celebrar elecciones regionales este año,
• Liberaremos 15 presos más
• Proponemos que nos reunamos una vez al mes. Vamos a establecer agendas, lugar de reunión, puede ser en La Habana, ¿no les parece?
• Nuestros facilitadores pueden ser Zapatero y Leonel Fernández y pudiéramos aceptar a Samper y, gracias al Papa, al Nuncio Apostólico.
• No establecemos sino una condición previa: que abandonen la violencia, váyanse a sus casas mientras conversamos como gente civilizada.

EL DIÁLOGO ES PARTE DE LA NORIA

En este momento se está cumpliendo una vuelta más a la noria en la situación política venezolana. La noria funciona así;

• (1) El narco-régimen asalta la constitución y cierra las puertas electorales
• (2) La oposición llega al punto de la indignación y llama a la calle
• (3) La calle es dominada por la oposición pero el narco-régimen envía a sus matones a reprimir y a matar
• (4) Grupos de jóvenes opositores envían excrementos y bombas molotov a los asesinos
• (5) Aparecen barricadas en algunos puntos de Caracas
• (6) Miembros de la oposición se quejan de las barricadas ; Semtei escribe en contra de la violencia y anarquía de la protesta y Mari Pili se horroriza de los jóvenes disfrazados que cometen actos de vandalismo
• (7) El narco-régimen denuncia la violencia de la oposición y llama al diálogo. Implora al Papa
• (8) El Papa y el secretario general de la ONU ( amigo de Zapatero)  piden diálogo para evitar el derramamiento de sangre y el Papa envía un nuevo Nuncio
• (9) Convencen a la oposición a ir al diálogo y se desmonta la protesta
• (10) El diálogo dura tres o cuatro meses hasta que la oposición se cansa y se levanta de la mesa
• (11) El narco-régimen vuelve al punto uno y se reinicia otra vuelta a la noria.

Y así nos llevan bozaleados. Nos enterrarán en urna blanca.

CRÓNICA DE GUERRA: TIBISAY LUCENA LA CÓMPLICE NECESARIA

Eduardo Martínez | mayo 26, 2017 /Web Patriotico

Una de las armas más certeras que ha tenido Nicolás Maduro para violar la Constitución se llama Tibisay Lucena. Es un arma letal.

No se sabe si por la desviada mente de este funcionario público, que eso es lo que es, haya pasado el Estatuto de Roma. Un instrumento legal incorporado en el marco legal venezolano. Que puede ser no respetado por las autoridades venezolanas, como hace con la Constitución. Pero que sin embargo es aplicado por los demás países signatarios.

Este Estatuto se aplica, entre otras cosas, a los violadores de los derechos humanos. Y entre estos derechos se encuentra el derecho a elegir y ser elegido. Un derecho que cuando se viola, genera un ambiente de conflictividad que permite la siembra de cadáveres en los cementerios.

Lucena es en este sentido una “violadora” de derechos humanos. Cada una de las decisiones trascendentales de su gestión, ha estado signada por interpretaciones que van más allá de la Ley para favorecer siempre al régimen. Una actitud que ha demostrado su más abyecto desprecio por la voluntad de los venezolanos.

Lucena no ha estado sola. Le acompañan otras tres rectoras, quienes también en su momento deberán dar cuenta de su responsabilidad.

En el 2016, las cuatro rectoras del CNE fueron incapaces de convocar las elecciones regionales. Tampoco atendieron la iniciativa de convocar un referendo revocatorio presidencial. Un revocatorio que nos hubiera evitado las decenas de muertos, heridos, traumatizados, detenciones arbitrarias, persecuciones y extrañados del suelo patrio.

La última decisión anunciada por la funcionaria Lucena, que sin duda representa nuevas violaciones a la Constitución, comete una afrenta en contra de los venezolanos.

Sin sentir pena o rubor, Lucena anunció este martes la convocatoria de las elecciones regionales para diciembre. Cuando en verdad este anuncio fraudulento va acompañado de una convocatoria para elegir constituyentes en el mes de julio.

Lucena sabe y tiene conciencia, de que esa constituyente puede eliminar la elección de los gobernadores y diputados regionales.

Tibisay Lucena es sin duda un arma letal. Asesina el derecho al voto, elegir y ser elegido, y es cómplice necesario en la creación del ambiente de violencia y violaciones de derechos humanos en que el régimen, con su primerísima colaboración, ha sumergido a Venezuela.

OTRO GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA, EL DE LA LUCENA

Asdrúbal Aguiar @asdrubalaguiar | junio 1, 2017 | Web del Frente Patriotico

Me resisto a toda consideración jurídica y formal sobre el nuevo golpe de Estado que, en sucesión del acometido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y les cuesta sanciones individuales internacionales a sus jueces por enemigos de la democracia, ahora llevan a cabo las rectoras electorales, suertes de “tarazonas” de Nicolás Maduro. Algunos se dejan traicionar por el leguleyismo, arguyendo su nulidad de pleno derecho, como si acaso un golpe constitucional fuese algo jurídicamente debatible, antes que aceptación oblicua del macabro juego de la dictadura.

La convocatoria por este de una suerte de constituyente comunal a fin de apalancarse en el poder por sobre la sangre de los centenares de muertos y heridos que ya deja a la vera su labor represora: su masacre de jóvenes que representan el futuro del país, y la autorización por aquellas del esperpento electoral que desde ahora organizan a la medida de quien se encuentra incurso en crímenes contra la humanidad, quedará registrada dentro de las ignominias ocurridas en la historia republicana de las Américas.

Las innombrables Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio habrán de responder por este otro acto de violencia contra la soberanía popular venezolana y contra la mayor conquista democrática alcanzada por esta desde la Constituyente de 1947, a saber, el derecho al voto universal, directo y secreto, es decir, un voto, una persona, y un derecho al voto para todas las personas, sin distinciones ni separaciones de origen u oficio.

Esa regla tan elemental, que incluso respeta en su momento la heterodoxa constituyente que organizara Hugo Chávez Frías en 1999, padre de nuestra tragedia actual y causante del felón quien ahora entierra sin honores su obra constitucional, desaparece por obra de las inefables rectoras, por meras cagatintas de la dictadura.

Que Maduro invoque artículos y los manipule con aviesa conducta de estafador de la legalidad, pues manda dentro de un régimen de la mentira –diría Piero Calamandrei– y le hace decir a la Constitución y las leyes lo que no dicen ni permiten, en modo alguno purifica lo que es, repito, un atentado al orden democrático, una ruptura del pacto que nos rige a los venezolanos, un golpe de Estado más, tan simple como eso.

Intentar crear una asamblea de comunas a la medida, con representantes de grupos sociales escogidos a dedo por el dictador –en una suerte de mal calco del corporativismo de estirpe fascista mussoliniana– a fin de, otra vez y por enésima vez, refundar la república y nuestro sistema constitucional, implica, sin lugar a dudas, la continuación, ahora a manos de la rectoras electorales, del golpe sistemático de Estado que ejecuta desde diciembre de 2015 el cártel que ha secuestrado a Venezuela. Y no exagero ni vilipendio, a pesar de que aquel y estas arguyan que la imponen como un camino “para la paz que nos merecemos”, a saber, la paz de los sepulcros que abren a diario en todos los cementerios de Venezuela.

El prestigioso The Washington Post ha sentenciado, no por azar, que “Venezuela está gobernada por el más poderoso cártel del mundo”.

Lo esencial salta a la vista, como razonamiento elemental. Si la Lucena, directa responsable, junto a sus colegas, de la prohibición de una salida constitucional y electoral oportuna –el referendo revocatorio y la elección de gobernadores– que conjurase la violenta crisis que provoca el golpe de Estado ejecutado por los jueces constitucionales para desconocer a la Asamblea Nacional y sus competencias de control y de legislación, ahora hablan de elecciones a la “medida” para que se logre la paz, ellas son las responsables de la masacre que ejecuta Maduro. Los muertos, heridos, torturados y presos tienen como agentes materiales a guardias nacionales, policías bolivarianos y grupos paramilitares; pero la espoleta de la granada que mancha de sangre inocente la geografía patria es el efecto de las prohibiciones de CNE, negando y posponiendo “sine die” los actos electorales constitucionalmente previstos, para salvar a la cabeza del narco-andamiaje en que ha mudado el Estado venezolano.

En suma, lo que al término cabe señalar como corolario es que si Maduro enloqueció por incapaz de pagar el costo de su salida junto a sus colaboradores, implicados en crímenes de tráfico internacional de drogas al que se suman los asesinatos del pueblo que han aprisionado a la manera de escudo protector, son responsables de todo ello las rectoras del CNE. Son culpables de la tragedia que nos enluta, por serviles, por indignas de ocupar las sillas de un poder del Estado cuya autonomía relajaron para entregarlo a manos del despotismo criminal e iletrado.

Les llegará su ergástulo, a manos de la justicia, cuando venga de regreso, muy pronto. No podrán dormir hasta entonces.

correoaustral@gmail.com

María Corina Machado (Caracas, 7 de octubre de 1967) es una política, ex-diputada, profesora, ingenieravenezolana fundadora del movimiento político Vente Venezuela y co-fundadora de la asociación civil Súmate.

Fue elegida diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Miranda, iniciando su mandato en enero de 2011 siendo la candidata con más votos en la historia de la Asamblea Nacional (Parlamento de Venezuela).¹

El 21 de marzo de 2014 aceptó el cargo de "representante alterna" de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, tres días más tarde el presidente de la Asamblea Nacional notificó que Machado había perdido su condición de diputada, de manera automática, por una violación a los artículos 149º y 191º de la Constitución de Venezuela de 1999, esta actuación fue ratificada por las autoridades judiciales venezolanas. 

MARÍA CORINA MACHADO: NI CONSTITUYENTE, NI REGIONALES, NUESTRO OBJETIVO ES LA TRANSICIÓN

NOTICIALDIA.COM | mayo 25, 2017 | Web del Frente Patriotico

 La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, rechazó la convocatoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Asamblea Constituyente y a las elecciones regionales.

“Ni Constituyente, ni regionales, nuestro objetivo es la transición”, sentenció Machado a través de su cuenta en Twitter.

Asimismo, agregó: ”Lucena, respete!! Ud ha sido cómplice del régimen criminal. 53 días de rebelión cívica y 55 venezolanos caídos no serán en vano”.

”A los muchachos que están dando la vida en la calle,a sus madres que los acompañan,a las madres de nuestros héroes caídos: mañana a la calle”, sentenció.