Las jugadas de Luisa Ortega Díaz ponen en jaque al gobierno El ex fiscal Javier Elechiguerra y el ex magistrado Perkins Rocha afirman que la fiscal general ha actuado conforme a lo que dispone la Constitución. No descartan en que insistirá en defender el valor republicano

Por SOFÍA NEDERR SNEDERR@EL-NACIONAL.COM

25 DE JUNIO DE 2017 02:02 AM | ACTUALIZADO EL 25 DE JUNIO DE 2017 07:52 AM

Durante el primer semestre la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se ha deslindado de varias acciones del Ejecutivo. En el tablero político, ella está moviendo sus piezas. El Tribunal Supremo de Justicia ha respondido con celeridad a cada una de las jugadas. La expectativa está centrada en cuál será la próxima movida de la máxima autoridad del Ministerio Público –que para el gobierno se ha convertido en su principal adversario– luego de que la Sala Plena admitió la solicitud de un antejuicio de mérito en su contra.

Ortega Díaz, quien fue designada frente al Ministerio Público por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2007 para el período 2008-2014 y ratificada para el lapso 2014-2021, asegura que actúa en defensa del Estado de Derecho y de la Constitución de 1999.

Fiel al proyecto que lideró el presidente Hugo Chávez, ahora la fiscal ha sido blanco de ataques de oficialistas, entre ellos del propio presidente Nicolás Maduro. “Todas las acciones intentadas por nuestra institución han sido desechadas, inadmitidas, negadas, sin que se produjera un pronunciamiento a fondo del Tribunal Supremo”, advirtió Ortega Díaz el 13 de junio.

“La fiscal general ha actuado en cumplimiento de su obligación como representante del Ministerio Público para garantizar el respeto a la Constitución. Las sentencias 155 y 156 fueron denunciadas por Ortega Díaz por considerar que estas significaban la ruptura del orden constitucional. El TSJ no puede sustituir al Parlamento. La Sala Constitucional le dio la razón a la fiscal, en una decisión gatopardiana, cuando corrigió algunos aspectos. Los magistrados reconocieron que actuaron fuera de la carta magna”, señaló el abogado Javier Elechiguerra, ex fiscal de la República.

Para Elechiguerra, Ortega Díaz tuvo razón cuando hace unos días acusó a los magistrados de incurrir en el delito de conspiración para alterar la forma republicana. La funcionaria solicitó un antejuicio de mérito contra los juristas, que fue negado por los propios afectados. “Los magistrados han sido juez y parte ante las peticiones de la fiscal, cuando debieron inhibirse. En este contexto el Estado venezolano quedó muy mal ante el mundo, al violentar derechos universales.

Por el contrario, Ortega Díaz cumplió con su obligación. Actuará hasta donde se lo permita la Constitución”, expresó.

El ex fiscal dijo que las actuaciones de Ortega Díaz han sido semejantes a las asumidas en 2002 por el entonces fiscal Isaías Rodríguez, cuando denunció el golpe de Estado contra Chávez. Considera que en ambos casos la conducta fue legítima. “A Isaías Rodríguez nadie intentó enjuiciarlo, porque lo que hizo corresponde a la función de un fiscal. Él y Ortega Díaz actuaron según su juramento”.

Restablecimiento democrático. El ex magistrado Perkins Rocha dijo que Ortega Díaz ha actuado conforme a lo que dispone el artículo 333 de la carta magna, según el cual todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar para el restablecimiento de la Constitución.

“La fiscal ha desnudado ante el país y la comunidad internacional la falta de imparcialidad y el sesgo de las autoridades del TSJ puestas por Maduro, cuando están obligadas a velar por el Poder Público”, indicó.

Rocha, actualmente vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, coincidió con Elechiguerra en que los magistrados, al no admitir o rechazar a los recursos que Ortega Díaz introdujo ante el máximo tribunal, “como parte y jueces del proceso incurrieron en un inexcusable error de carácter penal”.

Destacó que la fiscal ha contribuido en la integración del gran expediente por la ausencia democrática en el país, registro que, recordó, es válido ante la Corte Penal Internacional.

“La fiscal evidenció que hay Estado de Derecho, pero no justicia. Mientras tengamos este TSJ no podremos tener decisiones efectivas, lo que tiene un costo social. El Libertador decía que el talento sin probidad es un azote, pero el TSJ es un azote. Como dijo Ortega Díaz: El TSJ es un obstáculo para la paz del país”.

Rocha dijo que está claro en que “la fiscal sigue siendo una señora con posición política de izquierda, lo que es perfectamente válido. Pero, al mismo tiempo, se puede afirmar que va a dar la vida por un valor republicano, por la democracia, por defender la Constitución”.