By CLAUDIA SMOLANSKY | CSMOLANSKY@EL-NACIONAL.COM
12 DE MARZO DE 2017
¿Cómo sería una Venezuela gobernada por María Corina
Machado, Henrique Capriles, Leopoldo López o Lorenzo Mendoza, o si rigiera una
dictadura de derecha o de izquierda? El economista Santiago Guevara tenía,
desde su perspectiva y lo que los análisis numéricos arrojaban, las respuestas
para estos escenarios con la intención de publicarlos en su tercer libro sobre
transiciones hacia la democracia. Parte de este trabajo, de una línea de
investigación que viene desarrollando desde hace décadas, estaba en la
computadora que los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar (Dgcim) se llevaron durante un allanamiento hecho en la casa del
profesor de 66 años de edad el pasado 21 de febrero, en el que le entregaron
una citación para acudir a la Fiscalía Militar, una cita que terminó en
detención por los supuestos delitos de instigación a la rebelión y traición a
la patria.
La detención de Santiago Guevara hace crecer la lista de más
de 120 presos políticos que hay en el país. Guevara no militaba en partidos,
militaba con los datos y los números, pues es un especialista en prospectiva,
esa ciencia que se hace peligrosa en escenarios de poca transparencia y alta
incertidumbre. Dentro de sus investigaciones, el pacto de Punto Fijo; el
Acuerdo de Viernes Santo, en Irlanda; el que llevó a la pacificación a El
Salvador; el de La Moncloa, que puso fin al franquismo en España, son algunas
de las referencias que sustentaban los análisis de Guevara sobre la crisis que
vive el país actualmente, recuerda José Ángel Ferreira, vicerrector
administrativo de la Universidad de Carabobo, y amigo de Guevara. “En sus
ideas, Santiago es un oficiante del diálogo. Cuando hay gobiernos largos, solo
pueden hacerse cambios llevándolos hacia el diálogo. Él no puede ser acusado de
traición a la patria por sus ideas y mucho menos cuando tenemos una fuga de
profesores tan dramática en las universidades y Santiago se quedó en Venezuela
teniendo la oportunidad de irse. Le están cobrando amistades y visitas”.
En 2013 Guevara aceptó asesorar la tesis de Raúl Emilio
Baduel, hijo del ex general Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009 por corrupción
vinculada con la adquisición de equipamiento militar. Con la tesis del hijo de
Baduel, que quedó truncada en 2014 cuando el estudiante fue detenido durante
las protestas, se afianzó una amistad de años con la familia del militar.
Andreína Baduel, hija del militar, recuerda que Guevara los visitó en su casa
en las navidades pasadas. “Desde que conoció a mi hermano se solidarizó mucho
con la familia. Visitó a mi papá varias veces en Ramo Verde. Cuando compartía
con él siempre demostraba un rechazo inmenso a la persecución de este régimen.
Es alguien bastante centrado y ecuánime que tiene como propósito luchar por
Venezuela”, asegura la joven.
El pasado viernes 3 de marzo al mediodía, el ex general
Baduel debía salir en libertad tras cumplir una sentencia de casi ocho años.
Sin embargo, un día antes de su audiencia de presentación para ser liberado le
sumaron nuevos delitos a su causa que coinciden con los que le imputan ahora a
Guevara.
El Tribunal Primero de Ejecución lleva el caso del
economista, el de Baduel y sus allegados: el general retirado Lozada Saavedra,
el sargento, Noé Romero Lugo y el coronel Vruzco Hernández. Los tres militares
fueron apresados en enero de este año luego de visitar al preso en Ramo Verde.
“Se han afincado en detener a todas las personas del entorno de Baduel. Los
acumulan bajo el mismo tribunal para así fabricar un mismo caso. El profesor
era muy querido por la familia de Baduel. Los dos ingredientes para su captura
es que es un crítico de las políticas económicas del gobierno y es amigo del
general”, dice Omar Mora, abogado de Baduel.
Guevara es el primer civil del entorno de Baduel que está
siendo juzgado por tribunales militares. Su defensor, el abogado Kelvi
Zambrano, señala que esto no es lo único ilegal en el caso. Durante el
allanamiento, no hubo presencia de testigos, lo cual representa una violación
del artículo 196 del Código Procesal Penal. “El expediente señala que Guevara
tiene una relación política con Baduel y que están organizando un movimiento
subversivo. Alegan que se reunían con frecuencia para dicho propósito. Eso no
es así, es una relación de amistad de muchos años atrás. No puede ser que hasta
la amistad sea considerada un delito”, señala Zambrano. El abogado agrega que
los cargos que se le imputan requieren que el acusado presente una conducta
fraudulenta, una vida clandestina o haga un llamado a la rebelión. Según
Zambrano, el comportamiento y trayectoria de Guevara no cumplen con esas
características. Guevara es un profesor universitario, ávido en la producción
de artículos, como los que publicaba semanalmente desde hace 11 años en dos
reconocidos portales de análisis económicos como América Economía y El Boletín.
“Sus artículos jamás demuestran un desconocimiento de las
instituciones, incluso, él brindó propuestas al gobierno para que ejercieran
correcciones en su modelo económico. Colocaba a disposición sus conocimientos y
estudios para colaborar en la optimización del medio productivo del país”,
defiende el abogado.
El más temido
Guevara creció en las cabinas de Radio Puerto Cabello, una
de las emisoras más antiguas del país, que fue dirigida por su padre, Santiago
Guevara Villalba. El docente jubilado no siguió el camino de la radiodifusión.
Estudió Economía en la Universidad de Carabobo y se dedicó a la prospectiva,
para desarrollar escenarios para empresas, instituciones o países a partir del
análisis de las causas y variables económicas. Se especializó en Francia, la
Universidad de La Sorbona, gracias a una beca de Fundayacucho que obtuvo en los
años setenta.
Sus compañeros dicen que siempre bromeaba con que no lo
leían lo suficiente. Pero ahora parece contar entre sus lectores a los
funcionarios de la inteligencia militar. Según sus allegados no tenía
aspiraciones políticas, pero en los años noventa anunció su precandidatura para
la Gobernación de Carabobo con el objetivo de desarrollar un plan económico con
base en las principales ventajas de ese estado que, para él, son los sectores
de la industria y el turismo. En 2010 también tuvo intenciones de aspirar a una
curul en la Asamblea Nacional por el circuito Puerto Cabello-Bejuma.
“Santiago siempre pensó que los mejores debían gobernar, y
con ellos, no se refería a los que pelen más los dientes y ofrezcan más cosas,
sino aquellos que tengan planes y soluciones reales para un país”, dice su
colega Gustavo “el Gordo” Guevara.
Su ex alumno Pablo Polo lo describe como una persona
imparcial, que nunca militó en ningún partido político, sus decisiones y
diagnósticos partían exclusivamente de análisis numéricos. Así como fue
director general del despacho del alcalde de Puerto Cabello, Osmel Ramos, de
las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela y primer alcalde chavista
de ese municipio, también fue el asesor económico de Diego Arria cuando fue
precandidato en las elecciones presidenciales de 2012.
El plan económico que diseñó para el candidato planteaba la
eliminación de la Ley de Costos y Precios Justos, ya que la consideraba un
mecanismo que incentivaba la inflación y la escasez. Asimismo, sostenía que el
Estado era el mayor latifundista y lo justificaba con una relación de causa y
efecto: cuando el gobierno confiscó 3,6 millones de hectáreas, la producción
empezó a decaer 2%.
“Cualquiera que lo conoce sabe que es una persona honorable.
Compartía conmigo la visión transicional, que no es simplemente cambiar un
gobierno, sino que hay que cambiar la República por la vía constituyente. Su
detención solo indica que hay un temor mucho más fuerte en el régimen de lo que
uno se imagina”, dijo Arria en una entrevista telefónica.
Guevara fue director de Consecomercio y miembro de
Conindustria; realizó estudios de ampliación en la Organización de Estados
Americanos y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. En
su juventud fue de izquierda y simpatizaba con el MAS. “Su pensamiento siempre
ha sido social, sin embargo, no concordaba con esa ideología de que si un país
es de izquierda su economía tiene que estar deteriorada. Compara a Venezuela
con países como China o Vietnam que aunque tienen comunismo mantienen una
economía de mercado”, asegura Polo.
Como un investigador riguroso, metódico y estricto lo
describe “el Gordo” Guevara. “No le importaba si un término era muy técnico,
igual lo utilizaba. De hecho, muchos de sus trabajos pueden ser difíciles de
comprender para los que no son economistas”. En los años de docencia que
compartieron en la Universidad de Carabobo diferenciaban a los dos profesores
Guevara como el bueno y el malo. Este último era Santiago. Todos temían
inscribir su cátedra de Recursos Económicos y Planificación, porque era “el
profesor que raspaba a todo el mundo”.
Fiscalía en el caso
El caso del profesor Guevara ha encendido varias alarmas. El
secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió su liberación y la etiqueta
#LiberenASantiago se ha replicado en Twitter desde su detención el pasado 23 de
febrero. El miércoles, la presidente de Averu, Cecilia García Arocha; la
rectora de la UC, Jessy Divo, y el vicerrector de la UC, José Ángel Ferreira,
se reunieron con la fiscal general Luisa Ortega Díaz para solicitarle una
revisión urgente del caso del profesor. “La fiscal se comprometió a asignar un
fiscal especial dentro de la jurisdicción civil, para evaluar si mudan el caso
ante estos tribunales; y a garantizar el derecho de salud de Guevara”, informó
Ferreira.
Las autoridades universitarias entregaron a la fiscal
general documentos que explican su situación de salud: padece hipertensión,
colon irritable y tiene tendencia a que sus articulaciones se endurezcan con
facilidad por estrés. A pesar de que tiene acceso a sus medicinas, durante la
primera semana en prisión tuvo dos recaídas por su condición del colon.
Guevara está detenido en la sede de la Dgcim en Boleíta, en
Caracas. Su madre, de 86 años de edad y con alzhéimer, quien dependía del profesor,
está en Valencia. El profesor no tiene hijos y su hermano vive en el
exterior. El abogado Kelvi Zambrano introdujo una apelación ante el
Tribunal Supremo de Justicia bajo los fundamentos de presunción de inocencia y
falta de elementos de convicción para los cargos. Ferreira señaló que también
denunciarán la detención ante la Unesco y la Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe.
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