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lA VERDAD ENERGETICA OCULTA TRAS TODO LO QUE SUCEDE EN VENEZUELA.
Abismo constituyente
Por GABRIELA ROJAS | GROJAS@EL-NACIONAL.COM
23 DE JULIO DE 2017 07:20 AM | ACTUALIZADO EL 23 DE JULIO DE
2017 07:55 AM
Conseguir “fiadas” las bolsas del Clap, explicar que la
inflación está elevada porque el petróleo ataca, invitar a votar no con la
cédula sino con el carnet de la patria, pedir bono de alimentación para
pensionados aunque la ley ya fue sancionada por la Asamblea Nacional pero el
TSJ la suspendió, acabar con la burocracia, crear contratos colectivos
exclusivos para discapacitados, armar el modelo pospetrolero, blindar los
consejos comunales y protegerlos de los “apátridas”, mantener la revolución y
la lealtad al proceso, lograr la paz.
Las propuestas de los candidatos constituyentes se
diversifican en una cantidad de lineamientos de todo tipo que poco tienen que
ver con la redacción conceptual y concreta de una nueva constitución, objetivo
esencial de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.
A través de la inédita propaganda de campaña que encontró
espacio de difusión seguro al ser transmitida a través de cadena nacional, los
6.150 candidatos han presentado sus peculiares ideas y perfiles sobre lo que
ellos entienden como la labor que tendrán en el nuevo proceso, que a juicio de
especialistas no posee referencia alguna ni norma, ni siquiera con la última
ANC que se encargó de redactar la Constitución en 1999.
En la también inédita elección fijada para el domingo 30 de
julio, en la cual los electores podrán votar en cualquier centro de su
municipio y fuera de este, sin el uso de tinta indeleble y con un tarjetón
electoral que muestra números y no personas, los 545 constituyentes que
resulten elegidos tendrán sobre sus hombros la tarea de redactar el texto
fundacional y principal marco normativo de los habitantes de la República y sus
futuras generaciones.
El perfil de los refundadores
La lista de candidatos es larga y compleja, tanto como la
elección que se plantea. Su referencia más cercana fue la elección de los 131
constituyentes de 1999, que tardó 7 meses en organizarse, más un mes completo
para su instalación y 3 meses para redactar la carta magna vigente. Ese grupo
contaba con personas provenientes de una variedad de sectores y
representaciones de la vida gremial, social, política y partidista de la
Venezuela que apenas iniciaba su período con Chávez al frente.
Sin embargo, en esta convocatoria se pretende elegir cuatro
veces más candidatos en un proceso para un lapso menor de dos meses, sin
cumplir con el requisito de origen establecido en la Constitución: la consulta
refrendaria para saber si la población aprobaba el proceso y con apenas una
promesa sin garantía de que el documento final sí irá a consulta a través de
referéndum para su aprobación o rechazo.
Los perfiles de los candidatos muestran diversidad en cuanto
a sus estilos de presentación, pero las propuestas y el discurso están
totalmente alineados a la posición progobierno. Al revisar las listas de
postulados y cruzarlas con la data del PSUV se puede calcular un promedio de
500 candidatos militantes del partido de gobierno por cada estado.
Y el número aumenta al constatar los representantes que se
postulan por la votación de sectores como el de comunas y consejos comunales,
que se presentan como defensores de la revolución en sus perfiles públicos en
redes sociales, los videos de campaña que están respaldados por espacios de 12
minutos en cadena nacional y los objetivos que defienden a pesar de que se
presentan como inclusivos.
La mayoría de los admitidos son figuras que han ocupado
cargos públicos en el gobierno o líderes identificados abiertamente con el
chavismo o el madurismo. Por eso al frente de la campaña aparecen los rostros
del clásico enroque de gobierno, figuras que han rotado por varios cargos
durante estos 18 años: la primera dama, Cilia Flores; el hijo del presidente,
Nicolás Maduro Guerra; la ex canciller Delcy Rodríguez; el hasta hace poco
vicepresidente de la República Aristóbulo Istúriz; el ex constituyente y ex
diputado Earle Herrera; el cantante y diputado suplente Roque Valero; el ex
presidente de Venezolana de Televisión Luis José Marcano; el ex ministro de
Educación Rodulfo Pérez; el ex gobernador Adán Chávez; el ex gobernador de
Carabobo Francisco Ameliach, que renunció pocos días antes de esta postulación;
la ex gobernadora Erika Farías; la ex ministra de Asuntos Penitenciarios Iris
Varela; el polémico presentador de La Hojilla, Mario Silva; el abogado
constitucionalista recién afecto al oficialismo Herman Escarrá, y hasta el
embajador de Venezuela en España y ex fiscal general de la República Isaías
Rodríguez.
Normas sobre la marcha
El CNE respondió en 14 días la solicitud presentada por
Nicolás Maduro para revisar las bases comiciales del proceso constituyente y en
10 días pudo revisar 19.786 inscripciones para el sector territorial y 35.438
postulaciones para el sectorial, a pesar de que tardó un mes y cinco días para
admitir la solicitud de revocatorio presentado en 2016 por la oposición y
demoró cuatro meses para verificar 399.000 firmas.
Tres días después de que se realizó la consulta popular del
16 de julio convocada por la Asamblea Nacional y que no contó con la
organización del ente electoral, la rectora principal del CNE Tibisay Lucena
anunció nuevas medidas que se sumaron a las bases comiciales ya aprobadas y
presentadas por el Ejecutivo.
Lucena dijo que se tomarían “medidas inusuales porque
estamos viviendo tiempos inusuales de violencia en el país”. Una es que los
electores en zonas que Lucena calificó de “de riesgo” podrán votar en cualquier
centro de votación de su mismo municipio, pero también el CNE creará un gran
centro de contingencia en el área metropolitana de Caracas para garantizar que
voten, aunque no especificó cuáles son las parroquias o municipios considerados
zonas de riesgo.
La rectora solicitó también que el Consejo de Defensa de la
Nación tomara medidas de seguridad adicionales para proteger la elección del 30
de julio, lo que se tradujo en la activación del Plan República una semana
antes de los comicios.
A pesar de todas esas previsiones y normativas, en las
listas presentadas por el Consejo Nacional Electoral se encuentran varios tipos
de irregularidades y violaciones de la norma electoral que de entrada impedían
la admisión de algunas postulaciones. Por ejemplo, candidatos con súbitos
cambios de residencia, como el caso de la primera dama, Cilia Flores, que fue
elegida diputada a la Asamblea Nacional por Cojedes, pero ahora se postula por
el Distrito Capital; igual que Héctor Rodríguez, que era diputado por el estado
Bolívar y ahora es candidato por el municipio Páez del estado Miranda; o la
evidente postulación del embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez,
que recién llegó al país y se postuló como candidato por el municipio Plaza de
Miranda, aunque las normas establecen que debe demostrar su residencia en el
lugar por el cual se postula durante los últimos cinco
años.
Otra de las irregularidades que se observa en la revisión de
las listas oficiales es el estatus contradictorio en la postulación de una
misma persona. Nada más al revisar una muestra de la lista se puede verificar
que hay personas que aparecen como rechazados y admitidos al mismo tiempo. Por
ejemplo, en el estado Amazonas se encuentran los nombres de Antonio Rumbos,
Josefina González, Jorge Estévez, Ezequiel Brito y Jaime García, que con sus
respectivos números de cédula registran el doble estatus.
O casos particulares como el de Rigel Sergent y Tamayba Lara
que presentaron su postulación por el municipio Libertador del Distrito
Capital; ambas candidaturas aparecen señaladas con el estatus de “rechazadas”,
pero en los perfiles de redes sociales se presentan como candidatos
territoriales de Distrito Capital con el N° 13.
Quien no tuvo problemas en ser admitido por el CNE fue
Valentín Santana, el candidato N° 2 por lista municipal para Distrito Capital.
Su campaña incluye quema de banderas estadounidenses y mensajes para denunciar
una conspiración en su contra. El líder del colectivo La Piedrita del 23 de
Enero, de quien el mismísimo Hugo Chávez en 2009 se desmarcó, llamó “criminal”
y solicitó a la fiscal general que lo detuvieran por los delitos que Santana se
adjudicó públicamente, es uno de los admitidos por el CNE para postularse como
constituyente.
A nueve días de la elección, Santana apareció en un video
que tenía de fondo las estrofas de “patria querida” en la voz del fallecido
presidente Hugo Chávez y en primer plano con tono amenazante acusaba al Cicpc
de hostigamiento. Se dirigió al cuerpo policial directamente y les advirtió que
si era asesinado, atacado o detenido, Caracas “se prenderá en candela”.
En un video de tres minutos grabado de noche en algún punto
de la parroquia 23 de Enero, Santana se presenta como candidato, pero dice que
en esta oportunidad no se va a referir a la constituyente: “Yo les advierto al
Cicpc: ustedes osan tocar territorio La Piedrita, lo más seguro es que a mí me
saquen muerto, pero yo no me les voy a arrodillar a ustedes”.
No es la primera vez en esta corta campaña que un candidato
es asociado a las palabras “amenazas, armas y muerte”. El lunes 10 de julio en
el sector 23 de Enero, pero en Maracay, estado Aragua, al candidato N° 35
sectorial, José Luis Rivas, lo asesinaron a tiros cuando era presentado en el
acto de juramentación de candidatos que se realizaba en una cancha de la calle
El Limón de esa ciudad. Rivas formaba parte del Frente Motorizado José Leonardo
García, del municipio Girardot y era conocido como “Cara ‘e pizza”.
Y tampoco es el único caso en que uno de los admitidos por
el CNE haya tenido algún conflicto con la ley. El candidato a la constituyente
por el municipio Brión en Miranda, Eduin Sanabria, fue detenido en mayo de 2016
por estar relacionado con el robo de un vehículo. Sanabria no es nuevo en las
contiendas electorales porque ya había sido candidato por el PSUV a la Asamblea
Nacional por el circuito 5 de Miranda. El día que fue detenido iba con otro
hombre llamado Francisco Arteaga y ambos cargaban armas de fuego y dinero en
efectivo.
Otros candidatos han intentado destacar usando recursos que
ponen en duda la seriedad del cargo al que aspiran. En apenas un minuto el
candidato Antonio León cobró notoriedad porque se dio a conocer como “La
máscara” y propuso entre cánticos y baile callejero en la plaza O’Leary, una
especie de “fiado” con rango constitucional para dar las bolsas del Clap a
quienes no contaran con el dinero en el momento de la entrega.
O la candidata que baila y canta con un motorizado, que
conduce su moto y la estaciona sobre la acera del Paseo Los Próceres, para
presentar una propuesta que se resume en “votar por la paz y la revolución”.
De los pocos candidatos que no están vinculados directamente
con el PSUV destaca el retorno de María Bolívar, candidata presidencial en dos
oportunidades, quien vuelve a las lides de campaña como representante para uno
de los ocho sectores, el de banca y comercio. La célebre candidata de “la
ayudaíta” logró recoger las firmas necesarias (3% del padrón electoral, aunque
el CNE nunca informó la base de cálculo para la elección por sectores) para
postularse, aunque aseguró que no fue una decisión personal sino de su Partido
Democrático Unidos por la Paz y la Libertad (Pdupl) porque cree en el voto como
mecanismo de cambio.
La consigna común de cada uno de los candidatos es que la
constituyente es garantía de paz. Desde su principal postulante, el presidente
Maduro –que a pesar de ser el proponente no asistió al simulacro del 16 de
julio– hasta el más discreto de los candidatos redondean su discurso con esta
consigna que se queda sin asideros concretos: lograr la paz. Y aunque en el
discurso todos insisten en mantener la oferta de respetar el legado de Chávez,
en la práctica también llevan una cuenta regresiva para liquidar la carta magna
de 1999, que fue calificada por Chávez de “la mejor Constitución que se haya
hecho para siempre en la historia venezolana, la mejor Constitución de nuestra
historia, la mejor Constitución del continente americano y una de las mejores
constituciones del mundo”.
La olla de presión internacional
La línea entre la soberanía y los efectos colaterales que
resuenan en la comunidad internacional cada vez se hace más débil frente al
escenario de que la constituyente se concrete. Presidentes y líderes mundiales,
ex presidentes y organizaciones multilaterales insisten en hacer un llamado al
gobierno venezolano para que suspenda la convocatoria prevista para el
próximo domingo.
Los dos hechos más recientes sobre el alerta que ha
despertado esta posibilidad dentro de la comunidad internacional fueron, en
primer lugar, la reacción del presidente de Colombia Juan Manuel Santos que se
pronunció el lunes 10 de julio a través de su cuenta en Twitter: “Para que haya
una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la
constituyente”, y una semana después lo reiteró luego de una reunión que
sostuvo con el líder cubano Raúl Castro.
La otra reacción que resonó fuerte fue la del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, que amenazó con sanciones económicas fuertes y
rápidas contra Venezuela si el gobierno mantiene la convocatoria: “Estados
Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de
Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará
fuertes y prontas acciones económicas”, dijo Trump a través de un comunicado.
Este panorama lo analiza el abogado experto en derecho
internacional y relaciones internacionales, Mariano de Alba, quien precisa que
la semana que viene será crucial para la presión que pueda ejercer la comunidad
internacional sobre la situación interna de Venezuela.
“La cancelación de la constituyente podría abrir la puerta a
una negociación que evidentemente tendría que contar con participación
internacional de mediadores o veedores que sean aceptados por ambas partes”,
explica De Alba.
Pero el experto aclara que cualquier tipo de sanción genera
una presión simbólica porque la comunidad internacional no tiene forma de
imponer una solución en Venezuela. “La única solución es interna”.
La reacción de países vecinos responde a diversos factores
pero hay uno en particular que activa las alarmas: una migración masiva para
los países vecinos que responde a la inestabilidad interna venezolana. De Alba
señala como ejemplo el caso de Colombia, que lleva más de un año preparándose
con asesoría de países como Estados Unidos y Turquía para prevenir los efectos
de una migración no controlada, escenario que también se plantea en Brasil y
algunas islas del Caribe por la cercanía geográfica. El abogado no descarta que
se tomen medidas directas como el cierre de fronteras o restricciones
migratorias si la constituyente avanza y el clima conflictivo empeora.
El incierto Estado de Derecho
Las condiciones en las cuales se convocó este proceso
constituyente no tienen marco referencial con el proceso anterior que permita
proyectar un escenario posible desde el punto de vista estrictamente jurídico.
De concretarse el proceso el país entraría en un limbo legal entre los poderes
establecidos y los nuevos representantes constituyentes.
La abogada Magaly Vásquez, especialista en derecho penal,
explica que si el proceso se rigiera por la norma establecida, la Asamblea
Nacional Constituyente tendría como único objetivo redactar una nueva
Constitución por un tiempo definido pero respetando que mientras esta se
redacta, la de 1999 sigue plenamente vigente.
“El problema es que esta constituyente no tiene una duración
específica en el tiempo, asoma decisiones como cortar cabezas a ciertos
funcionarios, constitucionalizar misiones y programas, podría tomar decisiones
parlamentarias que reformarían el marco legal o generar nuevas leyes que tengan
diferentes finalidades”, puntualiza la abogada.
Para Vásquez si existieran condiciones jurídicas para
garantizar el Estado de Derecho, los actos de la ANC no deberían tener validez
porque fue convocada sin legitimidad de origen ya que no se cumplió la norma
constitucional que exige el referéndum para su aprobación o rechazo. “Pero tal
y como se han venido desarrollando los acontecimientos, los candidatos no han
ocultado sus intenciones de desmontar el actual marco jurídico y se
establecería una duplicidad de actos porque pueden aprobar cosas aunque estén
reñidas con la Constitución vigente invocado ese supuesto poder originario”.
Economía debilitada y discrecional
En un foro organizado por la Universidad Católica Andrés
Bello el jueves 13 de julio, cinco economistas analizaron las perspectivas que
pueden enfrentar los venezolanos en medio de una de las más profundas crisis
económicas del país si se concretan las propuestas que presentan algunos
candidatos de la ANC.
El diputado José Guerra señaló el riesgo de entrar en un
período de aún mayor inestabilidad: “Con esta Asamblea Nacional Constituyente
el Gobierno quiere tener manos libres para gastar y endeudarse” e hizo
referencia a la posibilidad de estatizar las empresas mixtas de petróleo lo que
a su juicio generaría una crisis de producción porque “las empresas extranjeras
son las que tienen la tecnología para extraer el petróleo pesado de la Faja.
Además, el Gobierno se propone el absurdo más grande: controlar todos los
precios, algo que se traduciría en una enorme escasez y, por último, estatizar
los proyectos de gas en un país donde no hay bombonas de gas por la
ineficiencia del Estado”.
La congelación de precios, que han reiterado como propuesta
varios candidatos, es otro de los puntos de alerta que advierten los
especialistas porque consideran que redoblar los controles ha sido un error
demostrado dentro de la política económica y profundizará mucho más la escasez,
el bachaqueo, las colas y la corrupción en las redes de distribución de
alimentos.
Una visión única y excluyente
De concretarse la instalación de la ANC conformada en su
mayoría por candidatos que se identifican con el partido de gobierno asumirían
la redacción de una Constitución que solo contempla visiones de quienes son
afines al oficialismo. Pero los números y el descontento popular indican que
hay una mayoría de la población –reflejada en más de 7 millones de votos
obtenidos en las elecciones parlamentarias y que fue ratificado con una cifra
similar que reveló la consulta popular del 16 de julio en rechazo a la
constituyente. Sin embargo este sector de la población quedaría sometido bajo
un marco regulatorio excluyente de la disidencia y que pretende
constitucionalizar medidas coyunturales como por ejemplo, los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción, en lugar de garantizar la capacidad de compra y
la distribución de alimentos para todos los ciudadanos por igual sin
afiliaciones partidistas.
El economista Ronald Balza, durante su participación en un
foro organizado por la Ucab, destacó que la Constitución vigente ha sido
violada de manera reiterada a pesar de que el voto popular se expresó en contra
de la reforma que se propuso en 2007 en la cual se pretendía incluir el modelo
socialista y las comunas como parte de los conceptos garantizados en la Carta
Magna.
“Se rechazó la reforma constitucional en 2007 pero se aprobó
el primer plan socialista. Ahora se busca introducir leyes que tienen diez años
siendo inconstitucionales”, dijo Balza.
Su principal preocupación se centra en la pérdida de
garantías y principios fundamentales que están contemplados en la actual carta
magna: “Uno de ellos es el pluralismo, es una Constitución que nos da garantías.
Después del cambio de Constitución viene la represión. La idea de tener el
poder y negarle la existencia al otro es poder usar la fuerza contra el otro.
Esa situación nos pone a todos en un peligro tremendo”, advirtió.
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