Ocho de cada diez ciudadanos creen en la descentralización... el mayor partido del país" Henrique Fernando Salas Römer

Tomado del blog Observatorio Venezolano de las Autonomías

lunes, 28 de mayo de 2012

Federalizar el discurso

Ocho de cada diez ciudadanos creen en la descentralización... el mayor partido del país" (HFSR)

Lo mejor de Venezuela no está en Caracas; 

lo mejor del país se encuentra en sus ciudades 

y pequeñas comunidades del interior.

Nelson Acosta Espinoza

La política reaparece. Con esta afirmación se intenta dar cuenta del agotamiento de la forma de ejercicio del poder que ha prevalecido en el país a lo largo de la última década: excluyente, autoritaria, refractaria al diálogo democrático e incapaz de proporcionar una repuesta eficaz a los problemas básicos que confronta la sociedad venezolana.

Esta gimnasia de poder ha entrañado una lógica que ha propiciado la escisión de la nación en dos grupos mutuamente excluyentes y la cancelación de la actividad política. Es decir, la supresión de la búsqueda negociada de los acuerdos que implica la existencia de variedad en las ideas y posiciones en torno a los dilemas que enfrenta la nación. Dicho en términos teóricos, esta mística de lo Uno ha tendido a disolver la razón que preserva y afianza las diferencias. Afortunadamente, la vida pública del país muestra señales que apuntan en sentido contrario a lo expuesto. Es en este sentido que afirmamos que la política y su lógica democrática retornan.

La apuesta por la centralización

Es válido preguntarse en torno a las opciones que compiten en la definición del futuro del país. En forma sucinta es posible distinguir dos. Por un lado, tenemos la que apuesta por una centralización de todas las instancias y espacios de poder. 

Vale decir, propone cancelar la participación ciudadana y achicar el espacio de la política. El Estado Comunal, por ejemplo, propicia un nuevo ordenamiento terri-torial basado en distritos motores que se constituirían en unidades territoriales decretadas por el ejecutivo nacional y que desplazarían a las entidades que históricamente ha constituido a la República, es decir, los estados y municipios. Igualmente, propone un modelo económico fundamentado en la planificación centralizada, la propiedad comunal y el trueque; articuladas estas instancias a una nueva concepción de las formas de participación ciudadana en la gestión de gobierno tutelada por el Estado. El financiamiento de estos distritos motores se llevaría a cabo mediante la apropiación de los ingresos destinados originariamente a estados y municipios. En fin se intenta disolver a la República tal como las hemos conocido a lo largo de estos doscientos años de vida republicana.

La apuesta democrática

En el otro extremo, encontramos la apuesta democrática que intenta superar las deficiencias del pasado y el modelo del socialismo del siglo XXI. Para lograr este doble cometido, invitamos al país a pensar en el marco de una lógica política que propicie un estado federal que conduzca a la creación y afianzamiento de las autonomías regionales. Recordemos que esta búsqueda no es una demanda nueva ni carece de asiento histórico. Por el contrario, esta reivindicación se encuentra enraizada con los procesos culturales e institucionales que fraguaron la independencia y la creación de la república de Venezuela. Tuvo continuidad en las luchas por la autonomías seccionales a finales del siglo pasado, la descentralización en los últimos años de la década de los ochenta y se encuentra articulada con particularidades de carácter cultural y antropológico. Es conveniente recordar que las provincias autónomas preceden a la constitución de la república.

Nuestra nación no es homogénea como usual-mente se cree. Existen marcadas diferencias lingüís-ticas, gastronómicas, religio-sas, institucionales, en fin, culturales entre las diversas regiones que conforman el país. María Lionza de Yaracuy confronta a la Chinita zuliana; el pastel de morrocoy compite con la mantuana hallaca. Bolívar, recordemos, emigra hacia el oriente.

Es por ello que la descentralización no debe ser asumida como una reivindicación exclusivamente administrativa. Ni debe concebirse solamente como un enfrentamiento de índole financiero o una demanda por una justa distribución de los ingresos fiscales del país. Es más que eso. La búsqueda de autonomías regionales debe verse como un instrumento de afirmación de la diversidad cultural y política existente en el país. 

¿Qué es Venezuela?

Bien pudiera preguntarse ¿qué es Venezuela? Una repuesta apropiada a esta cuestión tendría que pasearse por estas diferencias regionales que dibujan el mapa nacional. Andino, valenciano, monaguense, zuliano, guariqueños etc. son particularidades culturales que no han sido reconocidas debidamente por la cultura de la política que prevalece en el país. Esta indagación es fundamental. Sobre todo hoy en día. Recordemos que la artificialidad de una Venezuela socialista pretende obliterar estas diferencias; cancelarlas y, en consecuencia, intenta suprimir su potencialidad política.

Esta descentralización o federación autonómica implica la creación de una institucionalidad en la que estados, municipios y juntas parroquiales tengan competencias y atribuciones reconocidas en la ley. Reconocimiento éste que debe estar acompañado por el empoderamiento de las comunidades organizadas que les permitirían intervenir, fiscalizar, decidir y controlar las decisiones en los ámbitos de su competencia. Como señalan los expertos en esta materia, mientras más cercanas se encuentran las instituciones de los ciudadanos, más posibilidades existirán para crear coherencia y consonancia entre las decisiones estatales, las demandas públicas y la colaboración ciudadana. 

La inseguridad y la pobreza, sin duda, constituyen el centro en torno al cual giran los problemas que amenazan la gobernabilidad del país. Su combate eficaz supone de una reforma institucional que promueva esta descentra-lización autonómica. Estos dos graves flagelos se combaten con mayor eficacia y eficiencia desde una perspectiva federal.

Cuatro lineamientos estratégicos han sido subrayados por técnicos en esta área: 

1. la subsidiariedad, que define que ningún ente superior debe interferir en la autonomía de un ente inferior y privarlo del ejercicio pleno de sus competencias 
2. la corresponsabilidad fiscal, que no sólo debe mejorar la autonomía financiera a partir de la fuentes fiscales de los Estados y Municipios, sino que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades por las decisiones de gastos, así como demandar que los impuestos que pagan sean revertidos en servicios para su propia localidad o región; 
3. la transparencia, que supone una actuación del sector público con reglas claras, conocidas y compartidas, abierta al escrutinio de los ciudadanos, con información oportuna sobre las funciones, las cuentas públicas y las intenciones de gastos de los diferentes niveles de gobierno; y, 
4. la participación, que no tiene que ver con la movilización promovida por el partidismo, el caudillismo o el clientelismo, sino que emerge de los esfuerzos personales y colectivos que se conjugan en el bien común.

Por otra parte, esta alternativa federal brinda a los actores democráticos la posibilidad de alcanzar la unidad en el ámbito estratégico. Y, en este sentido, posibilita ofrecer un nuevo proyecto que, por un lado, confronte al agotado modelo de país que encarna el gobierno y, por el otro, sustituya al que prevaleció en el país a lo largo del siglo pasado, Es fundamental comprender que las electorales deben ser concebidas como diferencias tácticas. En otras palabras, como señalamos al inicio, regresar a la política implica asumir esta postura estratégica y encaminarse hacia un acuerdo nacional que haga de esta apuesta su punto de partida.

La “nueva geometría del poder” que oferta el gobierno constituye la amenaza más grave que pesa sobre la institucionalidad democrá-tica. De ganar el chavismo las venideras elecciones, gober-naciones y alcaldías tendrían sus días funcionales conta-dos. Estaríamos en presencia de la construcción de una nueva institucionalidad autoritaria y centralista. Es esta circunstancia la que permite visualizar el conflicto político como la elección entre centralización autoritaria o federación autonómica. En otras palabras, la reconstrucción de la democracia pasa por la conquista de estas soberanías regionales. Se trata, por encima de reivindicaciones particulares, dibujar una nueva “aritmética” del poder que conteste a la “geometría” propuesta desde el gobierno, y esta “aritmética” no puede ser otra que la lucha por la federación autonómica.

La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, por ejemplo, es una muestra de esta tendencia y patrón de la tentación antidemocrática que embarga la voluntad del chavismo en el poder. Sin embargo, entra en juego cada vez con más contundencia, una lógica que invita a pensar el país en términos de autonomías políticas regionales y, al mismo tiempo, superar esa división maniquea que ha prevalecido en la acción del gobierno en esta última década.

Desde el observatorio estamos propiciando un evento:Estado federal: futuro y actores, que se concibe como un foro para reflexionar sobre nuevas formas de distribución del poder en los distintos ámbitos que conforman lo nacional (educación, salud, seguridad, institucionalidad, etc.). En fin, el federalismo autonómico constituye un punto de partida para deliberar sobre estos temas y ofertar fórmulas de gobernanza que capitulen definitivamente con las que han prevalecido en nuestro pasado político reciente.

Los signos del presente son alentadores. Es por esta razón que afirmamos que la política reaparece. Las elecciones del 7 de Octubre confirmarán esta apreciación. Sin embargo, no lo olvidemos. La mística de lo Uno absorbe en su agujero negro la diversidad democrática que proporciona sentido a la política.

Estemos atentos.