“En las próximas horas” en Carabobo
Ameliach anunció ayer “acciones contundentes contra grupos terroristas”
- manifestantes pacíficos quienes incurren en delitos y terrorismo. (Cortesía / Prensa Gobernación de Carabobo)
Valencia, marzo 21 (Boletín enviado por la oficina de prensa del Gobierno de Carabobo).- El gobernador Francisco Ameliach, hizo un llamado a los venezolanos y especialmente a los carabobeños, a respetar la Constitución de la República y las leyes vigentes, a fin de garantizar la paz y evitar que se sigan generando hechos de violencia, “sustentados en un discurso de manifestaciones pacíficas para encubrir hechos delictivos, terroristas y desestabilizadores”.
Basándose en diversos artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal (Copp) y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; Ameliach, alegó que no pueden ser considerados como manifestantes pacíficos quienes incurren en delitos y terrorismo.
El mandatario regional explicó que en el artículo 68 de la Constitución Venezolana se garantiza el derecho a manifestar pacíficamente, pero siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la ley.
En este sentido, se refirió a lo que señala la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones que en su artículo 43, señala la obligatoriedad de que este tipo de actividades sea notificada con un mínimo de 24 horas hábiles ante la autoridad civil de la jurisdicción y contar con la respectiva autorización de la misma, a fin de que pueda contar con el resguardo de las autoridades y coordinar la garantía del derecho al libre tránsito.
De no cumplir con esto, el gobernador hizo énfasis en que la manifestación no es pacífica sino violenta, “porque viola el marco legal establecido, agregando que en el artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, se establece una pena de 4 a 8 años a quien obstaculice vías de circulación de cualquier medio de transporte, cierre comunicaciones de las vías, haga falsas señales o realice cualquier otro acto con el objetivo de preparar el peligro o un siniestro”.
Alegó que “esos señores que arman barricadas son delincuentes, están cometiendo un delito establecido en el Código Penal Venezolano. Cuando hay ciudadanos que colocan basura o escombros frente a su edificio y cierran la vía, no están manifestando pacíficamente, están cometiendo un delito. Son delincuentes, no son manifestantes”.
Asimismo, el gobernador bolivariano de Carabobo aseguró que en ese mismo artículo del COPP, se impone una condena de 8 a 16 años a las personas que asalten o se apoderen ilegalmente de un medio de transporte colectivo o de carga, recordando que desde el 12 de febrero hasta la fecha, se han quemado un total de 7 vehículos de carga pesada y 2 colectivos, en la entidad carabobeña.
Asimismo, Ameliach mencionó que la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, define en su artículo 4 qué es Delincuencia Organizada, señalando que, “es la acción u omisión de tres o más personas asociadas, con la intención de cometer delitos establecidos en esta ley”.
En este sentido, recordó la obligación legal que tienen las policías municipales de implementar acciones preventivas en materia de seguridad, evitando la colocación de obstáculos que impidan el libre tránsito y la alteración del orden público.
Por tal motivo, recordó que en tres municipios de Carabobo se han registrado hechos violentos, secuestro y quema de vehículos, agresiones y ataques con armas de fuego a las fuerzas del orden público, sin que se haya abierto o solicitado una sola investigación contra ningún ciudadano al respecto, por parte de estos organismos policiales.
Igualmente, mencionó que la misma Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en el artículo 4, también define un acto terrorista como, “aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país”.
Ameliach añadió que también dicha ley establece como acto terrorista, cuando se busca “obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional, a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional”.
Al respecto, el gobernador Francisco Ameliach ratificó que “está en marcha un plan insurreccional para dar un golpe de Estado, que trata de aislar a Puerto Cabello del resto del país, porque es el puerto donde llega el 70% de la carga nacional. Esto busca consecuencias a nivel nacional”.
El gobernador Francisco Ameliach fue enfático, al indicar que en las próximas horas habrá acciones contundentes contra los terroristas, quienes han intentando sembrar pánico en la población carabobeña.
Basándose en diversos artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal (Copp) y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; Ameliach, alegó que no pueden ser considerados como manifestantes pacíficos quienes incurren en delitos y terrorismo.
El mandatario regional explicó que en el artículo 68 de la Constitución Venezolana se garantiza el derecho a manifestar pacíficamente, pero siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la ley.
En este sentido, se refirió a lo que señala la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones que en su artículo 43, señala la obligatoriedad de que este tipo de actividades sea notificada con un mínimo de 24 horas hábiles ante la autoridad civil de la jurisdicción y contar con la respectiva autorización de la misma, a fin de que pueda contar con el resguardo de las autoridades y coordinar la garantía del derecho al libre tránsito.
De no cumplir con esto, el gobernador hizo énfasis en que la manifestación no es pacífica sino violenta, “porque viola el marco legal establecido, agregando que en el artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, se establece una pena de 4 a 8 años a quien obstaculice vías de circulación de cualquier medio de transporte, cierre comunicaciones de las vías, haga falsas señales o realice cualquier otro acto con el objetivo de preparar el peligro o un siniestro”.
Alegó que “esos señores que arman barricadas son delincuentes, están cometiendo un delito establecido en el Código Penal Venezolano. Cuando hay ciudadanos que colocan basura o escombros frente a su edificio y cierran la vía, no están manifestando pacíficamente, están cometiendo un delito. Son delincuentes, no son manifestantes”.
Asimismo, el gobernador bolivariano de Carabobo aseguró que en ese mismo artículo del COPP, se impone una condena de 8 a 16 años a las personas que asalten o se apoderen ilegalmente de un medio de transporte colectivo o de carga, recordando que desde el 12 de febrero hasta la fecha, se han quemado un total de 7 vehículos de carga pesada y 2 colectivos, en la entidad carabobeña.
Asimismo, Ameliach mencionó que la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, define en su artículo 4 qué es Delincuencia Organizada, señalando que, “es la acción u omisión de tres o más personas asociadas, con la intención de cometer delitos establecidos en esta ley”.
En este sentido, recordó la obligación legal que tienen las policías municipales de implementar acciones preventivas en materia de seguridad, evitando la colocación de obstáculos que impidan el libre tránsito y la alteración del orden público.
Por tal motivo, recordó que en tres municipios de Carabobo se han registrado hechos violentos, secuestro y quema de vehículos, agresiones y ataques con armas de fuego a las fuerzas del orden público, sin que se haya abierto o solicitado una sola investigación contra ningún ciudadano al respecto, por parte de estos organismos policiales.
Igualmente, mencionó que la misma Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en el artículo 4, también define un acto terrorista como, “aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país”.
Ameliach añadió que también dicha ley establece como acto terrorista, cuando se busca “obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional, a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional”.
Al respecto, el gobernador Francisco Ameliach ratificó que “está en marcha un plan insurreccional para dar un golpe de Estado, que trata de aislar a Puerto Cabello del resto del país, porque es el puerto donde llega el 70% de la carga nacional. Esto busca consecuencias a nivel nacional”.
El gobernador Francisco Ameliach fue enfático, al indicar que en las próximas horas habrá acciones contundentes contra los terroristas, quienes han intentando sembrar pánico en la población carabobeña.
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