Pruebas presentadas son extemporáneas
“Violaron derecho a la defensa en juicio express hecho a Enzo Scarano”
- El síndico procurador de San Diego, León Jurado Laurentín, en nombre del poder ejecutivo municipal (Cortesía / )
Valencia, marzo 20 (Especial).- El síndico procurador de San Diego, León Jurado Laurentín, en nombre del poder ejecutivo municipal, indicó que ha quedado en evidencia la violación de todas y cada una de las garantías establecidas en el artículo 49 de nuestra Constitución, que consagra el derecho al debido proceso ante la sentencia emanada este miércoles 19 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de Enzo Scarano.
Jurado destacó que entre las tantas cosas que llamó poderosamente la atención, es que las pruebas consignadas durante la audiencia por el Ministerio Público, eran actuaciones que se llevaron a cabo en la urbanización El Tulipán los días 19 y 20 de febrero, mientras que la sentencia que supuestamente desacató Scarano y el comisario Salvatore Lucchese, fue notificada el 12 de marzo y dictada el 14 de marzo. “¿Cómo van a aportar pruebas de días anteriores para comprobar que existió un desacato?”.
Jurado, realizó una narrativa cronológica de los hechos, y dijo que fue el 7 de marzo del presente año, cuando un grupo de transportistas del estado Carabobo y otras zonas del país, pero que no hacen vida económica en el municipio San Diego, introdujeron una demanda por intereses colectivos y difusos, ante dicha instancia, en la cual solicitaban al entonces alcalde Scarano y al director de la Policía Municipal, Salvatore Lucchese, retiraran todas las barricadas que se instalaron a lo largo del municipio.
Para el día 12 de marzo, continuó Jurado, la Sala Constitucional ya había admitido la demanda interpuesta por estos transportistas, “sorprendió a muchos abogados la diligencia con la cual actuó ante esta demanda y decretando unas medidas cautelares contra los ahora privados de libertad”.
El día viernes 14 de marzo fueron notificados formalmente y el día lunes 17, la Sala Constitucional convoca a ambos a una audiencia que se realizó el 19 de marzo por un posible desacato. “¿Cómo es posible que la Sala Constitucional se haya dado cuenta tan rápido que había desacato sobre una medida que había sido entregada dos días atrás?”.
Hizo énfasis en que “ni el alcalde, ni el comandante de la policía, incumplieron ningún desacato porque sencillamente desde el día 11 de marzo no existían barricadas en el municipio San Diego y eso es de dominio público, notorio y comunicacional. Todos los medios de comunicación del Estado así lo reseñaron y esa fue parte de nuestras probanzas el día de ayer, que lamentablemente no fueron valoradas por la Sala Constitucional del TSJ”.
Previo a la audiencia, es decir, el martes 18, el alcalde acompañado de Jurado, consignaron un escrito de oposición a las medidas cautelares dictadas ante el TSJ, tal como lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. “Allí fue cuando nos enteramos que la audiencia convocada, fue pautada para el día 19 de marzo a las 11 de la mañana, es decir, al día siguiente”.
Prosiguió explicando “es que, tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo son notificados en estos casos, para que velen por los derechos de todos los ciudadanos y para que velen porque se lleve adelante el debido proceso, tal cual lo establece nuestra Constitución. Lo que hicieron estas dos instituciones es realmente vergonzoso; puesto que aportaron unas pruebas que incriminaban al Alcalde en un supuesto desacato a la sentencia”.
Durante la audiencia que inició con tres horas de retraso, lo esperado es que el TSJ regulara un procedimiento, “pero ese procedimiento que aplicaron ayer no existe en nuestro reglamento jurídico, no para demandas que se interpongan en ocasión a un amparo constitucional. Lo procedente en ese caso para evidenciar un desacato, era notificar al Ministerio Público y este inicia una investigación que comprometiera en todo caso a estas dos personas y proceder a una acusación ante un tribunal penal”.
Seguidamente, Jurado fue enfático en asegurar que “la Sala Constitucional ayer, se quitó la toga de Constitución y se colocó la toga de un juez penal inquisidor. Decimos esto porque le hicieron un juicio penal express al ciudadano alcalde municipio San Diego Vicencio Scarano y al comisario Salvatore Lucchese”.
Igualmente indicó que durante la audiencia, aportaron un escrito con 131 medios de pruebas que fueron desestimadas y que de los 48 testigos voluntarios, solo pudieron declarar 5 de ellos. “La parte demandante en esta acción no aportó medios probatorios que determinaran que ambos demandados habían desacatado la medida cautelar”.
Advirtió que “a través de informaciones extraoficiales, -y esto lo digo muy responsablemente-, tenemos conocimiento de que hay magistrados de la Sala Constitucional que se niegan a firmar la sentencia que se dictó este miércoles. Sentencia en la cual condenan al alcalde Vicencio Scarano y al comisario Salvatore Lucchese a una pena de prisión, con todas las penas accesorias habidas y por haber, de 10 meses y 15 días en la Sede del Helicoide, mientras se tramita ante un tribunal de la circunscripción judicial del estado Carabobo, lo que se refiere la ejecución de la pena”.
Jurado destacó que entre las tantas cosas que llamó poderosamente la atención, es que las pruebas consignadas durante la audiencia por el Ministerio Público, eran actuaciones que se llevaron a cabo en la urbanización El Tulipán los días 19 y 20 de febrero, mientras que la sentencia que supuestamente desacató Scarano y el comisario Salvatore Lucchese, fue notificada el 12 de marzo y dictada el 14 de marzo. “¿Cómo van a aportar pruebas de días anteriores para comprobar que existió un desacato?”.
Jurado, realizó una narrativa cronológica de los hechos, y dijo que fue el 7 de marzo del presente año, cuando un grupo de transportistas del estado Carabobo y otras zonas del país, pero que no hacen vida económica en el municipio San Diego, introdujeron una demanda por intereses colectivos y difusos, ante dicha instancia, en la cual solicitaban al entonces alcalde Scarano y al director de la Policía Municipal, Salvatore Lucchese, retiraran todas las barricadas que se instalaron a lo largo del municipio.
Para el día 12 de marzo, continuó Jurado, la Sala Constitucional ya había admitido la demanda interpuesta por estos transportistas, “sorprendió a muchos abogados la diligencia con la cual actuó ante esta demanda y decretando unas medidas cautelares contra los ahora privados de libertad”.
El día viernes 14 de marzo fueron notificados formalmente y el día lunes 17, la Sala Constitucional convoca a ambos a una audiencia que se realizó el 19 de marzo por un posible desacato. “¿Cómo es posible que la Sala Constitucional se haya dado cuenta tan rápido que había desacato sobre una medida que había sido entregada dos días atrás?”.
Hizo énfasis en que “ni el alcalde, ni el comandante de la policía, incumplieron ningún desacato porque sencillamente desde el día 11 de marzo no existían barricadas en el municipio San Diego y eso es de dominio público, notorio y comunicacional. Todos los medios de comunicación del Estado así lo reseñaron y esa fue parte de nuestras probanzas el día de ayer, que lamentablemente no fueron valoradas por la Sala Constitucional del TSJ”.
Previo a la audiencia, es decir, el martes 18, el alcalde acompañado de Jurado, consignaron un escrito de oposición a las medidas cautelares dictadas ante el TSJ, tal como lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. “Allí fue cuando nos enteramos que la audiencia convocada, fue pautada para el día 19 de marzo a las 11 de la mañana, es decir, al día siguiente”.
Prosiguió explicando “es que, tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo son notificados en estos casos, para que velen por los derechos de todos los ciudadanos y para que velen porque se lleve adelante el debido proceso, tal cual lo establece nuestra Constitución. Lo que hicieron estas dos instituciones es realmente vergonzoso; puesto que aportaron unas pruebas que incriminaban al Alcalde en un supuesto desacato a la sentencia”.
Durante la audiencia que inició con tres horas de retraso, lo esperado es que el TSJ regulara un procedimiento, “pero ese procedimiento que aplicaron ayer no existe en nuestro reglamento jurídico, no para demandas que se interpongan en ocasión a un amparo constitucional. Lo procedente en ese caso para evidenciar un desacato, era notificar al Ministerio Público y este inicia una investigación que comprometiera en todo caso a estas dos personas y proceder a una acusación ante un tribunal penal”.
Seguidamente, Jurado fue enfático en asegurar que “la Sala Constitucional ayer, se quitó la toga de Constitución y se colocó la toga de un juez penal inquisidor. Decimos esto porque le hicieron un juicio penal express al ciudadano alcalde municipio San Diego Vicencio Scarano y al comisario Salvatore Lucchese”.
Igualmente indicó que durante la audiencia, aportaron un escrito con 131 medios de pruebas que fueron desestimadas y que de los 48 testigos voluntarios, solo pudieron declarar 5 de ellos. “La parte demandante en esta acción no aportó medios probatorios que determinaran que ambos demandados habían desacatado la medida cautelar”.
Advirtió que “a través de informaciones extraoficiales, -y esto lo digo muy responsablemente-, tenemos conocimiento de que hay magistrados de la Sala Constitucional que se niegan a firmar la sentencia que se dictó este miércoles. Sentencia en la cual condenan al alcalde Vicencio Scarano y al comisario Salvatore Lucchese a una pena de prisión, con todas las penas accesorias habidas y por haber, de 10 meses y 15 días en la Sede del Helicoide, mientras se tramita ante un tribunal de la circunscripción judicial del estado Carabobo, lo que se refiere la ejecución de la pena”.
Notitarde 20/03/2014
MUD Carabobo afirma que detención de Scarano es un “pase de factura”
- Los representantes de los Partidos Políticos en Carabobo, miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). (Nota de prensa / Jorge Díaz)
Valencia, marzo 20 (Especial).- Los representantes de los Partidos Políticos en Carabobo, miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reiteraron los señalamientos en contra del primer mandatario regional Francisco Ameliach, como el único responsable de todos los hechos de violencia que se han generado en el estado desde el pasado mes de febrero.
Destacaron que la detención del Vicencio Scarano responde a un pase de factura por los altos índices de aceptación que ha ganado el burgomaestre en la población carabobeña.
Insistieron en que “mientras el autor intelectual del denominado ‘Ataque Fulminante’, que ha promovido tantos hechos de violencia y muerte en el estado sigue libre en capitolio, el Alcalde Scarano es encarcelado inconstitucionalmente”.
Advirtieron que la ola de persecución y terrorismo que practica el Gobierno no solo ataca a los sectores políticos de la entidad. Aseguran que tienen la mira puesta en todos los sectores de la sociedad así como las autoridades universitarias.
De igual forma denunciaron que la intención del Gobernador Ameliach, con todas estas acciones, es desviar las investigaciones relacionadas con los asesinatos de los jóvenes Jesús Acosta, Geraldine Moreno, Génesis Carmona y del docente Guillermo Sanchez, en diferentes hechos en donde se desarrollaban manifestaciones pacificas.
También responsabilizan al Gobierno Nacional y Regional de los actos vandálicos en contra de las instalaciones del Supermercado Hiper Líder, hecho que está siendo utilizado para manipular la opinión pública y justificar la arremetida en contra de los sandieganos.
Finalmente la MUD en Carabobo convoca a toda la población del estado a una actividad masiva en contra de la persecución política, en contra de la violación de los derechos humanos y por la justicia. Evento que se desarrollará en la avenida Cedeño el próximo sábado a partir de las diez de la mañana.
Destacaron que la detención del Vicencio Scarano responde a un pase de factura por los altos índices de aceptación que ha ganado el burgomaestre en la población carabobeña.
Insistieron en que “mientras el autor intelectual del denominado ‘Ataque Fulminante’, que ha promovido tantos hechos de violencia y muerte en el estado sigue libre en capitolio, el Alcalde Scarano es encarcelado inconstitucionalmente”.
Advirtieron que la ola de persecución y terrorismo que practica el Gobierno no solo ataca a los sectores políticos de la entidad. Aseguran que tienen la mira puesta en todos los sectores de la sociedad así como las autoridades universitarias.
De igual forma denunciaron que la intención del Gobernador Ameliach, con todas estas acciones, es desviar las investigaciones relacionadas con los asesinatos de los jóvenes Jesús Acosta, Geraldine Moreno, Génesis Carmona y del docente Guillermo Sanchez, en diferentes hechos en donde se desarrollaban manifestaciones pacificas.
También responsabilizan al Gobierno Nacional y Regional de los actos vandálicos en contra de las instalaciones del Supermercado Hiper Líder, hecho que está siendo utilizado para manipular la opinión pública y justificar la arremetida en contra de los sandieganos.
Finalmente la MUD en Carabobo convoca a toda la población del estado a una actividad masiva en contra de la persecución política, en contra de la violación de los derechos humanos y por la justicia. Evento que se desarrollará en la avenida Cedeño el próximo sábado a partir de las diez de la mañana.
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