Notitarde 20/03/2014
Opinó la Rectora de la UC tras detención de “Enzo” Scarano
Fallo contra Scarano desconoce la voluntad de los electores
- Jessy Divo (Notitarde / Jennifer Anais Infante)
Valencia, marzo 20 (Ylián Terán Flores/Especial).- La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, consideró que la sentencia dictada por la Sala Constitucional del TSJ, que obliga al cese de sus funciones y condena a más de 10 meses de prisión al alcalde del municipio San Diego, Vicencio Scarano, constituye una afrenta al Estado de Derecho, pues a su juicio, vulnera los derechos fundamentales del acusado, condenado por un tribunal ad-hoc que carece de competencia en materia penal y sin que se garantizara su derecho constitucional a la defensa y al debido proceso.
“El fallo desconoce la voluntad popular de los electores de dicho municipio, pues, produce o dispone un irregular cese de funciones del alcalde que no aparece contemplado en nuestra Carta Magna ni en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal”, sentenció.
La autoridad universitaria opinó que esta clase de decisión podría provocar una reacción popular que agravaría la actual situación de crisis que atraviesa el país. “Creo que el Tribunal Supremo de Justicia perdió una excelente oportunidad para contribuir con el restablecimiento del clima de paz y sosiego por el que claman todos los venezolanos”, dijo.
Divo de Romero acotó que esta sentencia constituye una clara violación al debido proceso toda vez que el desacato de un mandamiento de amparo cautelar, constituye un delito de acción pública por lo que la acción penal debe ejercerla el Ministerio Público ante un Tribunal con competencia en materia penal, siguiendo el procedimiento previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.
Sobre la destitución de “Enzo” Scarano, la Rectora manifestó que “la Sala Constitucional del TSJ, crea una procedimiento exprés sin precedente en la historia judicial venezolana, para juzgar por desacato al burgomaestre, y en una audiencia lo sentencia a 10 meses y 15 días de prisión, irrespetándole su derecho constitucional al juez natural y a la doble instancia, amén de habérsele restringido ilegalmente su derecho a promover y evacuar todas las pruebas que considerase pertinentes para su defensa, todo ello por presuntamente no haber impedido que quienes protestan obstaculizasen las vías públicas del municipio”.
La Rectora de la UC rechazó el acoso político y judicial contra los alcaldes, estudiantes, autoridades y docentes universitarios, dirigentes de oposición, entre muchos otros venezolanos “que están siendo sentenciados en esas mismas condiciones, en evidente violación del artículo 49° de la Constitución Nacional que establece como un derecho humano ser juzgado con el debido proceso”.
La autoridad universitaria señaló que no puede endosarse la responsabilidad del reclamo y de la protesta del pueblo, en sus diversas manifestaciones, a los alcaldes, por lo que insistió que el Gobierno Nacional debe asumir con responsabilidad lo que le corresponde en este momento, “que es escuchar al gran número de venezolanos que tienen en los estudiantes la vocería de un reclamo justo que a más de un mes de su inicio ha sido ignorado por las autoridades nacionales”.
“Hago un llamado a la cordura y a la sensatez del Gobierno Nacional para que intervenga ante las últimas decisiones del TSJ en las que se viola la Constitución Nacional y se coloca peligrosamente a nuestro país fuera del orden jurídico, como un escenario ideal para cualquier acción violenta en la que se derrame más sangre y se agrave mucho más una situación que ya está desbordada”, puntualizó.
“El fallo desconoce la voluntad popular de los electores de dicho municipio, pues, produce o dispone un irregular cese de funciones del alcalde que no aparece contemplado en nuestra Carta Magna ni en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal”, sentenció.
La autoridad universitaria opinó que esta clase de decisión podría provocar una reacción popular que agravaría la actual situación de crisis que atraviesa el país. “Creo que el Tribunal Supremo de Justicia perdió una excelente oportunidad para contribuir con el restablecimiento del clima de paz y sosiego por el que claman todos los venezolanos”, dijo.
Divo de Romero acotó que esta sentencia constituye una clara violación al debido proceso toda vez que el desacato de un mandamiento de amparo cautelar, constituye un delito de acción pública por lo que la acción penal debe ejercerla el Ministerio Público ante un Tribunal con competencia en materia penal, siguiendo el procedimiento previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.
Sobre la destitución de “Enzo” Scarano, la Rectora manifestó que “la Sala Constitucional del TSJ, crea una procedimiento exprés sin precedente en la historia judicial venezolana, para juzgar por desacato al burgomaestre, y en una audiencia lo sentencia a 10 meses y 15 días de prisión, irrespetándole su derecho constitucional al juez natural y a la doble instancia, amén de habérsele restringido ilegalmente su derecho a promover y evacuar todas las pruebas que considerase pertinentes para su defensa, todo ello por presuntamente no haber impedido que quienes protestan obstaculizasen las vías públicas del municipio”.
La Rectora de la UC rechazó el acoso político y judicial contra los alcaldes, estudiantes, autoridades y docentes universitarios, dirigentes de oposición, entre muchos otros venezolanos “que están siendo sentenciados en esas mismas condiciones, en evidente violación del artículo 49° de la Constitución Nacional que establece como un derecho humano ser juzgado con el debido proceso”.
La autoridad universitaria señaló que no puede endosarse la responsabilidad del reclamo y de la protesta del pueblo, en sus diversas manifestaciones, a los alcaldes, por lo que insistió que el Gobierno Nacional debe asumir con responsabilidad lo que le corresponde en este momento, “que es escuchar al gran número de venezolanos que tienen en los estudiantes la vocería de un reclamo justo que a más de un mes de su inicio ha sido ignorado por las autoridades nacionales”.
“Hago un llamado a la cordura y a la sensatez del Gobierno Nacional para que intervenga ante las últimas decisiones del TSJ en las que se viola la Constitución Nacional y se coloca peligrosamente a nuestro país fuera del orden jurídico, como un escenario ideal para cualquier acción violenta en la que se derrame más sangre y se agrave mucho más una situación que ya está desbordada”, puntualizó.
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