El Gobierno busca aniquilar a quien actualmente es la principal referencia política del estado Carabobo, como lo es Vicencio "Enzo" Scarano, alcalde del municipio San Diego; pues, otra lectura no podría dársele a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, producto de un "juicio político", que lo condenó a 10 meses y quince días de prisión; y además, lo despojó del cargo.

Desayuno en la Redacción

Notitarde 23/03/2014 

Pablo Domínguez, alcalde encargado de San Diego: "Enzo" y Lucchese hicieron lo que correspondía para despejar las vías del municipio

Sala Constitucional se convirtió en tribunal penal para sacar a Scarano del juego político

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  Ricardo Degwitz, Daniela Chirinos, Margarita Jiménez Márquez, Alexis Fernández, María Mulino, Pablo Domínguez, Ronald González, Silmari Rivas, Humberto Torres, Laurentzi Odriozola Echegaray y Luis Carvajal. (Notitarde / Jorge Cera Yépez)

Silmari Rivas Rubin

Valencia, marzo 22.- El Gobierno busca aniquilar a quien actualmente es la principal referencia política del estado Carabobo, como lo es Vicencio "Enzo" Scarano, alcalde del municipio San Diego; pues, otra lectura no podría dársele a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, producto de un "juicio político", que lo condenó a 10 meses y quince días de prisión; y además, lo despojó del cargo.

Así coinciden Pablo Domínguez, alcalde encargado de San Diego; y los abogados María Conchita Mulino, directora de Consultoría Jurídica de la Alcaldía; y Ronald González, presidente del Concejo Municipal, al analizar el fallo emitido por el TSJ el pasado miércoles 19 de marzo, no solo en contra de Scarano, sino también del comisario Salvatore Lucchese, director de la Policía Municipal, quien igualmente se encuentra en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, por el supuesto desacato a la orden de impedir barricadas en su jurisdicción.

"Esto fue un juicio político, una aberración completa", fueron las primeras palabras de Domínguez para este "Desayuno en la Redacción", en el que también participaron Mulino y González. Ellos asistieron en compañía de Alexis Fernández, jefe del Despacho del Alcalde; y del periodista Luis Guillermo Carvajal.

Por esta casa editorial, estuvieron Ricardo José Degwitz, presidente de Notitarde; Laurentzi Odriozola Echegaray, director del periódico; Margarita Jiménez Márquez, miembro de la Junta Directiva; el reportero gráfico Jorge Cera y los periodistas Daniela Chirinos, Humberto Torres y Silmari Rivas Rubin, quien suscribe.

El Alcalde Encargado manifestó que pasan por un momento muy difícil en San Diego, pero lo afrontan con la mayor entereza, fortaleza, que ha sido el mensaje que les dejó "Enzo" y lo demostró en ese "circo romano" de la Sala Constitucional del TSJ.

"Scarano nos dejó a cada uno la tarea de seguir luchando y vamos a continuar trabajando para mantener la calidad de vida de nuestro municipio. Las palabras del alcalde (Scarano) apenas le dictaron sentencia fueron: 'Aquí se va a hacer justicia, aquí hay Scarano para rato y vamos a seguir luchando'. Él está completamente seguro de que aquí va a llegar el momento en que se hará justicia".

Domínguez y la abogada Mulino formaron parte del grupo de 20 ciudadanos que tuvo acceso a la audiencia celebrada en Caracas el pasado miércoles 19. Domínguez dijo haber sentido una burla gigantesca al ver cómo desestimaron los alegatos de la defensa sin ningún tipo de desparpajo, donde rechazaron todas las pruebas, incluso las informaciones publicadas por los medios de comunicación y las fotografías de los despejes de vías por parte de la Alcaldía de San Diego.

Acotó que cuando entraron a la Sala ya estaba ocupada en un 70%, aproximadamente, por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, personal del mismo TSJ y de otras instituciones del Estado, a quienes sí permitieron el uso de sus teléfonos celulares durante el acto, incluso tomar fotos con sus dispositivos móviles.

"Cuando entramos a la Sala nuestra percepción fue que ya todo estaba decidido. Eso fue realmente un circo romano", comentó.

Insistió en que "Enzo" Scarano y el comisario Salvatore Lucchese cumplieron con su trabajo: "Sirvieron de mediadores de barricada en barricada, para lograr retirarlas en consenso; y para el 11 de este mes no había calles trancadas en el municipio", afirmó.  Además -agregó- "Enzo" fue el único alcalde que hizo reuniones de paz y vigilia con sus vecinos, siempre llamó a la cordura, pero sin doblegarse ante nada.

De acuerdo con lo narrado por el Alcalde Encargado, Scarano y Lucchese fueron al juicio sin miedo porque hicieron lo que correspondía para despejar las vías del municipio; a pesar de que no fue fácil, ya que los ciudadanos buscaban con las barricadas evitar el ingreso de personas armadas a las urbanizaciones y protegerse de esta manera. 

Domínguez expuso la cronología de los hechos en torno a este "juicio político", según lo calificó, en contra de la máxima autoridad municipal de San Diego y el director de la policía de esa jurisdicción.

Refirió que la Sala Constitucional admitió con inmediatez, el pasado miércoles 12 de marzo, la demanda introducida el viernes 7 del mismo mes por un grupo de transportistas de carga pesada, en la cual solicitaban a Scarano y a Lucchese retirar las barricadas que se instalaron a lo largo del municipio. No obstante, reiteró Domínguez, desde el 11 de marzo no existían obstáculos en las vías de San Diego.

Scarano y Lucchese -continuó- fueron notificados formalmente el viernes 14 de marzo y el lunes 17 los convocaron a la audiencia que se celebró el miércoles 19. En ese sentido, Domínguez se formula la misma pregunta que se hacen muchos ciudadanos y especialmente los sandieganos: ¿Cómo es posible que la Sala Constitucional se haya dado cuenta tan rápido de un supuesto desacato de una medida que había sido entregada dos días atrás?

 

Impunidad, incompetencia

y violación del juez natural 

"Fue desesperante esa audiencia, una cosa que jamás imaginé ver en la Sala Constitucional del TSJ", dijo, por su parte, la abogada Mulino, al sostener que el Ministro de Obras Públicas debió ser el sujeto pasivo de la demanda, ya que las autopistas son competencia nacional y los demandantes alegaron que no tenían paso hacia Puerto Cabello por el cierre de la variante.  

Resaltó que los accionistas fueron transportistas y ninguno de ellos hace vida en San Diego, ni siquiera en Valencia. Además -comentó- desde 2005 está prohibida por decreto de la Alcaldía la circulación de tráfico pesado por el interior del municipio.

Asimismo, apuntó que curiosamente esos transportistas trabajan para instituciones del Gobierno, como Pdvsa y Mercal, según consta en el Registro Nacional de Contratistas.

La abogada denunció impunidad, incompetencia y violación del juez natural. Con respecto a esto último, recordó que la Sala Constitucional no solo actuó como un tribunal penal, sino que también le cambió la calificación a la medida solicitada por los actores  para convertirla en amparo y tipificar el desacato. "Acuerdan un desacato y crean sanciones que no están previstas en la Ley Orgánica de Amparo", agregó.

Precisó que cuando existe alguna presunción de desacato, el deber ser -conforme a la Ley Orgánica de Desacato- es remitir al Ministerio Público para que éste investigue y proceda a una acusación ante un tribunal penal. Pero -insistió- la Sala Constitucional, para obviar todo el procedimiento, asumió como jurisdicción penal y tipificó el desacato. 

Subrayó que lo más grave en la violación al debido proceso es que cualquier recurso de apelación resultaría nulo, ya que la decisión fue de la Sala Constitucional del TSJ; aunque instancias internacionales serían una opción.

Narró que durante la audiencia rechazaron, con el alegato de que eran copias simples, los oficios de solicitudes de apoyo para retirar las barricadas enviados por Scarano el pasado miércoles 26 de febrero al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Guardia Nacional Bolivariana, Gobernación de Carabobo y Policía de Carabobo, a pesar de que tenían sello de recibido.

Apuntó que uno de los alegatos del Ministerio Público fue que Scarano no asistió a la Conferencia de Paz, cuando eso no tiene nada que ver con el desacato y además él no había sido invitado a esa reunión. 

De igual forma, indicó que el Ministerio Público presentó como pruebas las actuaciones que se llevaron a cabo los días miércoles 19 y jueves 20 de febrero en la urbanización El Tulipán, a pesar de que la sentencia supuestamente desacatada por "Enzo" Scarano y el director de Polisandiego fue notificada el miércoles 12 de marzo y dictada el viernes 14 del mismo mes.

Entretanto -añadió la abogada-  las pruebas de la Defensoría del Pueblo fueron una vecina de Campo Solo, quien alegó que había barricadas; y una foto donde se observa un pequeño grupo de personas paradas detrás de una cinta amarilla de seguridad.

Para el momento de este "Desayuno en la Redacción", que se celebró en la sede de este tabloide, en horas del mediodía del pasado viernes 21, no había sido publicada íntegramente la sentencia en contra de Scarano y Lucchese, sino que solamente se conocía el dispositivo de la misma; por lo cual los invitados aún no sabían qué beneficios procesales podrían aplicarse a los funcionarios, para tenerlos de vuelta lo más rápido posible.

Fue por eso además, explicó Mulino, que el Concejo Municipal de San Diego designó a Pablo Domínguez, alto funcionario de la rama ejecutiva local, como Alcalde Encargado, conforme a lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, toda vez que el fallo de la Sala Constitucional no ha precisado si el carácter del cese de las funciones de "Enzo" Scarano es temporal o definitivo, lo cual no se sabría hasta que sea publicada la decisión del TSJ. 

El ente edilicio -siguió- hizo la designación de Domínguez por detención judicial, no por condenatoria de sentencia definitivamente firme; es decir, como si se tratara de una ausencia temporal, de manera que Scarano pudiera reincorporase al cargo, en el caso de lograrse una medida sustitutiva de la privación de libertad.

A propósito, Mulino cuestionó el hecho de que el Consejo Nacional Electoral anunciara elecciones para San Diego a pocas horas de haberse celebrado la audiencia, cuando ni siquiera había sido publicada la sentencia, dando por hecho que se trata de una ausencia absoluta del burgomaestre. 

Al respecto, el concejal Ronald González agregó que el tipo de ausencia lo determina el Concejo Municipal, una vez publicada la sentencia; y de ser absoluta, correspondería a él, como presidente de la Cámara edilicia, asumir el cargo del alcalde, hasta que se celebren elecciones por parte del CNE para la escogencia de la nueva autoridad local.

 

"Judicialización de la política"

El concejal Ronald González señaló que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no solo se convirtió en un tribunal penal, situación nunca antes vista en el país; sino que además fue parte y juez en una situación netamente política.

"Más allá de eso, vemos cómo utilizan la celeridad procesal para sacar una sentencia lo más rápido posible, cuando es público el atraso de muchos casos por el colapso del sistema de justicia. A los que somos abogados, la Sala Constitucional, con esa sentencia, nos dio una bofetada ese día, nos hizo pararnos frente a nuestros títulos y creer que perdimos nuestro tiempo estudiando Derecho".

Pero más allá todavía -siguió- aquí estamos hablando de un "golpe de Estado" que dio la Sala Constitucional del TSJ con una decisión que tomó pasándole por encima a los ciudadanos que el pasado 8 de diciembre eligieron a "Enzo" Scarano como alcalde. "Tres de cada cuatro sandieganos depositaron su confianza en Scarano, pero vemos cómo siete magistrados, actuando como dirigentes del Psuv, aprovechándose de una toga y de un birrete, impulsan la judicialización de la política".

Para González, todo esto tiene varios objetivos y uno es desviar la atención de los problemas del país. Ante ello -reveló- los sectores políticos del estado Carabobo decidieron no descuidar los motivos por los cuales la gente protesta en la calle, sin -por supuesto- dejar a "Enzo" solo. La otra razón -añadió- es aniquilar políticamente a Scarano, tal   como lo ha señalado Rosa de Scarano, esposa de "Enzo". 

"No es que al Gobierno le preocupa la Alcaldía de San Diego, no; si ellos perdieron con 76%, ahora van a perder con 90%, ésa no es la discusión, sino que el Gobierno busca aniquilar políticamente a quien actualmente es la principal referencia política del estado, eso lo tiene el Gobierno claro y ante eso lo que busca es sacarlo del juego".

No obstante, González considera que todo esto lo que hará es fortalecer a "Enzo", seguir consolidando su liderazgo. "Creo que el Gobierno se apresuró en tratar de tomar una medida rebuscada", dijo.

Con relación al desacato, el Presidente del Concejo Municipal también lo negó rotundamente, puesto que -afirmó- Scarano fue el único alcalde que desde el principio se opuso a las barricadas.  "Enzo estaba convencido de que ése no era el camino, trancar vías, por considerar que con esta acción se le dan argumentos al Gobierno. Él proponía la protesta de calle, las cacerolas, sin obstaculizar el libre tránsito".   

 

Gente ajena genera 

desastres en el municipio

En cuanto a la violencia y los desastres generados en el municipio desde la noche del mismo miércoles en que se conoció la sentencia contra Scarano y Lucchese, el alcalde (e) Domínguez los atribuye a grupos armados conformados por gente que no es vecina de San Diego. De allí que, según aseguró, había solicitado a Carlos Alcántara, director de la Policía de Carabobo, controlar esa situación.

Resaltó que el carácter de los sandieganos es pacífico y por más que estén en desacuerdo contra la decisión del TSJ, no arremeterían contra bienes públicos ni privados.

Domínguez se refirió a saqueos y al robo en una pollera ubicada en la avenida Don Julio Centeno, en el sector Magallanes, donde aprehendieron a ocho personas que están a la orden de la Policía de Carabobo. Asimismo, mencionó la quema de  HyperLíder, durante la noche del pasado miércoles 19.

Con relación a este último hecho, Ronald González exhortó a que se inicie una investigación sobre los daños ocasionados al establecimiento comercial, ya que le perece muy sospechoso que la quema se haya producido a 15 minutos, aproximadamente, de conocerse el fallo del máximo tribunal. "Pareciera que todo estaba previsto. Las llamas ya alcanzaban el cielo cuando los vecinos salieron a protestar con pitos y banderas en contra de la sentencia".

Narró que desde lo ocurrido con el HyperLíder, vecinos de San Diego han asumido una actitud valiente y se han organizado para proteger instalaciones como parques y colegios municipales e incluso otros establecimientos privados. "Eso lo que refleja es el sentido de pertenencia del sandiegano".

Ventana

"A Enzo no lo vamos a dejar solo"

Daniela Chirinos Arrieta

Desde que el pasado miércoles la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la aprehensión de Vicencio Scarano y su destitución como alcalde de San Diego, la incertidumbre se sembró en los habitantes de ese municipio, sobre todo en quienes el pasado 8 de diciembre lo ratificaron como autoridad máxima de esa jurisdicción. Ese día, ganó con el 76% de los votos.
"A Enzo no lo vamos a dejar solo", subrayó Pablo Antonio Domínguez, quien fue juramentado como Alcalde Encargado de San Diego. Además, afincó: "La mejor propaganda es la gestión, (en este caso) encabezada por Enzo Scarano y un equipo eficiente que lo respalda".
Antes de asumir esta nueva responsabilidad, Domínguez era presidente del Instituto Autónomo de Función, Mantenimiento y Conservación Urbana y Ambiental, en donde laboraba desde hace 8 años. Eso sí, comenzó de cero, primero fue inspector de mantenimiento, luego jefe de operaciones, director y, finalmente, presidente de esta dependencia. De ahí que sostenga: "Conozco mucho el funcionamiento del municipio".
Es ingeniero civil, con especialidad en Educación Superior. Trabajó como contratista en el Metro de Valencia; cuenta que cuando empezó en la Alcaldía de San Diego, "Enzo nos presentó un proyecto de ciudad; y después de avanzar vimos que desde la municipalidad podemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ese proyecto siempre me enamoró y el equipo que trabaja con él se siente identificado con esto, porque es lo que queremos para nuestro estado".
Y es que, puertas adentro, los trabajadores de la Alcaldía ven en "Enzo" a un hombre de carácter fuerte y a un gerente que "era el primero en llegar a trabajar y el último en irse, eso dice mucho de él como jefe y motiva al equipo para seguir adelante", comenta Domínguez, sentir que comparten María Conchita Mulino y Ronald González.
Mulino trabaja en la Consultoría Jurídica de esta Alcaldía desde  2006, esta vez lamenta no poder decirle a "Enzo" que "jurídicamente hay solución, porque ésta es una decisión política". Sin embargo, espera que la Sala Constitucional del TSJ "consiga su norte nuevamente", y así poder obtener  una medida sustitutiva a la privativa de libertad.
También resalta la labor de Salvatore Lucchese. "Fue un excelente director, que logró convertir la Policía de San Diego en una de las más organizadas del país, reconocida por su labor preventiva", comenta. De hecho, recuerda que este municipio está entre los más seguros del país, según estadísticas del Ministerio de Interior y Justicia.
González, entretanto, comenta que: "Tengo más de seis años conociendo a Enzo. Ahora nos toca asumir un papel importante: Demostrar que éste es un gran equipo, la gestión no va a desmejorar".
Los tres están agradecidos del apoyo que ha manifestado la comunidad con "El Alcalde", como le siguen llamando, y a Rosa Brandonisio de Scarano. "Todos somos Enzo y todos somos Salvatore, ambos van a volver con nosotros para seguir luchando y mejorar nuestra calidad de vida", concluyó Domínguez.