Activista de DD.HH., Rafael Narváez
“Valencia es la ciudad con más víctimas de represión y maltrato”
- Rafael Narváez (Notitarde / )
Valencia, marzo 3 (Daisy Linares).- El abogado en derecho procesal penal y defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, afirmó que Valencia, estado Carabobo, es la ciudad con más víctimas de represión, maltrato y torturas, supuestamente por parte de los cuerpos de seguridad del estado durante las manifestaciones de calle que se iniciaron en Venezuela desde el 12 de febrero del presente año.
Aunque solo mencionó los casos de Marvinia Jiménez y Juan Manuel Carrasco, quienes fueron imputados, Narváez aseguró que un equipo de juristas substancian los expedientes, con todos los indicios y si los familiares de cada caso los autorizan, irán al Ministerio Público y a los Tribunales para solicitar que hagan el trabajo correspondiente. “Nosotros estamos substanciando los expedientes, que por omisión de la responsabilidad, contrarían las normas nacionales e internacionales en materia de presentación, integridad física y de testimonios que son válidos cuando la persona está en audiencia de presentación, cuando tiene el derecho a su defensa y a un debido proceso”.
Señaló que “hemos planteado reuniones con los familiares, oímos los testimonios, conversamos con los estudiantes que están bajo presentación, no tienen libertad plena, no les permiten dialogar, ni hacer presentaciones públicas, es decir, hay una restricción en el libre tránsito, en la libertad de expresión y de opinión”, dijo.
El abogado pidió a los poderes públicos “que detengan esta agresión brutal de la Guardia Nacional que es el verdugo, el brazo armado del Presidente de la República, que recibe órdenes del comandante en jefe, que en Carabobo destrozó vehículos y, con el fusil descargan la furia en los protestantes que no solo son estudiantes, sino también representantes de la sociedad civil”.
Violación sistemática
de los derechos humanos
Narváez destacó que existe en Venezuela y en el estado Carabobo una violación sistemática de los derechos humanos.
-Hemos oído testimonios de víctimas en Carabobo, por ejemplo, donde en el momento de la detención los cuerpos de seguridad arremetieron brutalmente con golpes, tratos crueles e inhumanos, lo que contraría la Constitución de Venezuela, que condena esos tratos, expresó.
“El testimonio del joven Juan Manuel Carrasco, imputado, debe ser tomado en cuenta por el Ministerio Público, ya que no se hizo en la audiencia. Los abogados dicen que no se reflejó en el acta, lo cual viola el derecho a la defensa, es responsable el Ministerio Público que tiene que velar por el debido proceso, es el guardián de los procesos justos. Vemos también el caso público de maltrato y tortura hacia Marvinia Jiménez, también imputada. Se incurre en la violación del Código Orgánico Procesal Penal, y la culpable es la Fiscal Superior de Carabobo quien tiene bajo su responsabilidad la evolución y supervisión de los fiscales”, dijo.
-El Ministerio Público está en la obligación de dar esa garantía, por supuesto que los jueces, son los decisorios y deben valorar cuando el MP incurre en la omisión o en el reconocimiento de un testimonio cuando no se refleja en un acta y no se toma en cuenta.
Foro Penal Venezolano reportó 183 agresiones y torturas
El Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que desde el 2 de febrero hasta la fecha 33 personas han sido agredidas y torturadas dentro de los centros de reclusión y 150 casos fuera de estos.
Asimismo, abogados del Foro Penal Venezolano y otras organizaciones, atendieron 44 casos de personas que fueron detenidas en la Plaza Altamira, Caracas, el viernes en la noche. Romero informó que los detenidos fueron recluidos en el Fuerte Tiuna y luego fueron trasladados hasta el Palacio de Justicia, para realizarse las audiencias pertinentes. “La decisión fue dada por la audiencia casi a las 7:00 de la mañana en la que se le dio libertad plena a dos extranjeros de nombre Francesca Commissari, italiana y Ricardo Manuel Ferreira, portugués.
Romero agregó que al resto de los detenidos: 42, de los cuales tres eran menores de edad, fueron dejados en libertad pero con medida de presentación cada 30 días ante el tribunal y “se les abrió una investigación por instigación pública, obstrucción de vía pública y ultraje a funcionarios públicos”.
En relación al caso de la fotoperiodista de nacionalidad italiana, Francesca Commissari, Romero informó que su cámara profesional fue “decomisada” por efectivos de la GNB al momento de su detención “Cuando revisamos las actas del expediente al momento de presentarla ante el tribunal, no aparece el decomiso ni referencia a la cámara, sino más bien la supuesta pertenencia de unas bombas molotov, es decir, que la cámara mágicamente se transformó en una bomba”.
Indicó que ante la falta de pruebas sobre la tenencia de bombas molotov, el tribunal tuvo que darle libertad plena.
Como otro de los casos emblemáticos, Romero destacó a Jean Carlos Pardo, quien fue detenido en las cercanías de su casa, en Altamira; “la GN, lo retiene, le dispara con perdigones a quema rompa en la zona de los glúteos así como golpes y patadas”. (Con información de Noticiero Digital)
Aunque solo mencionó los casos de Marvinia Jiménez y Juan Manuel Carrasco, quienes fueron imputados, Narváez aseguró que un equipo de juristas substancian los expedientes, con todos los indicios y si los familiares de cada caso los autorizan, irán al Ministerio Público y a los Tribunales para solicitar que hagan el trabajo correspondiente. “Nosotros estamos substanciando los expedientes, que por omisión de la responsabilidad, contrarían las normas nacionales e internacionales en materia de presentación, integridad física y de testimonios que son válidos cuando la persona está en audiencia de presentación, cuando tiene el derecho a su defensa y a un debido proceso”.
Señaló que “hemos planteado reuniones con los familiares, oímos los testimonios, conversamos con los estudiantes que están bajo presentación, no tienen libertad plena, no les permiten dialogar, ni hacer presentaciones públicas, es decir, hay una restricción en el libre tránsito, en la libertad de expresión y de opinión”, dijo.
El abogado pidió a los poderes públicos “que detengan esta agresión brutal de la Guardia Nacional que es el verdugo, el brazo armado del Presidente de la República, que recibe órdenes del comandante en jefe, que en Carabobo destrozó vehículos y, con el fusil descargan la furia en los protestantes que no solo son estudiantes, sino también representantes de la sociedad civil”.
Violación sistemática
de los derechos humanos
Narváez destacó que existe en Venezuela y en el estado Carabobo una violación sistemática de los derechos humanos.
-Hemos oído testimonios de víctimas en Carabobo, por ejemplo, donde en el momento de la detención los cuerpos de seguridad arremetieron brutalmente con golpes, tratos crueles e inhumanos, lo que contraría la Constitución de Venezuela, que condena esos tratos, expresó.
“El testimonio del joven Juan Manuel Carrasco, imputado, debe ser tomado en cuenta por el Ministerio Público, ya que no se hizo en la audiencia. Los abogados dicen que no se reflejó en el acta, lo cual viola el derecho a la defensa, es responsable el Ministerio Público que tiene que velar por el debido proceso, es el guardián de los procesos justos. Vemos también el caso público de maltrato y tortura hacia Marvinia Jiménez, también imputada. Se incurre en la violación del Código Orgánico Procesal Penal, y la culpable es la Fiscal Superior de Carabobo quien tiene bajo su responsabilidad la evolución y supervisión de los fiscales”, dijo.
-El Ministerio Público está en la obligación de dar esa garantía, por supuesto que los jueces, son los decisorios y deben valorar cuando el MP incurre en la omisión o en el reconocimiento de un testimonio cuando no se refleja en un acta y no se toma en cuenta.
Foro Penal Venezolano reportó 183 agresiones y torturas
El Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que desde el 2 de febrero hasta la fecha 33 personas han sido agredidas y torturadas dentro de los centros de reclusión y 150 casos fuera de estos.
Asimismo, abogados del Foro Penal Venezolano y otras organizaciones, atendieron 44 casos de personas que fueron detenidas en la Plaza Altamira, Caracas, el viernes en la noche. Romero informó que los detenidos fueron recluidos en el Fuerte Tiuna y luego fueron trasladados hasta el Palacio de Justicia, para realizarse las audiencias pertinentes. “La decisión fue dada por la audiencia casi a las 7:00 de la mañana en la que se le dio libertad plena a dos extranjeros de nombre Francesca Commissari, italiana y Ricardo Manuel Ferreira, portugués.
Romero agregó que al resto de los detenidos: 42, de los cuales tres eran menores de edad, fueron dejados en libertad pero con medida de presentación cada 30 días ante el tribunal y “se les abrió una investigación por instigación pública, obstrucción de vía pública y ultraje a funcionarios públicos”.
En relación al caso de la fotoperiodista de nacionalidad italiana, Francesca Commissari, Romero informó que su cámara profesional fue “decomisada” por efectivos de la GNB al momento de su detención “Cuando revisamos las actas del expediente al momento de presentarla ante el tribunal, no aparece el decomiso ni referencia a la cámara, sino más bien la supuesta pertenencia de unas bombas molotov, es decir, que la cámara mágicamente se transformó en una bomba”.
Indicó que ante la falta de pruebas sobre la tenencia de bombas molotov, el tribunal tuvo que darle libertad plena.
Como otro de los casos emblemáticos, Romero destacó a Jean Carlos Pardo, quien fue detenido en las cercanías de su casa, en Altamira; “la GN, lo retiene, le dispara con perdigones a quema rompa en la zona de los glúteos así como golpes y patadas”. (Con información de Noticiero Digital)
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