Casi un mes más deberá esperar el destituido alcalde de San Diego (Carabobo), el opositor Enzo Scarano, para que comience el juicio en su contra por presunta violencia de género, luego de que ayer Tribunal 1 de Violencia contra la Mujer de Caracas lo difiriese hasta el 3 de noviembre.

Inicio del juicio a Scarano fue aplazado hasta noviembre

Esposa del exalcalde negó acusación y achacó el caso a una represalia política

A petición de sus abogados el arranque del proceso contra Scarano fue aplazado. Tintori, esposa de Leopoldo López, asistió a apoyar a Scarano CORTESÍA

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL

martes 7 de octubre de 2014  12:00 AM

Casi un mes más deberá esperar el destituido alcalde de San Diego (Carabobo), el opositor Enzo Scarano, para que comience el juicio en su contra por presunta violencia de género, luego de que ayer Tribunal 1 de Violencia contra la Mujer de Caracas lo difiriese hasta el 3 de noviembre.

La decisión la adoptó la jueza María Elisa Bencomo atendiendo la petición que ayer le formulase la defensa del exfuncionario para poder revisar el expediente, pues apenas la semana pasada fueron juramentados sus nuevos representantes legales.

La información la suministró la esposa del exmandatario y su sucesora en el cargo, Rosa Scarano, para quien la reapertura del caso, el cual permaneció por más de un año paralizado, "forma parte de la misma jugada política que quieren hacer contra mi esposo".

La actual alcaldesa de San Diego recordó que la denuncia por presuntas agresiones físicas contra tres mujeres que pesa sobre Scarano fue formulada horas después de las cuestionadas elecciones presidenciales de abril de 2013.

"En ese momento el alcalde Scarano era coordinador de la Mesa de la Unidad en Carabobo y tenía el deber de recorrer todos los centros electorales del estado, para atender cualquier tipo de complicación y colaborar con que las elecciones presidenciales se dieran dentro de la mayor tranquilidad", relató, al tiempo que agregó: "Cuando llega al liceo Lisandro Lecuna se consigue con tres funcionarias: una coordinadora del centro por el PSUV, una del Consejo Electoral y una efectivo del Plan República, quienes le niegan entrar si no se identifica. Él muestra su carnet de coordinador y su cédula. Hay un momento en el que no lo dejan entrar. Después la militar abre la puerta y el Alcalde entra. Un vídeo así lo captó en el 2013 y todos sabemos que no pasó nada. Él se despide de todo el personal, incluyendo el Ejército, y se dirige a otros centros de votación, pero a los dos días recibe una denuncia por parte de estas tres funcionarias alegando que hubo violencia de género".

La acusación corrobora este relato, pero agrega que las presuntas víctimas (Raymar Cusati, Bertha Sifontes y Ediluz Molina) habrían sufrido contusiones, traumatismos y lesiones en un dedo durante el forcejeo que se habría producido, según figura en los archivos electrónicos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La alcaldesa Scarano denunció que debido a las condiciones de detención en las que se encuentra su esposo su salud se ha deteriorado. Desde que en marzo pasado fuese aprehendido y destituido por la Sala Constitucional del TSJ por no acatar sus órdenes de poner fin a las barricadas levantadas en San Diego, el dirigente opositor se encuentra en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques) cumpliendo una sentencia de un año de cárcel.

Por su parte, el abogado de las denunciantes, el exfiscal Gilberto Landaeta, se quejó porque al destituido alcalde solo se le enjuicie por violencia de género. "La teniente del Ejército era un oficial que era autoridad Hay delitos electores que aunque no se dejaron constancia sí ocurrieron, aunque no se dejaron por escrito sí ocurrieron. La resistencia a la autoridad tampoco está plasmada, pero hubo una resistencia a la autoridad".