Ley de cultura
8 DE JULIO 2013 - EL NACIONAL
El primer gesto de legislación cultural en Venezuela se produjo en 1963, con la creación del Inciba. Medio siglo ha transcurrido para que hoy se esté discutiendo un proyecto de Ley Orgánica de Cultura. En el medio han quedado la Ley del Conac de 1975, que en su momento fue novedosa y participativa; las leyes sectoriales de Cine, del Libro y de Artesanía; y los cuatro artículos que sobre derechos culturales se recogieron en la Constitución de 1999, que sirven de plataforma para el proyecto que se quiere sancionar a trompicones.
No es la primera vez que en estos catorce años de limbo legislativo se acciona el proyecto de ley: en el pasado hubo un proyecto llamado de Milagros Santana, otro de Manuel Espinoza (sin duda el mejor), otro de Farruco Sesto y ahora el que empuja la Comisión de Cultura de la Asamblea.
Lo primero que llama la atención del texto en discusión es la preeminencia del Estado (un Estado que rige, sanciona, vela, sistematiza). La sociedad como un todo, y menos la sociedad creadora, brilla por su ausencia. Los creadores, los artistas, las agrupaciones culturales, apenas se mencionan, y en su lugar se quieren sustituir por "trabajadores culturales". Tampoco los públicos, las audiencias, o quienes finalmente disfrutan o se benefician del hecho cultural, parecieran tener lugar en la ley: son convidados de piedra. En el mundo integrado y avanzado de hoy, es difícil urdir cualquier iniciativa desde cero, ignorando experiencias cercanas o semejantes. Un mínimo de legislación comparada con los proyectos que se han sancionado en América Latina en las últimas décadas se hace imperativo. ¿O no vamos a aprender de los aciertos o errores de los demás? La década de los años noventa fue llamada por la Unesco "Década del Desarrollo Cultural", y desde entonces se hace muy difícil pensar en estrategias o políticas culturales sin revisar esas fuentes documentales. Un ejemplo: la Unesco determina que la prioridad de toda política cultural es garantizar o fomentar los espacios de creación. ¿En qué artículo de nuestro proyecto se refleja esa noción? Pues en ninguno. Se nos olvida admitir que todo discurso cultural parte del hecho creador, y no del Estado que rige.
Suponemos que un concepto amplio como el de economía de la cultura (consumidor cultural) espantará a los legisladores. Suponemos también que cuando el país asume la presidencia pro tempore de Mercosur, nadie querrá saber lo que han hecho Brasil o Argentina con sus industrias culturales. Suponemos, por último, que lo que se ha llamado mecenazgo cultural, una ventana que se abrió en la Constitución de 1999, se suprimirá con barrotes y candados. Preferimos que nuestro texto vaya a contracorriente: identidad pesa más que diversidad, exigencias pesan más que libertades, rectorías pesan más que participación. Hablar de "las bases constitutivas de la nacionalidad" lleva un tufillo de impermeabilidad, de ostracismo, que siempre es condenable: leer a Quevedo o recitar una malagueña oriental da cuenta de un espectro de intereses que nos enriquecen más por su variedad que por su pureza.
¿Qué hacer cuando el proyecto recorre el camino de las consultas populares y quiere sancionarse antes de que los legisladores se sumerjan en la vorágine electoral? Si hemos esperado cincuenta años por una ley que esté a la altura de los grandes conceptos culturales, ¿por qué apurar el paso y estrellarnos con un proyecto que es claramente anacrónico y vetusto? Hay que exigirle a la plenaria de la Asamblea que se reúne en agosto que no apruebe nada, que extienda el período de consultas, que consulte la literatura de la Unesco. Esta tregua sería preferible a los apresuramientos, esta pausa reflexiva por un proyecto mejor nos llevaría por una senda distinta a la del arrepentimiento
No es la primera vez que en estos catorce años de limbo legislativo se acciona el proyecto de ley: en el pasado hubo un proyecto llamado de Milagros Santana, otro de Manuel Espinoza (sin duda el mejor), otro de Farruco Sesto y ahora el que empuja la Comisión de Cultura de la Asamblea.
Lo primero que llama la atención del texto en discusión es la preeminencia del Estado (un Estado que rige, sanciona, vela, sistematiza). La sociedad como un todo, y menos la sociedad creadora, brilla por su ausencia. Los creadores, los artistas, las agrupaciones culturales, apenas se mencionan, y en su lugar se quieren sustituir por "trabajadores culturales". Tampoco los públicos, las audiencias, o quienes finalmente disfrutan o se benefician del hecho cultural, parecieran tener lugar en la ley: son convidados de piedra. En el mundo integrado y avanzado de hoy, es difícil urdir cualquier iniciativa desde cero, ignorando experiencias cercanas o semejantes. Un mínimo de legislación comparada con los proyectos que se han sancionado en América Latina en las últimas décadas se hace imperativo. ¿O no vamos a aprender de los aciertos o errores de los demás? La década de los años noventa fue llamada por la Unesco "Década del Desarrollo Cultural", y desde entonces se hace muy difícil pensar en estrategias o políticas culturales sin revisar esas fuentes documentales. Un ejemplo: la Unesco determina que la prioridad de toda política cultural es garantizar o fomentar los espacios de creación. ¿En qué artículo de nuestro proyecto se refleja esa noción? Pues en ninguno. Se nos olvida admitir que todo discurso cultural parte del hecho creador, y no del Estado que rige.
Suponemos que un concepto amplio como el de economía de la cultura (consumidor cultural) espantará a los legisladores. Suponemos también que cuando el país asume la presidencia pro tempore de Mercosur, nadie querrá saber lo que han hecho Brasil o Argentina con sus industrias culturales. Suponemos, por último, que lo que se ha llamado mecenazgo cultural, una ventana que se abrió en la Constitución de 1999, se suprimirá con barrotes y candados. Preferimos que nuestro texto vaya a contracorriente: identidad pesa más que diversidad, exigencias pesan más que libertades, rectorías pesan más que participación. Hablar de "las bases constitutivas de la nacionalidad" lleva un tufillo de impermeabilidad, de ostracismo, que siempre es condenable: leer a Quevedo o recitar una malagueña oriental da cuenta de un espectro de intereses que nos enriquecen más por su variedad que por su pureza.
¿Qué hacer cuando el proyecto recorre el camino de las consultas populares y quiere sancionarse antes de que los legisladores se sumerjan en la vorágine electoral? Si hemos esperado cincuenta años por una ley que esté a la altura de los grandes conceptos culturales, ¿por qué apurar el paso y estrellarnos con un proyecto que es claramente anacrónico y vetusto? Hay que exigirle a la plenaria de la Asamblea que se reúne en agosto que no apruebe nada, que extienda el período de consultas, que consulte la literatura de la Unesco. Esta tregua sería preferible a los apresuramientos, esta pausa reflexiva por un proyecto mejor nos llevaría por una senda distinta a la del arrepentimiento
Ley de Cultura acabará con fundaciones
Nueva normativa fue aprobada anoche por mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
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Antonio López Ortega criticó las medidas de la ley (G.Pulido)
EL UNIVERSAL
miércoles 14 de agosto de 2013
La discusión en torno a la Ley Orgánica de la Cultura, aprobada anoche en la Asamblea Nacional por la mayoría oficialista, continúa.
Ayer, un grupo de diputados de la bancada opositora volvió a elevar su voz de protesta en contra del proyecto al que han catalogado como "inconsistente, centralista e inconstitucional". Pero esta vez abordan con suma preocupación, la contribución fiscal de 1% que deberá aportar toda persona natural o jurídica dedicada a la actividad cultural al Fondo Nacional de la Cultura.
Así lo expresó, durante un encuentro en el Centro Cultural Chacao, el exdiputado ante la Asamblea Nacional y abogado experto en materia fiscal, Leonardo Palacios, quien advierte acerca de las consecuencias inmediatas que tendrá la aprobación del instrumento legal sobre las instituciones culturales.
"Este tributo, que no constituye un incentivo para las empresas en materia cultural, solo afectará la rentabilidad del sector en lugar de favorecer y estimular su actividad. Además de las 24 contribuciones fiscales existentes que ya deben asumir las empresas, se suma ésta, de la cual no se estipula en la ley cómo será distribuida y a quiénes será asignada, lo cual restringe el manejo del financiamiento a un solo sector: el oficialista".
De igual forma, Palacios sentenció que el impuesto elimina las competencias municipales y locales, además de violar la Constitución.
"Establecer esta contribución de 1% a las empresas que obtengan más de 20 mil unidades tributarias sobre sus utilidad neta, atenta contra la competencia municipal al establecer una contribución que no es más que un impuesto oculto e inconsulto sin retribución. Y lo establece el Artículo 316 de la Carta Magna, que enuncia que el sistema tributario no puede ser confiscatorio", dice el experto tras explicar que el tributo se reflejará en el precio final de los bienes y servicios.
Para el sociólogo y experto en cultura y comunicación, Tulio Hernández, resulta "inaceptable" que el Estado, a través del Fondo Nacional de la Cultura, sea la única institución que maneje -sin explicarlo siquiera en la ley- el financiamiento para el sector cultural". A su juicio, el gobierno "insiste en privilegiar las culturas populares tradicionales como única base de la nacionalidad, y bajo la figura del 'ente rector' el Estado aparece como el único actor cultural, dejando de lado a los artistas, los creadores y la sociedad civil".
Excluyente e inconstitucional
De nuevo, salió a relucir en la discusión que se trata de un proyecto que excluye la participación de personas y entes ajenos al oficialismo. Además de ser una ley que viola los principios de libertad creadora contemplados en la Constitución.
"Estamos frente a un dispositivo sectarista que no incorpora la participación de personas que no sean militantes del oficialismo. Además, viola los artículos 98, 99 y 100 de la Carta Magna, sobre la libertad de la creación cultural, y en los que queda estipulado que ésta es libre. Por lo tanto, el Estado no debe intervenir e imponer contenidos y tendencias ideológicas", dice Hernández.
El diputado Luis Barragán, miembro de la comisión permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, se refirió al proyecto como "el monopolio cultural del Estado".
En este sentido, rechazó que la ley no haya sido discutida con todos los sectores del país y advirtió acerca de "la peligrosidad del artículo 22" sobre la censura cultural. "Una ley calificada de 'orgánica' obliga al oficialismo a someter a votación este dispositivo legal, que amerita ser discutido con todos los sectores del país y no restringir el debate solo al Psuv y al Polo Patriótico".
En relación con la censura cultural, sentenció que este artículo promueve la producción de contenidos y programación fundamentados en los principios de la cultura venezolana "orientados a profundizar la cultura de paz, urbanista, de respeto, solidaridad, soberanía, libertaria, democrática (... ) de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, lo cual es inadmisible pues no permitiremos que el Ministerio de la Cultura ejerza la censura y mucho menos nos remita a una ley de rango inferior cuando existe la Constitución".
La diputada a la Asamblea Nacional, María Corina Machado, expresó que el instrumento legal forma parte del "proyecto de dominación y sumisión" que lleva a cabo el gobierno nacional. Comentó: " Así como le ha tocado a las universidades, al sector sindical, a los medios de comunicación y al sector productivo, ahora le toca a la cultura con una ley que solo es un instrumento revelador de un modelo que quiere concentrar en el Estado toda la fuerza y el control, sometiendo en este caso al artista y a quienes lo apoyan y estimulan".
Para el concejal del distrito metropolitano, Freddy Guevara -quien antes de ser político fue músico-, "El ente rector, además de controlar todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la cultura, pretende dictar lo que se crea".
A su juicio, ninguna manifestación artística puede ser concebida si el creador o divulgador no está liberado de cualquier tipo de amarre "que no sean los que les dicta su conciencia". De modo que el miembro de Voluntad Popular, reitera su llamado a acompañar al sector de la cultura en la lucha activa y pacífica "para que esta ley no aniquile nuestra esencia que es la diversidad, esa mezcla de sangre europea, negra, indígena y colombiana que es lo que nos hace ricos y más temprano que tarde cuando venzamos este sistema opresor seremos reconocidos como una potencia cultural".
La historiadora Inés Quintero, confía en que "ni la ley ni la fuerza del Estado, van a doblegar ese ADN republicano y libertario que nos caracteriza".
El sector empresarial también se verá afectado por el Proyecto de Ley de Cultura. No sólo por la exclusión de las industrias privadas sino por la imposición que tienen de pagar el 1% de sus ganancias anuales para un fondo que administrará el Estado.
Ya la medida se aplicó a las leyes de Ciencia y Tecnología, también a la de Deportes. La de Cultura supone una carga más para el empresariado. "Estamos ante la presencia de un Estado quebrado que le pone pesos adicionales al sector privado, que cada día está más regulado. La consecuencia de eso es que algunas de las empresas que tienen fundaciones culturales, cuando se enfrenten en su balance financiero con ese impuesto, tendrán que evaluar si mantienen sus propias fundaciones. Si la ley se aprueba así será una estocada mortal", dijo Antonio López Ortega.
El gestor cultural indicó que la medida contradice los artículos de la Constitución sobre derechos culturales. "Hay un desconocimiento completo a la Constitución, que dice claramente que el Estado deberá velar y asegura los presupuestos de las políticas culturales (...) Decir que el financiamiento es potestad exclusiva del sector privado es contradictorio", explicó el escritor venezolano, que recordó que la Carta Magna indica que la ley establecerá incentivos y estímulos a personas e instituciones que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes o actividades culturales.
Hay empresas del sector que todavía desconocen si deberán pagar el impuesto. El Trasnocho, por ejemplo. al estar registrado como una fundación, es una de ellas. "Eso afectaría el presupuesto. Para nosotros es muy duro mantener la operación. Ya la Ley del trabajo nos obligó a reducir nuestras funciones. Eso influye en los ingresos", dijo Solveig Hoogesteijn, directora general del espacio ubicado en Las Mercedes. Así, la nueva ley perjudica a un sector de la cultura.
Ayer, un grupo de diputados de la bancada opositora volvió a elevar su voz de protesta en contra del proyecto al que han catalogado como "inconsistente, centralista e inconstitucional". Pero esta vez abordan con suma preocupación, la contribución fiscal de 1% que deberá aportar toda persona natural o jurídica dedicada a la actividad cultural al Fondo Nacional de la Cultura.
Así lo expresó, durante un encuentro en el Centro Cultural Chacao, el exdiputado ante la Asamblea Nacional y abogado experto en materia fiscal, Leonardo Palacios, quien advierte acerca de las consecuencias inmediatas que tendrá la aprobación del instrumento legal sobre las instituciones culturales.
"Este tributo, que no constituye un incentivo para las empresas en materia cultural, solo afectará la rentabilidad del sector en lugar de favorecer y estimular su actividad. Además de las 24 contribuciones fiscales existentes que ya deben asumir las empresas, se suma ésta, de la cual no se estipula en la ley cómo será distribuida y a quiénes será asignada, lo cual restringe el manejo del financiamiento a un solo sector: el oficialista".
De igual forma, Palacios sentenció que el impuesto elimina las competencias municipales y locales, además de violar la Constitución.
"Establecer esta contribución de 1% a las empresas que obtengan más de 20 mil unidades tributarias sobre sus utilidad neta, atenta contra la competencia municipal al establecer una contribución que no es más que un impuesto oculto e inconsulto sin retribución. Y lo establece el Artículo 316 de la Carta Magna, que enuncia que el sistema tributario no puede ser confiscatorio", dice el experto tras explicar que el tributo se reflejará en el precio final de los bienes y servicios.
Para el sociólogo y experto en cultura y comunicación, Tulio Hernández, resulta "inaceptable" que el Estado, a través del Fondo Nacional de la Cultura, sea la única institución que maneje -sin explicarlo siquiera en la ley- el financiamiento para el sector cultural". A su juicio, el gobierno "insiste en privilegiar las culturas populares tradicionales como única base de la nacionalidad, y bajo la figura del 'ente rector' el Estado aparece como el único actor cultural, dejando de lado a los artistas, los creadores y la sociedad civil".
Excluyente e inconstitucional
De nuevo, salió a relucir en la discusión que se trata de un proyecto que excluye la participación de personas y entes ajenos al oficialismo. Además de ser una ley que viola los principios de libertad creadora contemplados en la Constitución.
"Estamos frente a un dispositivo sectarista que no incorpora la participación de personas que no sean militantes del oficialismo. Además, viola los artículos 98, 99 y 100 de la Carta Magna, sobre la libertad de la creación cultural, y en los que queda estipulado que ésta es libre. Por lo tanto, el Estado no debe intervenir e imponer contenidos y tendencias ideológicas", dice Hernández.
El diputado Luis Barragán, miembro de la comisión permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, se refirió al proyecto como "el monopolio cultural del Estado".
En este sentido, rechazó que la ley no haya sido discutida con todos los sectores del país y advirtió acerca de "la peligrosidad del artículo 22" sobre la censura cultural. "Una ley calificada de 'orgánica' obliga al oficialismo a someter a votación este dispositivo legal, que amerita ser discutido con todos los sectores del país y no restringir el debate solo al Psuv y al Polo Patriótico".
En relación con la censura cultural, sentenció que este artículo promueve la producción de contenidos y programación fundamentados en los principios de la cultura venezolana "orientados a profundizar la cultura de paz, urbanista, de respeto, solidaridad, soberanía, libertaria, democrática (... ) de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, lo cual es inadmisible pues no permitiremos que el Ministerio de la Cultura ejerza la censura y mucho menos nos remita a una ley de rango inferior cuando existe la Constitución".
La diputada a la Asamblea Nacional, María Corina Machado, expresó que el instrumento legal forma parte del "proyecto de dominación y sumisión" que lleva a cabo el gobierno nacional. Comentó: " Así como le ha tocado a las universidades, al sector sindical, a los medios de comunicación y al sector productivo, ahora le toca a la cultura con una ley que solo es un instrumento revelador de un modelo que quiere concentrar en el Estado toda la fuerza y el control, sometiendo en este caso al artista y a quienes lo apoyan y estimulan".
Para el concejal del distrito metropolitano, Freddy Guevara -quien antes de ser político fue músico-, "El ente rector, además de controlar todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la cultura, pretende dictar lo que se crea".
A su juicio, ninguna manifestación artística puede ser concebida si el creador o divulgador no está liberado de cualquier tipo de amarre "que no sean los que les dicta su conciencia". De modo que el miembro de Voluntad Popular, reitera su llamado a acompañar al sector de la cultura en la lucha activa y pacífica "para que esta ley no aniquile nuestra esencia que es la diversidad, esa mezcla de sangre europea, negra, indígena y colombiana que es lo que nos hace ricos y más temprano que tarde cuando venzamos este sistema opresor seremos reconocidos como una potencia cultural".
La historiadora Inés Quintero, confía en que "ni la ley ni la fuerza del Estado, van a doblegar ese ADN republicano y libertario que nos caracteriza".
El sector empresarial también se verá afectado por el Proyecto de Ley de Cultura. No sólo por la exclusión de las industrias privadas sino por la imposición que tienen de pagar el 1% de sus ganancias anuales para un fondo que administrará el Estado.
Ya la medida se aplicó a las leyes de Ciencia y Tecnología, también a la de Deportes. La de Cultura supone una carga más para el empresariado. "Estamos ante la presencia de un Estado quebrado que le pone pesos adicionales al sector privado, que cada día está más regulado. La consecuencia de eso es que algunas de las empresas que tienen fundaciones culturales, cuando se enfrenten en su balance financiero con ese impuesto, tendrán que evaluar si mantienen sus propias fundaciones. Si la ley se aprueba así será una estocada mortal", dijo Antonio López Ortega.
El gestor cultural indicó que la medida contradice los artículos de la Constitución sobre derechos culturales. "Hay un desconocimiento completo a la Constitución, que dice claramente que el Estado deberá velar y asegura los presupuestos de las políticas culturales (...) Decir que el financiamiento es potestad exclusiva del sector privado es contradictorio", explicó el escritor venezolano, que recordó que la Carta Magna indica que la ley establecerá incentivos y estímulos a personas e instituciones que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes o actividades culturales.
Hay empresas del sector que todavía desconocen si deberán pagar el impuesto. El Trasnocho, por ejemplo. al estar registrado como una fundación, es una de ellas. "Eso afectaría el presupuesto. Para nosotros es muy duro mantener la operación. Ya la Ley del trabajo nos obligó a reducir nuestras funciones. Eso influye en los ingresos", dijo Solveig Hoogesteijn, directora general del espacio ubicado en Las Mercedes. Así, la nueva ley perjudica a un sector de la cultura.
La Asamblea Nacional sancionó la Ley Orgánica de Cultura
Hemiciclo de la Asamblea Nacional / José Pacheco
Se aprobó la creación de un Fondo Nacional para la Cultura, que recibirá aportes de entes públicos y privados. Las personas jurídicas con actividad económica en el país aportarán el 1% de sus ganancias
14 DE AGOSTO 2013 - El nacional
Este martes, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley Orgánica de Cultura, constituida por 33 artículos, que será remitida al Ejecutivo para su promulgación y publicación en Gaceta Oficial.
La primera discusión de este proyecto de ley comenzó en 2005. Luego, el instrumento fue sometido a consulta pública que contó con la participación de representantes de la cultura, quienes establecieron mesas técnicas en diferentes estados del país con el fin de nutrirlo de propuestas en beneficio del sector.
Durante la discusión efectuada por los parlamentarios, este martes, fueron aprobados 19 artículos, en los cuales se hace énfasis en la corresponsabilidad entre el Poder Popular y el Estado.
Entre ellos se encuentro el artículo 10, que hace referencia a las políticas destinadas a la formación en valores propios de la identidad nacional. En el mismo se prevé la creación de planes y programas formativos, así como la generación de líneas de investigación que permitan enriquecer la cultura venezolana y latinoamericana.
Con la aprobación del artículo 16 se legaliza el diseño y seguimiento de las políticas públicas en materia cultural en corresponsabilidad entre el pueblo y el Estado.
El artículo 17, también aprobado este martes, define la gestión cultural como el conjunto de procesos generados y desarrollados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) en conjunto con el pueblo organizado, mientras que el 18 hace mención a los Consejos Populares de Cultura como espacios para la articulación y la toma de decisiones en lo cultural.
También fueron aprobados los artículos 19 y 20, vinculados al aspecto administrativo. El primero contempla la administración de recursos destinados al talento humano y el resguardo del patrimonio nacional, mientras que el segundo hace referencia a la controlaría de los recursos públicos asignados a la gestión cultural.
Por su parte, los artículos 21 y 22 plantean que el MPPC en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) y el Ministerio del Poder Popular para la Juventud (MPPJ) orientará la gestión cultural en el país a fin de fortalecer la identidad nacional en niños, niñas y adolescentes, promoviendo un pensamiento descolonizador.
Con el artículo 23 se aprueba la creación de un sistema integrado de bibliotecas públicas y privadas, a fin de ofrecer al pueblo información documental pertinente y oportuna.
Ley Orgánica de Cultura impulsará la creación, divulgación y promoción de obras cinematográficas nacionales, tal como lo expresa el artículo 24 de dicho instrumento legal. Igualmente, plantea el estímulo a la lectura a través de la democratización a los libros, según artículo 25.
En el artículo 26 se prevé la guarda y custodia de documentos históricos por parte del Archivo General de la Nación.
Del capítulo IV, concerniente a la promoción de la cultura venezolana en el exterior, fueron aprobados los artículos 27 y 28; en ellos se plantea el intercambio de saberes culturales con otros países y la formación de promotores culturales en el exterior.
Con la aprobación del artículo 29 se impulsa la transformación de las relaciones de producción en espacios culturales, promoviendo el desarrollo de experiencias socioproductivas desde espacios locales que tengan trabajo cultural.
Se aprobó también la creación de un Fondo Nacional para la Cultura, que recibirá aportes de entes públicos y privados. En este sentido, las personas jurídicas con actividad económica en el país aportarán el 1% de sus ganancias, así se encuentra expresado en los artículos 30 y 31.
En el artículo 32 se garantiza la protección social a los artistas y cultores populares. Y en el artículo 33 el financiamiento para la apertura de espacios socioculturales y deportivos.
El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, celebró la sanción de la ley. "Felicitaciones a la comunidad cultural! La Revolución dando ejemplo de ejercicio democrático y poder popular", escribió en su cuenta de Twitter, @descolonializa.
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