Una las críticas que le hacen a la Ley Orgánica de Cultura, aprobada por la Asamblea Nacional el miércoles pasado, es que en sus artículos 30 y 31 se crea el Fondo Nacional de Cultura, que será manejado por el ministerio y financiado gracias al aporte de 1% de las ganancias anuales de las empresas cuya utilidad neta supere 20.000 unidades tributarias que, si se calcula al precio actual de 107 bolívares, serían 2.140.000 bolívares.

Expertos creen que el Fondo Nacional de Cultura terminará con el mecenazgo

Con la Ley Orgánica de Cultura peligran los aportes de la empresa privada a la cultura popular y a las bellas artes | FOTO: Archivo

En otras leyes de América Latina, los estados involucran al sector privado con el arte mediante la exención de impuestos

MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ17 DE AGOSTO 2013 - El nacional

Una las críticas que le hacen a la Ley Orgánica de Cultura, aprobada por la Asamblea Nacional el miércoles pasado, es que en sus artículos 30 y 31 se crea el Fondo Nacional de Cultura, que será manejado por el ministerio y financiado gracias al aporte de 1% de las ganancias anuales de las empresas cuya utilidad neta supere 20.000 unidades tributarias que, si se calcula al precio actual de 107 bolívares, serían 2.140.000 bolívares.

Gladys Requena, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la AN, señaló que aún no está claro cómo funcionará este ente y que posiblemente las empresas privadas que posean fundaciones culturales pudieran estar exentas de esta contribución. Pero el temor de que los patrocinios privados terminen se extiende por todo el sector.

Para Antonio López Ortega, las empresas podrían disminuir su aporte a los proyectos culturales al verse obligadas a cumplir con el fondo. “No todas podrán responder y, a la hora de la verdad, las fundaciones se verán muy golpeadas”, dice el editor, quien durante más de 20 años fue gestor cultural. “En lugar de apuntalar la diversidad de fondos económicos y agentes, la LOC establece como único responsable del financiamiento de la cultura al Estado, pero a partir de las contribuciones privadas. Veo en esta medida la actitud de un Estado quebrado”.

.Ley “inconstitucional”. Tanto para López Ortega como para el abogado fiscal Leonardo Palacios, el fondo es anticonstitucional porque en el artículo 100 de la Constitución se contempla: “La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior”.

Palacio explica que durante años los incentivos habían sido la manera como la empresa privada, siempre que tuviera la disponibilidad de hacerlo, había ayudado al Gobierno a subsanar su deficiencia en el financiamiento de las actividades culturales, pero que con esta ley –que se suma a otras 24 contribuciones parafiscales que están ahogando al sector privado, como los aportes a los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Deportes y Antidrogas– el empresario podría inhibirse de financiar otros proyectos formativos. “Al final, este es un impuesto oculto a la actividad cultural”, apuntó Palacios, quien se queja de que el tributo se le cobre a todas las empresas y advierte que la redacción imprecisa de los artículos podría traer problemas en la aplicación de la LOC.

Ley “antimecenazgo”. Carlos Guzmán piensa también que con la LOC terminarán los aportes privados para el sector. El director de la Maestría en Gestión Cultural indica que la diferencia entre los mecanismos del mecenazgo y el fondo es que aquellos son más democráticos, porque le dan la opción al sector privado de decidir a qué proyectos les conviene otorgarle dinero. “En la propuesta de la ley no hay una lógica estratégica que diga en qué deberíamos invertir, y me parece el colmo que industrias culturales y creativas no sean tomadas en cuenta”, explica el especialista, que además se queja de que el ministerio pueda manejar discrecionalmente el financiamiento de los planes.

Un estudio que Guzmán presentó en 2001 al Conac, cuando el viceministro era Manuel Espinoza y se estudiaba la propuesta de una Ley de Mecenazgo en el país, señala que, de una muestra compuesta por 40 entrevistas realizadas a la alta gerencia de grandes empresas, 67% de los consultados consideraban que la educación era un área de inversión social prioritaria y 44% apostaba por el desarrollo cultural.

Esto parecía anunciar un buen clima para una norma que propusiera combinar los aportes del sector público con los del privado, pero la política se interpuso. Hoy no se habla de la Ley de Mecenazgo porque en la AN la tacharon por vender la cultura y por ser una forma de mercantilización. “El mecenazgo es un mecanismo de financiamiento para la cultura y no tiene que ver con una política neoliberal, aunque el Gobierno piense que es así”, explica Guzmán.

En Latinoamérica

Un antecedente en América Latina del Fondo Nacional de Cultura propuesto en la LOC es el creado en México en 1988 –Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA–, que desarrolla la creación independiente y cuyo patrimonio consta de recursos fiscales y contribuciones del sector privado, deducibles del impuesto a la renta y, en muchos casos, entrega aportes a iniciativas que cuentan con la mitad del financiamiento necesario para su realización. La diferencia de este con el planteado por la LOC, es que en aquel hay miembros del sector público y privado, lo que evita el uso discrecional de lo recaudado.

El ejemplo más exitoso es el de Brasil, con la Lei Rouanet de 1995, que permite a las empresas patrocinadoras de un proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura deducir hasta 4% del impuesto de la renta. La ley llevó el monto de los aportes en cultura de 14 millones a 270 millones de reales entre 1994 y 1998. Cada millón invertido creó 160 empleos.

Consulta inconsulta

En una entrevista reciente con El Nacional, la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la AN, Gladys Requena señaló que el Fondo Nacional de Cultura es una herramienta que permitirá combinar los aportes públicos y privados para el fomento de la cultura venezolana. "A esto nos referimos con la corresponsabilidad en cultura", dijo.

La figura de la "corresponsabilidad", ya había levantado suspicacias en las sesiones de la larga consulta pública sobre la Ley en la que participaron miembros de la empresa privada porque no se tipificaba en ninguna parte del marco legal. Sin embargo, en los encuentros que cerraron el 22 de julio no se discutió el documento que luego se introdujo en la AN: en la nueva versión se habían eliminado seis capítulos y se agregaron modificaciones y adiciones propuestas en mesas de trabajo, incluida una del Ministerio de Cultura, que luego no se consultaron públicamente. Entre las modificaciones se encuentra la política de financiamiento y la administración del Fondo, así como la ausencia de participación de actores distintos a los públicos o asociados al oficialismo -como las comunas- en su administración. Lo más grave, según voceros del sector, es que la Ley