Cuando en enero de 2013 entregó el despacho que durante 12 años ocupó en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León generó revuelo al proponer la eliminación de la Sala Constitucional, por considerar que ella "no ha hecho más que interpretaciones a favor del Gobierno y ha ido en contra de la justicia". 15 meses después y luego de leer decisiones como las que destituyeron y enviaron a la cárcel a los alcaldes de San Diego y San Cristóbal, los opositores Enzo Scarano y Daniel Ceballos, respectivamente; la que validó la expulsión de la diputada María Corina Machado del Parlamento; y la que el pasado jueves ilegalizó las manifestaciones que no tengan permiso, la jurista cree que su propuesta cobra más vigencia que nunca y así lo dejó en claro en esta entrevista

Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del TSJ

"Sala Constitucional no interpreta la Carta Magna, la distorsiona"

Considera que "la garantía de la convivencia son los tribunales y si la población deja de creer en ellos se invita a la justicia por cuenta propia, es decir a la violencia."

Para Mármol de León "el drama de Venezuela es que el golpe de Estado lo da el Gobierno" VICENTE CORREALE

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL

lunes 28 de abril de 2014  12:00 AM

Cuando en enero de 2013 entregó el despacho que durante 12 años ocupó en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León generó revuelo al proponer la eliminación de la Sala Constitucional, por considerar que ella "no ha hecho más que interpretaciones a favor del Gobierno y ha ido en contra de la justicia".

15 meses después y luego de leer decisiones como las que destituyeron y enviaron a la cárcel a los alcaldes de San Diego y San Cristóbal, los opositores Enzo Scarano y Daniel Ceballos, respectivamente; la que validó la expulsión de la diputada María Corina Machado del Parlamento; y la que el pasado jueves ilegalizó las manifestaciones que no tengan permiso, la jurista cree que su propuesta cobra más vigencia que nunca y así lo dejó en claro al conversar con este diario.

-¿Durante los 12 años que estuvo en el TSJ usted fue bastante crítica con la Sala Constitucional y pidió suprimirla, ante las últimas decisiones de esta instancia cree que su planteamiento debe ser tomado en cuenta?

-Claro y creo que el tiempo me sigue dando la razón. Es la Sala Constitucional la que gobierna a Venezuela. Si la Asamblea Nacional tiene necesidad de un respaldado a una actuación como el caso de la expulsión de María Corina Machado allí está la Sala Constitucional para legitimarla. Acabamos de ver las destitución, prisión e inhabilitación de los alcaldes, además de nuevas elecciones en todo un solo paquete. En ambos casos se va contra la voluntad popular. ¿Qué es lo que está haciendo la Sala Constitucional? Legitimar las actuaciones del Legislativo o del Ejecutivo. Es una instancia de Gobierno pero bajo el vestido de decisiones judiciales.

Hoy estoy más segura que nunca que debe ser eliminada, porque además se considera que está por encima de las otras salas del TSJ y se ha convertido en un ente de Gobierno. 

-Algunos podrían decir que su propuesta se debe a que le guarda rencor a esa Sala porque en 2004 trató de procesarla a usted.

-(Risas) En mi defensa debo de decir que mi opinión sobre la Sala Constitucional la vengo sosteniendo desde antes de me intentaran procesar. Antes de ser agredida ya pensaba que la Sala debía ser eliminada.

-La Constitución le confiere a esta instancia la tarea de velar por el cumplimiento de sus disposiciones. ¿A su juicio ha cumplido esa tarea?

-No, en lo absoluto. La Sala Constitucional lejos de interpretar y hacer respetar los preceptos constitucionales se ha convertido en una especie de traductora, porque al final nos traduce. Donde leemos algo en perfecto castellano ella nos dice que dice otra cosa. Ella distorsiona, altera las normas constitucionales.

-Recientemente la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales acusó a los magistrados de la Sala Constitucional de haber derogado la Constitución. ¿No es una exageración?

-No creo que sea una exageración. El drama de Venezuela es que el golpe de Estado lo da el Gobierno, el Estado. La Sala Constitucional forma parte del Gobierno y el golpe viene desde allí, porque ella con sus interpretaciones lo que ha hecho es transformar el modelo de Estado previsto en la Carta Magna. La Sala Constitucional utiliza la Constitución, no la interpreta. Los magistrados utilizan la Constitución para llegar a las conclusiones que les interesan.

-Pero eso no es nuevo, eso viene ocurriendo desde su nacimiento cuando definió lo que era la sociedad civil, cuando dijo quién tenía derecho o no a réplica, cuando estableció que ella decidía qué fallo de un organismo internacional se ejecuta y cuál no o cuando ha reescrito leyes. 

-Ciertamente el problema no es nuevo y se ha extendido porque nadie la ha detenido, pero el problema cómo la detienes si está establecido constitucionalmente que es ella la intérprete de la Constitución y la Constitución es la Biblia para el funcionamiento de la democracia. Si ella se ha arrogado la potestad de revisar las decisiones de la Sala Plena del TSJ, de la que forma parte, entonces estamos desarmados y de allí la propuesta de eliminarla. La Sala Constitucional está fuera del control constitucional. ¿Por qué quién la controla? ¿La Asamblea? ¿La Fiscal?

-¿Visto lo ocurrido con los alcaldes y la diputada Machado no sería descabellado pensar que en algún momento pueda incluso remover a quien ocupe la Presidencia de la República? 

-Podría. Podría sacar una interpretación que le permita eso en algún momento.

-Usted es experta en Derecho Penal. ¿La Sala Constitucional tiene potestad para decidir sobre la libertad de las personas? ¿Podía enviar a Scarano y a Ceballos a la cárcel? 

-Allí lo que vale recalcar es que esta privación de libertad se basa en un desacato de un amparo que no está en el Código Penal. La Sala Constitucional mantuvo durante mucho tiempo que en estos casos había que ir a un juicio penal, porque era una pena y para eso era necesario garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, pero en la práctica no se celebraban los juicios y terminaban prescribiendo los casos y los amparos no se cumplían.

Sin embargo, repentinamente cambió de parecer y diseñó un procedimiento con una sola audiencia, en la cual le desestimaron los testigos a los alcaldes, les dijeron que sus pruebas no servían y decidieron que hubo desacato, ordenaron su arresto y los destituyeron. Los magistrados de la Sala Constitucional se autoerigieron en jueces penales.

-La ley de amparo no prevé el procedimiento para castigar el desacato y por ello la Sala desarrolló un procedimiento como si fuera un legislador. ¿Desde su punto de vista, cómo debería ese procedimiento para estar ajustado a la Constitución?

-Habría que mantener en mente cuál es la finalidad de la norma: Disuadir a la persona de desacatar el amparo. En el supuesto de que un funcionario no acate un amparo obviamente debe ser destituido, pero luego de un procedimiento que garantice un mínimo de defensa y el debido proceso. En estos casos no lo hubo, porque fue una audiencia larga, en la que quedaron exhaustos y en la que se precipitaron las pruebas presentadas (... ) Habría que establecer un procedimiento que dé la oportunidad de defensa, con tiempos razonables y con asistencia de abogados para que se demuestre si fue voluntario el desacato y establecer la sanciones que irían desde multas, suspensión del cargo hasta la destitución.

-El TSJ autorizó a los demás tribunales a aplicar este procedimiento ¿Corremos el riesgo de tener miles de arrestados?

-Sí, porque se puede recurrir al recurso de acudir al amparo y después denunciar desacatos y enviar a la gente a prisión. Es una patente de corso.

-¿Qué le parece esta estrategia a la que viene recurriendo la Sala de dictar sentencias conjuntas? 

-Es como refugiarse en el anonimato, es decir la hicimos todos pero ninguno. No hay manera de responsabilizar a alguien sobre este criterio. Cada juez debe responder por sus ejecutorias.

-Hay quienes sostienen que la justicia venezolana no es independiente y el hecho de que la Sala Constitucional no haya dictado una sentencia contraria al Gobierno desde 2003 refuerza esto. ¿Eso o no independiente la justicia?

-En la Sala Político Administrativa el balance es igual y esa estadística habla por si misma. No es posible que casi en el 100% de las acciones el Estado salga favorecido. Esto lo que nos lleva es a concluir que es inútil actuar en los tribunales y que la gente lo hace por cumplir las formalidades.

-¿Hay algún riesgo en que la gente no crea en sus tribunales? 

-Claro, porque la gente puede entender que debe hacer justicia por su propia mano. La garantía de la convivencia son los tribunales y si la población deja de creer en ellos se invita a la justicia por cuenta propia, es decir a la violencia.

-En el proceso de diálogo que han entablado el Gobierno y la oposición se ha planteado la renovación equilibrada de los poderes ¿Qué espera que ocurra en el TSJ, donde hay que cubrir su vacante y la de diez magistrados más?

-Equilibrio no va haber nunca. La proporción que podría cambiar gracias a este diálogo sería muy pequeña. Sin embargo, creo que sería un éxito que algunas personas con criterio entraran al TSJ, pero hay que advertir a los ciudadanos que seguirá prevaleciendo esta actitud de convalidación de las acciones de los otros poderes.