Jessy Divo, Pablo Aure, Cecilia Sosa, Carlos Graffe y Felipe Mujica rechazan sentencia sobre protestas
“TSJ pretende intimidar, coaccionar y sembrar temor en quienes protestan”
- Estudiantes y sociedad civil protestaron en la Autopista del Este, frente a Palma Real, contra la medida. ( / Raul Galindo Galian)
Valencia, abril 25 (Ylián Terán / Ketherine Ledo / Daisy Linares / Maciel Castillo).- La rectora y el secretario de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo y Pablo Aure -respectivamente-, la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, el dirigente estudiantil Carlos Graffe y el presidente del MAS, Felipe Mujica, se pronunciaron sobre la sentencia del TSJ que prohíbe las manifestaciones pacíficas sin permiso, coincidiendo en que es una medida que busca intimidar a los venezolanos.
Jessy Divo de Romero, consideró que la medida busca cercenar el derecho constitucional de los venezolanos.
Opinó que la Sala Constitucional del TSJ confunde el deber que tienen los organizadores de reuniones públicas pacíficas, de participar al Alcalde, con 24 horas de anticipación, la decisión de realizar una marcha o una concentración, fecha y lugar de la misma, con una solicitud de autorización.
“Pretender que un funcionario público sea quien discrecionalmente decida si yo tengo o no derecho a manifestar públicamente, sin duda es una limitación grosera e irrespetuosa a mis derechos constitucionales como ciudadana”, manifestó.
Comentó que aunque esta sentencia lo que pretende es intimidar, coaccionar, presionar e infundir temor en las personas que hasta hoy siguen ejerciendo libremente el derecho constitucional de la protesta, “yo creo que se equivoca el TSJ”.
Recordó que la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, dispone que se debe presentar al Alcalde es un escrito de participación, con el fin de poner en conocimiento a la primera autoridad civil del evento que se realizará, así como el lugar y la ruta.
Consideró que, de acuerdo a la interpretación del TSJ, pretenden atribuirle a los alcaldes facultades que no tienen: Negarle discrecionalmente la realización de una marcha.
Dijo que la Sala Constitucional también toca el tema de la competencia compartida de los cuerpos de seguridad policial relacionada con el orden de control público “y pareciera que cualquier cuerpo de seguridad puede arremeter o atacar a las personas que se encuentran reunidas si no tienen la autorización”.
Divo de Romero lamentó que las grandes instituciones del país, sobre todo la justicia, no gozan de la autonomía necesaria para emitir decisiones objetivas cuando se les presenta esta clase de situación “y allí es donde la institución debe estar muy por encima del Gobierno”.
Por lo que su llamado al TSJ es a que evalúe formalmente este tipo de decisiones. “No puede ser que se llegue al extremo de pretender obviar y desconocer un texto constitucional simplemente porque se sabe que la gente va a seguir protestando en la medida que no se resuelvan los problemas del país.
“Los estudiantes están reclamando todo lo que reclama el pueblo de Venezuela (...) y el Ejecutivo no puede seguir y mantenerse sordo a una realidad, más bien deben comprometer a todos a la solución de los problemas, por lo que siempre he dicho que no hay un diálogo sincero y un mensaje sincero mientras se pretenda esconder lo que pasa en el país”, concluyó.
Pablo Aure: Quieren provocar
y desafiar a los venezolanos
Para el secretario de la UC, Pablo Aure, la medida busca provocar y desafiar al pueblo que ha decido salir a las calles a manifestar.
Insistió que el derecho a protestar es una libertad de expresión que a su vez es un derecho humano que no se puede limitar. “O se tiene o no se tiene”, expresó el académico, quien además opinó que para manifestar no hace falta pedir permiso.
“Esta decisión es una provocación del TSJ, pero no tengo duda que la misma será superada por la voluntad popular cuando desee expresar su descontento por cualquier cosa. ¿Se imaginan protestar por falta de gas y que el Alcalde no dé la autorización?”, cuestionó.
Insistió en que mientras más se reprima, se regule y se limite el derecho a protestas, el régimen es menos democrático “y hemos visto que este régimen lo que trata es de silenciar y evitar las manifestaciones, por lo tanto un régimen que limite las manifestaciones jamás puede considerarse como un sistema democrático”.
Cecilia Sosa: Es inejecutable
A juicio de la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, la decisión de la Sala Constitucional no es absoluta y admite restricciones para su ejercicio, es inejecutable, no solo por establecer responsabilidad penal sobre quienes soliciten el permiso, sino porque otorga competencias a las policías municipales para reprimir acciones de calle, aún cuando no están dotadas para eso.
Dijo que además deja en manos de los alcaldes y gobernadores el derecho de los ciudadanos y otros aspectos que -opinó- dejan en evidencia que el Gobierno no sabe qué hacer con las protestas.
Aseguró que esto convertirá ahora las protestas en manifestaciones desobedientes donde todos quedan con una marca en el sistema penal, dejando además sin resolver qué sucederá con las personas que participen en la protesta. “¿Qué van a hacer? ¿Van todos presos?”, exclamó.
Sosa resaltó que el Gobierno partidizó las manifestaciones al aplicar la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, porque las asoció a temas de organizaciones políticas, cuando los ciudadanos pueden manifestar por situaciones cotidianas como falta de luz, agua, escasez de alimentos, etc.; cuando no todas las protestas necesariamente ocurren por un tema político.
Además de ello, resaltó que con esta decisión “perdieron todos”, puesto que el derecho de los ciudadanos recaerá en manos de los gobernadores y alcaldes, quienes quedaron seriamente comprometidos pudiendo ser hasta sancionados por dar o negar autorizaciones.
Explicó que a partir de este momento a los ciudadanos no les queda más que hacer uso del artículo 53, de los derechos civiles, que establece que “toda persona tiene derecho a reunirse pública y privadamente sin permiso previo”.
Carlos Graffe: Demuestran que le tienen miedo al pueblo en la calle
El dirigente juvenil carabobeño, Carlos Graffe, consideró la medida como “nefasta”, porque según su criterio, “demuestra que el Gobierno le teme al pueblo en la calle”.
-Una vez más el TSJ violó la Constitución y los derechos humanos, al emitir una decisión donde prohíbe las manifestaciones pacíficas que no cuenten con “permiso” de alcaldías o gobernaciones y que además “de manera aberrante invita a los cuerpos de seguridad a reprimir las manifestaciones pacíficas y legítimas de los venezolanos”.
El dirigente dijo que la sentencia del máximo tribunal del país deja claro “el enorme miedo que los que hoy gobiernan le tienen al pueblo organizado y que en las calles exigen sus derechos de manera pacífica”.
“Las protestas continuarán con más fuerza”.
Felipe Mujica: Dejan indefensos
a los ciudadanos que manifiestan
Por su parte, el secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, consideró que la resolución es autoritaria, y deja indefensos a los ciudadanos venezolanos que salgan a protestar.
Afirmó que a los alcaldes les llegan sus competencias hasta el momento en que respondan a un permiso, si lo otorgan o no.
“Pero de ahí, a dejar las puertas abiertas para que los organismos de seguridad del Estado actúen de la manera como está establecido en ese fallo es un riesgo sumamente grande”.
Protestaron contra la medida
Estudiantes y sociedad civil se concentraron en las adyacencias de la urbanización Palma Real de Naguanagua, para protestar en contra de la resolución del TSJ. Los jóvenes aseguran que “estamos en la calle y nos mantendremos en ella. Queremos demostrarle al Gobierno que no le tenemos miedo a esa decisión que sataniza la protesta pacífica”, destacó Brenda Briceño, miembro de la Junta Patriótica José Félix Ribas.
La manifestación inició a las 11:00 a.m. aproximadamente, en la vía de servicio de la referida urbanización que se encuentra frente a la Autopista del Este. Minutos después, los jóvenes y sociedad civil tomaron un canal de la autopista, coreando consignas y desplegando banderas.
A las 11:30 una comisión de la Policía de Carabobo se apersonó al lugar para orientar el tráfico a esta altura de la importante arteria vial.
Los manifestantes se mantuvieron en el lugar hasta las 2:00 de la tarde y luego se retiraron.
Jessy Divo de Romero, consideró que la medida busca cercenar el derecho constitucional de los venezolanos.
Opinó que la Sala Constitucional del TSJ confunde el deber que tienen los organizadores de reuniones públicas pacíficas, de participar al Alcalde, con 24 horas de anticipación, la decisión de realizar una marcha o una concentración, fecha y lugar de la misma, con una solicitud de autorización.
“Pretender que un funcionario público sea quien discrecionalmente decida si yo tengo o no derecho a manifestar públicamente, sin duda es una limitación grosera e irrespetuosa a mis derechos constitucionales como ciudadana”, manifestó.
Comentó que aunque esta sentencia lo que pretende es intimidar, coaccionar, presionar e infundir temor en las personas que hasta hoy siguen ejerciendo libremente el derecho constitucional de la protesta, “yo creo que se equivoca el TSJ”.
Recordó que la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, dispone que se debe presentar al Alcalde es un escrito de participación, con el fin de poner en conocimiento a la primera autoridad civil del evento que se realizará, así como el lugar y la ruta.
Consideró que, de acuerdo a la interpretación del TSJ, pretenden atribuirle a los alcaldes facultades que no tienen: Negarle discrecionalmente la realización de una marcha.
Dijo que la Sala Constitucional también toca el tema de la competencia compartida de los cuerpos de seguridad policial relacionada con el orden de control público “y pareciera que cualquier cuerpo de seguridad puede arremeter o atacar a las personas que se encuentran reunidas si no tienen la autorización”.
Divo de Romero lamentó que las grandes instituciones del país, sobre todo la justicia, no gozan de la autonomía necesaria para emitir decisiones objetivas cuando se les presenta esta clase de situación “y allí es donde la institución debe estar muy por encima del Gobierno”.
Por lo que su llamado al TSJ es a que evalúe formalmente este tipo de decisiones. “No puede ser que se llegue al extremo de pretender obviar y desconocer un texto constitucional simplemente porque se sabe que la gente va a seguir protestando en la medida que no se resuelvan los problemas del país.
“Los estudiantes están reclamando todo lo que reclama el pueblo de Venezuela (...) y el Ejecutivo no puede seguir y mantenerse sordo a una realidad, más bien deben comprometer a todos a la solución de los problemas, por lo que siempre he dicho que no hay un diálogo sincero y un mensaje sincero mientras se pretenda esconder lo que pasa en el país”, concluyó.
Pablo Aure: Quieren provocar
y desafiar a los venezolanos
Para el secretario de la UC, Pablo Aure, la medida busca provocar y desafiar al pueblo que ha decido salir a las calles a manifestar.
Insistió que el derecho a protestar es una libertad de expresión que a su vez es un derecho humano que no se puede limitar. “O se tiene o no se tiene”, expresó el académico, quien además opinó que para manifestar no hace falta pedir permiso.
“Esta decisión es una provocación del TSJ, pero no tengo duda que la misma será superada por la voluntad popular cuando desee expresar su descontento por cualquier cosa. ¿Se imaginan protestar por falta de gas y que el Alcalde no dé la autorización?”, cuestionó.
Insistió en que mientras más se reprima, se regule y se limite el derecho a protestas, el régimen es menos democrático “y hemos visto que este régimen lo que trata es de silenciar y evitar las manifestaciones, por lo tanto un régimen que limite las manifestaciones jamás puede considerarse como un sistema democrático”.
Cecilia Sosa: Es inejecutable
A juicio de la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, la decisión de la Sala Constitucional no es absoluta y admite restricciones para su ejercicio, es inejecutable, no solo por establecer responsabilidad penal sobre quienes soliciten el permiso, sino porque otorga competencias a las policías municipales para reprimir acciones de calle, aún cuando no están dotadas para eso.
Dijo que además deja en manos de los alcaldes y gobernadores el derecho de los ciudadanos y otros aspectos que -opinó- dejan en evidencia que el Gobierno no sabe qué hacer con las protestas.
Aseguró que esto convertirá ahora las protestas en manifestaciones desobedientes donde todos quedan con una marca en el sistema penal, dejando además sin resolver qué sucederá con las personas que participen en la protesta. “¿Qué van a hacer? ¿Van todos presos?”, exclamó.
Sosa resaltó que el Gobierno partidizó las manifestaciones al aplicar la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, porque las asoció a temas de organizaciones políticas, cuando los ciudadanos pueden manifestar por situaciones cotidianas como falta de luz, agua, escasez de alimentos, etc.; cuando no todas las protestas necesariamente ocurren por un tema político.
Además de ello, resaltó que con esta decisión “perdieron todos”, puesto que el derecho de los ciudadanos recaerá en manos de los gobernadores y alcaldes, quienes quedaron seriamente comprometidos pudiendo ser hasta sancionados por dar o negar autorizaciones.
Explicó que a partir de este momento a los ciudadanos no les queda más que hacer uso del artículo 53, de los derechos civiles, que establece que “toda persona tiene derecho a reunirse pública y privadamente sin permiso previo”.
Carlos Graffe: Demuestran que le tienen miedo al pueblo en la calle
El dirigente juvenil carabobeño, Carlos Graffe, consideró la medida como “nefasta”, porque según su criterio, “demuestra que el Gobierno le teme al pueblo en la calle”.
-Una vez más el TSJ violó la Constitución y los derechos humanos, al emitir una decisión donde prohíbe las manifestaciones pacíficas que no cuenten con “permiso” de alcaldías o gobernaciones y que además “de manera aberrante invita a los cuerpos de seguridad a reprimir las manifestaciones pacíficas y legítimas de los venezolanos”.
El dirigente dijo que la sentencia del máximo tribunal del país deja claro “el enorme miedo que los que hoy gobiernan le tienen al pueblo organizado y que en las calles exigen sus derechos de manera pacífica”.
“Las protestas continuarán con más fuerza”.
Felipe Mujica: Dejan indefensos
a los ciudadanos que manifiestan
Por su parte, el secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, consideró que la resolución es autoritaria, y deja indefensos a los ciudadanos venezolanos que salgan a protestar.
Afirmó que a los alcaldes les llegan sus competencias hasta el momento en que respondan a un permiso, si lo otorgan o no.
“Pero de ahí, a dejar las puertas abiertas para que los organismos de seguridad del Estado actúen de la manera como está establecido en ese fallo es un riesgo sumamente grande”.
Protestaron contra la medida
Estudiantes y sociedad civil se concentraron en las adyacencias de la urbanización Palma Real de Naguanagua, para protestar en contra de la resolución del TSJ. Los jóvenes aseguran que “estamos en la calle y nos mantendremos en ella. Queremos demostrarle al Gobierno que no le tenemos miedo a esa decisión que sataniza la protesta pacífica”, destacó Brenda Briceño, miembro de la Junta Patriótica José Félix Ribas.
La manifestación inició a las 11:00 a.m. aproximadamente, en la vía de servicio de la referida urbanización que se encuentra frente a la Autopista del Este. Minutos después, los jóvenes y sociedad civil tomaron un canal de la autopista, coreando consignas y desplegando banderas.
A las 11:30 una comisión de la Policía de Carabobo se apersonó al lugar para orientar el tráfico a esta altura de la importante arteria vial.
Los manifestantes se mantuvieron en el lugar hasta las 2:00 de la tarde y luego se retiraron.
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