Maduro amenaza al diputado Cocchiola con meterlo preso
El Presidente ordenó la reestructuración del Ipsfa por estar "privatizado"
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Maduro llamó a reformar el Ipsfa y convertirla en verdaderamente socialista. AVN
PEDRO PABLO PEÑALOZA | EL UNIVERSAL
jueves 14 de noviembre de 2013
De materializarse la amenaza proferida ayer por el presidente Nicolás Maduro, la Mesa de la Unidad Democrática podría perder no solo un diputado más sino su candidato a la importante Alcaldía de Valencia.
Luego de presenciar los ejercicios militares del sistema denominado "Patria Inexpugnable" en El Pao, estado Cojedes, Maduro cargó sus baterías contra el parlamentario Miguel Cocchiola al que acusó de "ladrón" por ser dueño de la empresa Imeca, que -aseguró- estaba "robando al pueblo".
"¿Quién es el dueño de Imeca? Un diputado de Valencia de apellido Cocchiola, y ahora quiere ser alcalde de Valencia. Como él es diputado, cree que no se le puede inspeccionar ni se le puede castigar. Que vaya creyendo, pues, asimismo se le ha abierto la investigación por Fiscalía y si tiene que ir preso, va a ir preso. Señor Cocchiola, es un ladrón", fijó posición el Jefe de Estado, flanqueado por la ministra de Defensa, Carmen Meléndez Rivas.
Maduro indicó que el martes realizaron una "inspección económica" a la compañía propiedad del legislador. "Le caímos simultáneamente y en todas (las sucursales) estaban vendiendo productos vencidos hace varios años. Estaban vendiendo puertas y ventanas de madera, llenas de polillas por dentro, con 800% de aumento exorbitante en sus precios. ¿De dónde viene la madera, la materia prima que utilizan? Toda la materia prima para los productos que ellos venden es venezolana", sostuvo.
Si el Ministerio Público actúa con la celeridad mostrada en casos similares, Cocchiola podría unirse en los próximos días a la lista integrada por sus colegas Richard Mardo (PJ-Aragua), Juan Carlos Caldera (PJ-Miranda) y María Aranguren (Migato-Monagas), todos procesados por la justicia.
El otro escenario no es más alentador: si la Fiscalía General no ejecuta antes del domingo 8 de diciembre y Cocchiola gana las elecciones, al asumir como alcalde perdería de inmediato la inmunidad parlamentaria. Esto simplificaría aún más su enjuiciamiento.
Ipsfa socialista
Maduro aprovechó la ocasión, rodeado de militares, para anunciar que había ordenado la reestructuración total del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa).
"En el Ipsfa los precios están más altos que en cualquier lugar de Caracas", cuestionó el mandatario nacional, que pidió a los uniformados "la máxima comprensión y el máximo apoyo" para llevar adelante la transformación del organismo.
El dignatario señaló que las tiendas que funcionan en esa institución no tienen nada que ver con la previsión social.
"Se ha convertido en el instituto privatizado porque son puras tiendas privadas que vienen a especular a la familia militar", argumentó Maduro, quien desea que el ente "se convierta en un instituto de protección social de la familia militar".
El Presidente apuntó que la almiranta en jefa Meléndez Rivas se ocupará del "proceso de reestructuración, en el marco de la Misión Negro Primero".
En la actualidad, el presidente del Ipsfa es el general de División del Ejército, Alexander Hernández Quintana. La web del organismo (www.ipsfa.mil.ve) incluye los principios de un "plan de transformación" que estaría en marcha.
Luego de presenciar los ejercicios militares del sistema denominado "Patria Inexpugnable" en El Pao, estado Cojedes, Maduro cargó sus baterías contra el parlamentario Miguel Cocchiola al que acusó de "ladrón" por ser dueño de la empresa Imeca, que -aseguró- estaba "robando al pueblo".
"¿Quién es el dueño de Imeca? Un diputado de Valencia de apellido Cocchiola, y ahora quiere ser alcalde de Valencia. Como él es diputado, cree que no se le puede inspeccionar ni se le puede castigar. Que vaya creyendo, pues, asimismo se le ha abierto la investigación por Fiscalía y si tiene que ir preso, va a ir preso. Señor Cocchiola, es un ladrón", fijó posición el Jefe de Estado, flanqueado por la ministra de Defensa, Carmen Meléndez Rivas.
Maduro indicó que el martes realizaron una "inspección económica" a la compañía propiedad del legislador. "Le caímos simultáneamente y en todas (las sucursales) estaban vendiendo productos vencidos hace varios años. Estaban vendiendo puertas y ventanas de madera, llenas de polillas por dentro, con 800% de aumento exorbitante en sus precios. ¿De dónde viene la madera, la materia prima que utilizan? Toda la materia prima para los productos que ellos venden es venezolana", sostuvo.
Si el Ministerio Público actúa con la celeridad mostrada en casos similares, Cocchiola podría unirse en los próximos días a la lista integrada por sus colegas Richard Mardo (PJ-Aragua), Juan Carlos Caldera (PJ-Miranda) y María Aranguren (Migato-Monagas), todos procesados por la justicia.
El otro escenario no es más alentador: si la Fiscalía General no ejecuta antes del domingo 8 de diciembre y Cocchiola gana las elecciones, al asumir como alcalde perdería de inmediato la inmunidad parlamentaria. Esto simplificaría aún más su enjuiciamiento.
Ipsfa socialista
Maduro aprovechó la ocasión, rodeado de militares, para anunciar que había ordenado la reestructuración total del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa).
"En el Ipsfa los precios están más altos que en cualquier lugar de Caracas", cuestionó el mandatario nacional, que pidió a los uniformados "la máxima comprensión y el máximo apoyo" para llevar adelante la transformación del organismo.
El dignatario señaló que las tiendas que funcionan en esa institución no tienen nada que ver con la previsión social.
"Se ha convertido en el instituto privatizado porque son puras tiendas privadas que vienen a especular a la familia militar", argumentó Maduro, quien desea que el ente "se convierta en un instituto de protección social de la familia militar".
El Presidente apuntó que la almiranta en jefa Meléndez Rivas se ocupará del "proceso de reestructuración, en el marco de la Misión Negro Primero".
En la actualidad, el presidente del Ipsfa es el general de División del Ejército, Alexander Hernández Quintana. La web del organismo (www.ipsfa.mil.ve) incluye los principios de un "plan de transformación" que estaría en marcha.
Exigen procesar a Maduro por instigar a delinquir
Tres diputados de la MUD denunciaron al mandatario en la Fiscalía
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Díaz, Ruiz y Dávila a las puertas del Ministerio Público CORTESÍA
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
jueves 14 de noviembre de 2013
"He ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precio justo, todos los productos, todos, que no quede nada en los anaqueles". Para la oposición estas palabras, pronunciadas por el presidente Nicolás Maduro en la noche del viernes, propiciaron los saqueos o conatos de saqueos que se han registrado en distintos puntos del país en los últimos días y por ello exigieron al Ministerio Público que lo procese.
La demanda la realizaron los diputados Abelardo Díaz, Homero Ruiz y Williams Dávila, quienes ayer acudieron al edificio donde la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, tiene su despacho para solicitarle que procese al primer mandatario por presuntamente estar incurso en los delitos de instigación a delinquir, instigación al odio e instigación a la devastación y al saqueo.
"El pueblo de Venezuela lo vio y lo escuchó fue público y comunicacional que el Presidente utilizó esta frase 'que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes' esto se pudo haber interpretado como una incitación a delinquir, a saquear, lo cual constituye un delito de acuerdo a la normativa penal vigente", afirmó Díaz, quien agregó: "Podrá ser muy Presidente, pero no tiene patente de corso para delinquir. Llamar al pueblo a saquear no es una medida económica, es un delito sancionable".
Por último, el legislador admitió que no cree que la jefa del Ministerio Público procese su petición, debido a que "su militancia política hace que esto equivalga a entregar esto en el Palacio de Miraflores", pero dijo que decidieron hacerlo "porque es nuestro deber como representantes del pueblo".
La demanda la realizaron los diputados Abelardo Díaz, Homero Ruiz y Williams Dávila, quienes ayer acudieron al edificio donde la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, tiene su despacho para solicitarle que procese al primer mandatario por presuntamente estar incurso en los delitos de instigación a delinquir, instigación al odio e instigación a la devastación y al saqueo.
"El pueblo de Venezuela lo vio y lo escuchó fue público y comunicacional que el Presidente utilizó esta frase 'que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes' esto se pudo haber interpretado como una incitación a delinquir, a saquear, lo cual constituye un delito de acuerdo a la normativa penal vigente", afirmó Díaz, quien agregó: "Podrá ser muy Presidente, pero no tiene patente de corso para delinquir. Llamar al pueblo a saquear no es una medida económica, es un delito sancionable".
Por último, el legislador admitió que no cree que la jefa del Ministerio Público procese su petición, debido a que "su militancia política hace que esto equivalga a entregar esto en el Palacio de Miraflores", pero dijo que decidieron hacerlo "porque es nuestro deber como representantes del pueblo".
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