Ejecutivo pretente debilitar a Valencia para conformar el estado comunal
Alfredo Fermín
afermin@el-carabobeno.com
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El constitucionalista Aníbal Rueda denunció que a partir de la publicación del decreto 666, que le confisca a Valencia las parroquias Miguel Peña, Rafael Urdaneta y Santa Rosa, los bienes inmuebles para construir la ciudad Hugo Chávez pueden ser ocupados sin procedimiento administrativo, que de garantía a sus dueños el derecho de defensa de propiedad sino de la solicitud del ente proyectista y de la voluntad omnipotente del coordinador de la Autoridad Unica de Area.
El decreto 666 fue emitido por el presidente Nicolás Maduro junto con los decretos 664 y 665 que despoja a Valencia de bienes patrimoniales, para desarrollar una ciudad que llevará el nombre del difunto Hugo Chávez.
El fin único de ese decreto -comentó el doctor Rueda- es la creación de una ciudad dentro de otra ciudad, como mecanismo de debilitamiento de las capitales de los municipios a través de las ciudadelas para la conformación del estado comunal. “En esta oportunidad, se utiliza el nombre del presidente fallecido, mañana será el del Ché Guevara o Fidel Castro. Por esta vía cada parroquia podrá ser convertida en ciudad, disolviendo a Valencia”.
Desviación de poder
Rueda, quien fue rector de la Universidad de Carabobo y magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, luego de analizar el decreto 666 informó que se fundamenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública, contenida en el decreto ley 6217 del 15 de julio de 2008, dictada en ejecución de la Ley Habilitante del 1 de febrero de 2007, que reeditó la propuesta de la Reforma Constitucional rechazada por el pueblo que creaba organizaciones a cargo de funcionarios que, el Presidente de la República, podía nombrar y remover libremente, sustituyendo competencias propias de las entidades federales y municipales.
Con esta reforma legislativa de 2008, el presidente Chávez incurriendo en abierta desviación de poder, incluyó en la administración central: las juntas sectoriales, las autoridades regionales, los consejos nacionales, las comisiones y los comisionados presidenciales, las autoridades únicas de área y los sistemas de apoyo de la administración pública, indicó.
La Autoridad única de Area, rechazada en el referendo de 2007, es la figura organizativa que se impone a Carabobo, específicamente al municipio Valencia al desmembrarse del mismo las parroquias Santa Rosa, Rafael Urdaneta y Miguel Peña. “El ámbito espacial, reservado a la Autoridad Unica queda sometido a un régimen especial, que tal como lo señalara el excelentísimo arzobispo Reinaldo Del Prette, ajeno al quehacer jurídico, no aparece en el texto constitucional”.
Un atentado
Rueda, uno de los especialistas del Derecho más reconocidos del país, afirma que el decreto 666 atenta contra las atribuciones constitucionales del gobernador y del alcalde y violenta lineamientos del régimen legal de ordenamiento territorial, cercenado por la Ley Orgánica de la Administración Pública, por cuanto determina que el manejo y ordenación del territorio estará a cargo del Ejecutivo Nacional. “Dando un pase más de avance hacía la centralización y disminuyendo aún más la descentralización como forma del Estado Venezolano”.
El decreto 666 establece que durante dos años queda congelado el desarrollo social y económico de las parroquias Miguel Peña, Santa Rosa y Rafael Urdaneta, las cuales quedan sometidas a la sobrepuesta Autoridad Unica para que elabore, planifique programas de ordenación territorial. “Los electores de Carabobo, que manifestaron su voluntad mayoritaria por el gobernador Francisco Ameliach y por Miguel Cocchiola para alcalde de Valencia, quedan burlados por el decreto al cambiárseles su voluntad por la impuesta por el Presidente de la República”.
Grosera intervención
El ordinal 9 del artículo 5 del decreto 666 -argumenta Aníbal Rueda- implica una grosera intervención de la autonomía municipal al establecer, como objeto de específico de la Autoridad Unica: coordinar y asesorar a la autoridad municipal en la formulación de los planes de ordenamiento urbanístico y en la gestión ambiental local.
El coordinador de la Autoridad Única de Área (Saúl Ameliach) tiene entre atribuciones según el artículo 6, ordinal 4: acordar las solicitudes sobre autorizaciones y aprobaciones de ocupación del territorio para ser ejecutados en el ámbito territorial administrado.
El doctor Rueda interpreta que de acuerdo a esta disposición del presidente Nicolás Maduro, la extensión territorial que conforman las parroquias Santa Rosa, Miguel Peña y Rafael Urdaneta, queda desamparada de su derecho de propiedad consagrado en la Constitución Económica. “En efecto, se habla claramente de ocupación lo cual no es expropiación sino confiscación cuyas autorizaciones otorgará el coordinador de la Autoridad Unica”.
El Carabobeño 30 diciembre 2013
El Carabobeño 30 diciembre 2013
Gobierno busca arrebatar ingresos por patentes de la zona industrial
El general Humberto Seijas Pittaluga advirtió que la intención del Gobierno nacional con la creación de una Autoridad Unica para el sur de Valencia, es un acto malvado e injusto para arrebatarle a este municipio su zona industrial, y los ingresos por patentes que de ella se derivan.
Lo que el gobierno central intenta hacer, con la complicidad de algunos funcionarios estadales y locales -quienes se las echan de muy valencianos- no es sino un descarado esfuerzo más al estilo Jalisco que cuando pierde arrebata, declaró Seijas Pittaluga refiriéndose a los tres decretos contra Valencia. “Fueron firmados 48 horas después de que a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral no le quedó más remedio que aceptar que el régimen perdió Valencia es otro intento de usar ese modelo guadalajareño”.
Pregunta el exjefe del Comando de la Guardia Nacional que si es verdad que lo que justifica los decretos es la necesidad de fondos para reparaciones y mantenimiento, ¿por qué no se escogió la vía empleada para la restauración de la Catedral? “El hecho de haberle metido plata a esa obra no le da razón, ni motivo, al gobernador para ordenarle al deán de la Catedral, el buen amigo Pedro de Freitas, cuándo hacer los bautizos o repicar las campanas. Entonces, ¿por qué si escogen arrebatarle esos bienes, que además de iconos de la ciudad, tienen todas las pruebas de ser municipales?”.
El general Seijas Pittaluga ejemplifica la situación diciendo que el hecho de que un padre haya tenido que ayudar con dinero o con el empleo de herramientas para la reparación del carro de un hijo, no le da derecho a luego decir: ahora me quedo con el carro. “Mucho me temo que los dos primeros decretos, 664 y 665, relacionados con el Teatro Municipal, la Plaza Monumental y el Parque Recreacional Sur sean un acto de prestidigitación para ocultar lo inicuo de lo que en verdad buscan: con la excusa de hacer unas casas, quieren arrebatarle a la ciudad su zona industrial y los ingresos por patentes que de ella se derivan. Y cuando uso el adjetivo “inicuo”, no exagero; lo que se pretende hacer en contra de la valencianidad es contrario a la equidad y es malvado e injusto”.
Para Seijas Pittaluga, se pretende, con esos decretos, y la “alcahuetería” de algunos que se dicen ser valencianos, centralizar más la toma de decisiones, que no se mueva ni una hoja sin permiso de Caracas. “Lo que se intenta hacer es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución. Por todo lo anterior, he decidido unirme a los esfuerzos del grupo recientemente creado y que se conoce como Valencia se respeta. Invito a los hombres y mujeres de buena fe, que son mayoría entre nosotros, a adherirse a las iniciativas que el grupo proponga y a acompañarnos en las protestas que habremos de protagonizar a partir de enero”. (AF)
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