La verdadera amenaza contra la democracia venezolana
El director de HRW comenta el artículo de Maduro en The New York Times
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Maduro reconoció excesos de las fuerzas de seguridad pero "sólo en pequeñas cantidades" ADOLFO ACOSTA
DANIEL WILKINSON
| ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
domingo 13 de abril de 2014 12:00 AM
El Presidente Maduro enfrenta dificultades graves desde su cerrada victoria electoral de hace un año. Maduro, diputado durante el mandato del fallecido Hugo Chávez, heredó el apoyo de aproximadamente la mitad de los votantes del país, muchos de los cuales se han beneficiado de los programas sociales gubernamentales durante la última década. Sin embargo, también heredó una de las tasas de homicidio más altas del mundo y una economía en graves problemas, con una tasa de inflación que superó el 56% en 2013 y una escasez crónica de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.
Las protestas actuales comenzaron a principios de febrero cuando, luego de un intento de violación, los estudiantes universitarios en el estado occidental de Táchira se reunieron para exigir mayor seguridad pública. Las protestas se extendieron a otros estados rápidamente y se ampliaron hasta abarcar otros reclamos, entre ellos la inflación y la escasez. Luego, se unieron a los manifestantes miembros de la oposición política del país, cuyo moderado candidato Henrique Capriles casi había derrotado Maduro en las elecciones del pasado mes de abril. Los esfuerzos posteriores de Capriles para convertir las elecciones regionales de diciembre en un plebiscito sobre Maduro también fracasaron, toda vez que los candidatos del gobierno ganaron la mayoría de los cargos. Tras esos comicios, varios de los líderes más beligerantes de la oposición movilizaron a sus partidarios para que participaran en manifestaciones en las calles, y declararon que no se detendrían hasta lograr La Salida de Maduro de su cargo.
El 12 de febrero en Caracas, la violencia estalló cuando los manifestantes lanzaron piedras y algunos miembros de las fuerzas de seguridad dispararon balas reales. Tres personas fueron abatidas a tiros, entre ellas dos manifestantes y un partidario del gobierno, lo que provocó una nueva ola de protestas en más de 20 ciudades. La mayor parte de las manifestaciones ha sido pacífica, aunque en muchos lugares los manifestantes han colocado barricadas en las calles y algunos han lanzado piedras y cócteles molotov. Las fuerzas de seguridad se han desplegado para contener las masivas manifestaciones y se han producido muchas denuncias de abusos, incluidos el uso de armas de fuego contra manifestantes desarmados y palizas a los detenidos. Grupos armados partidarios del gobierno han recorrido las calles en motocicletas en varias ciudades, atacando a los manifestantes y sembrando el miedo para disuadir a otros de integrarse a las protestas. Decenas de personas han sido heridas y más de 30 han muerto, entre ellas civiles, policías y miembros de la Guardia Nacional.
En su artículo de opinión en The New York Times, Maduro reconoció los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, pero insistió en que se produjeron en "pequeñas" cantidades y en que su gobierno "ha respondido con el arresto de los sospechosos". En efecto, el gobierno ha arrestado a más de una docena de miembros de las fuerzas de seguridad en las últimas semanas (aunque únicamente después de que se difundieran imágenes de video que muestran el uso de balas reales contra los manifestantes). Sin embargo, la primera respuesta gubernamental a los asesinatos del 12 de febrero fue arrestar a los líderes de la oposición.
El objetivo inicial fue Leopoldo López, jefe del partido político Voluntad Popular, quien encabezado el llamado a La Salida. El canciller Elías Jaua acusó a López de ser el "autor intelectual " de la violencia del 12 de febrero, y la Fiscalía rápidamente tramitó una orden de arresto contra López por una serie de acusaciones, entre ellas homicidio. También obtuvo órdenes de captura contra Carlos Vecchio, otro dirigente de Voluntad Popular, y otros dos líderes de la oposición. Después de varios días en la clandestinidad, López se entregó y fue llevado a una prisión militar, donde ha permanecido detenido durante más de un mes. Vecchio y los otros están ahora en la clandestinidad. El gobierno aún tiene que presentar evidencia creíble que vincule a López o los otros con los hechos de violencia o cualquier otra actividad delictiva.
En marzo, las autoridades también iniciaron procesos judiciales contra políticos regionales ligados a la oposición. El 19 de marzo, arrestaron a Daniel Ceballos, alcalde de la ciudad capital del Estado Táchira, donde tuvieron su origen las primeras protestas. Ceballos había denunciado el uso de las fuerzas del gobierno contra los manifestantes. Las autoridades también iniciaron procesos judiciales contra Enzo Scarano, alcalde de un municipio de la ciudad de Valencia, donde también han ocurrido protestas. El mismo día de las detenciones, el Tribunal Supremo de Justicia sentenció al alcalde Scarano a más de 10 meses de prisión por desacato de una orden judicial que le mandaba retirar las barricadas instaladas por los manifestantes. La semana siguiente, el Tribunal Supremo de Justicia dictó contra Ceballos una sentencia de un año de prisión por el mismo delito. Desde entonces, el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido órdenes de arresto contra otros cuatro alcaldes, y ratificó una votación realizada en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, para destituir a la diputada María Corina Machado, una cercana aliada de López, por lo que ella también pudiera hacer frente a una acusación penal.
Estos procesamientos resaltan una de las deficiencias más evidentes de la democracia venezolana hoy: la falta de un poder judicial independiente. Después de 2004, cuando el Tribunal Supremo estaba repleto de partidarios de Chávez, los magistrados abiertamente rechazaron la noción de separación de poderes y públicamente se comprometieron a apoyar el programa político del presidente. Los jueces de menor instancia han estado bajo intensa presión para evitar sentencias que vayan contra los intereses del gobierno. Si defienden los derechos legales de López y los otros líderes de la oposición, corren el peligro de ser destituidos sumariamente por el Tribunal Supremo, o algo peor. En 2009, cuando la jueza María Lourdes Afiuni cumplió con la recomendación de las Naciones Unidas (y con la ley venezolana) de conceder una medida sustitutiva de la privación de libertad a un opositor al gobierno, un enfurecido presidente Chávez exigió su encarcelamiento. Afiuni pasó más de un año en prisión, y dos más bajo arresto domiciliario.
El Presidente Maduro y ministro de interior y justicia han dicho repetidamente que está en manos del sistema de justicia determinar si los políticos detenidos permanecerán tras las rejas. Pero habida cuenta del control que tiene el gobierno sobre los tribunales, las garantías suenan vacías, como la afirmación de Maduro de que los miembros de las fuerzas del Estado que hayan cometido abusos tendrán que rendir cuentas.
Los esfuerzos del gobierno para controlar la opinión pública sobre las protestas han sido igualmente preocupantes. El 11 de febrero, antes de los homicidios del 12 de febrero, el director del ente oficial regulador de los medios de radiodifusión advirtió a los medios de comunicación que si cubrían la violencia en las protestas se meterían en problemas legales. Aquella fue una advertencia válida. Bajo el mandato de Chávez, se promulgaron leyes que prohíben la difusión de mensajes que "fomenten la ansiedad en el público" u " ofendan" a los funcionarios del gobierno, y autorizan al gobierno para cerrar estaciones de radio y televisión cuando fuera "conveniente para los intereses de la nación".
Pocas horas después de los primeros muertos, el 12 de febrero, el presidente Maduro obligó las empresas de televisión por cable que dejaran de transmitir NTN24, canal internacional de noticias que transmite a lo largo de América Latina, debido a la extensa cobertura de los hechos de violencia. Al día siguiente, Maduro anunció que su gobierno se disponía a "adoptar medidas" contra la agencia internacional de noticias Agence France-Presse, por haber "distorsionado la verdad acerca de los acontecimientos del 12 de febrero". El 16 de febrero, su ministra de comunicaciones e información anunciaba que el Gobierno adoptaría "acciones judiciales" contra periódicos nacionales e internacionales por el uso de "imágenes manipuladas" en su cobertura.
Luego, el Presidente Maduro apuntó a CNN, al anunciar el 20 de febrero que había empezado el procedimiento para sacar ese canal del aire en Venezuela. CNN se dedicaba a la "propaganda de guerra", declaró Maduro, con "el objetivo de justificar una guerra civil para provocar la respuesta del ejército gringo en contra de nuestro país". Siete periodistas de CNN informaron que sus credenciales de prensa habían sido revocadas. Al día siguiente, Maduro cambió abruptamente el rumbo, al declarar triunfalmente que CNN había "corregido" su cobertura y, por tanto, se le permitiría quedarse.
Los ataques contra estos canales internacionales no son meros actos de improvisación en medio de una crisis. Fueron el capítulo más reciente de una campaña de una década cuyo objetivo es controlar la forma en que se divulgan las noticias en la televisión venezolana. En 2002, cuando Chávez es destituido brevemente de su cargo durante un efímero golpe de Estado, los cuatro de canales de televisión privada más importantes del país dieron amplia cobertura a los esfuerzos para sacarlo del poder, y luego suspendieron la cobertura noticiosa de los esfuerzos de los partidarios de Chávez que se movilizaron en numerosos grupos para retornarlo al poder. Luego del golpe, Chávez aplicó medidas agresivas para limitar el acceso de sus oponentes al espectro radiofónico, incluso llegó a alertarles repetidamente que podrían perder sus concesiones de radiodifusión. Dos de las cuatro estaciones privadas cesaron voluntariamente la cobertura crítica, una tercera fue obligada a salir del aire y la cuarta fue perseguida con sanciones administrativas y acusaciones penales hasta que el propietario la vendió el año pasado a inversionistas presuntamente vinculados al gobierno, quienes han reducido drásticamente el contenido crítico.
El gobierno también aumentó el número de canales de televisión estatales de uno a seis, e hizo un amplio uso de las transmisiones de emergencia del Estado, que requieren que todos los canales de televisión y radio del país interrumpan su programación habitual para transmitir cientos de cadenas presidenciales obligatorias cada año: Chávez anunciando nuevas políticas, inaugurando nuevas escuelas, encabezando mítines políticos, tocando la guitarra, celebrando su cumpleaños y, casi invariablemente, reprendiendo a sus críticos.
Estas tácticas continúan bajo el mandato de Maduro. Los canales venezolanos han evitado la cobertura en vivo de las protestas contra el gobierno, mientras que sí transmiten en vivo las manifestaciones progubernamentales. Desde el 12 de febrero, el gobierno ha ordenado más de 30 cadenas, para un total de más de 45 horas de tiempo en el aire, algunas de las cuales Maduro ha utilizado para denunciar que los manifestantes han tratado de fomentar un golpe "fascista". Si bien algunos programas de noticias han entrevistado a líderes opositores y críticos del gobierno, lo hacen bajo las restricciones legales y políticas impuestas por el gobierno. Un defensor de derechos humanos local que fue invitado a un programa me comentó, por ejemplo, que el conductor le advirtió antes de salir al aire que le habían dado instrucciones del gobierno de que debía ser muy cuidadoso con la forma de referirse a las barricadas. El 2 de abril, un presentador de noticias de una importante televisora renunció, mientras se encontraba al aire, debido a las restricciones a la cobertura. Posteriormente, diría que las restricciones incluían "instrucciones específicas" de no utilizar las palabras "barricada", "escasez" y "protesta pacífica".
Las amenazas contra CNN y la censura contra NTN24 también enviaron un mensaje a los medios de comunicación venezolanos, de acuerdo con organizaciones locales defensoras de la libertad de prensa, según las cuales los reporteros que cubren los enfrentamientos en las calles han sido intimidados por las fuerzas de seguridad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela ha documentado más de 170 "actos de agresión" por parte de las fuerzas de seguridad contra periodistas, incluso agresiones físicas, amenazas de terrorismo y detenciones. Por ejemplo, Rafael Hernández, un fotógrafo de la revista Exceso, fue detenido después de tomar una fotografía de un oficial que golpeaba a una mujer; fue retenido por nueve horas y golpeado repetidamente; la policía confiscó su cámara y película.
Además, los números del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa serían más altos si incluyeran los ataques a ciudadanos particulares que han documentado la violencia contra los manifestantes. Marvinia Jiménez, costurera, fue atacada por miembros de la Guardia Nacional después de que intentó filmar con su teléfono cómo le disparaban a los manifestantes. Jiménez fue arrojada al pavimento, donde una oficial de la Guardia Nacional se sentó sobre ella y le golpeó la cabeza con un casco, dejando su cara gravemente magullada. Pasó una noche en la cárcel y ahora es acusada de resistirse al arresto. Afortunadamente, la paliza fue filmada en los teléfonos celulares de otras personas, que pudieron compartir con el mundo lo que pasó.
Los partidarios de Chávez y Maduro a menudo tratan de restar importancia a las preocupaciones acerca de la libertad de prensa en Venezuela, señalando los informes críticos del gobierno en los periódicos del país. Es cierto que el Gobierno no apuntado hacia la prensa escrita de manera tan agresiva como hacia la televisión, tal vez porque el número de venezolanos que leen los periódicos constituye una pequeña fracción de la cantidad que ve la televisión. Sin embargo, varios periódicos han enfrentado sanciones administrativas, e incluso acusaciones penales, por su labor informativa. En noviembre pasado, el director de un pequeño diario, El Mundo, fue despedido después de que Maduro criticara públicamente la "perversidad de los propietarios" por un titular que expresaba una crítica hacia su gobierno.
Y desde que comenzaron las protestas, Últimas Noticias, el diario de mayor circulación del país, ha estado bajo presión por su labor informativa independiente. Quizás el artículo más importante fue un estudio de imágenes de video del 12 de febrero, que mostró a policías sin uniforme acompañados de civiles mientras disparaban contra manifestantes que huían, entre ellos uno que se ve caer al suelo con un disparo mortal en la cabeza. Cuando fue publicado en línea el 19 de febrero, el artículo proporcionó la primera evidencia sólida de que las fuerzas de seguridad habían utilizado fuerza letal contra los manifestantes desarmados. Esto hizo que para el gobierno fuera más difícil culpar a la oposición por la violencia. Fue solo después de ese trabajo periodístico que el gobierno comenzó a arrestar a miembros de sus fuerzas de seguridad y los fiscales se sintieron obligados a desechar las acusaciones homicidio contra Leopoldo López.
Pronto quedó claro, sin embargo, que sería difícil para el periódico seguir publicando tales revelaciones. Poco después de la divulgación del artículo, el presidente del conglomerado al cual pertenece Últimas Noticias dimitió y fue sustituido por un ex gobernador y abierto partidario del gobierno de Maduro. La vicepresidenta del conglomerado renunció una semana después, aduciendo que el nuevo presidente la había invitado a politizar los informes del periódico. Y a finales de marzo, la jefa de la unidad de periodismo de investigación del periódico, que produjo el informe del 19 de febrero, renunció como protesta contra la decisión del diario de retirar a último minuto otro artículo sobre las protestas, con el argumento de que era demasiado "político".
El artículo, que luego fue publicado en línea en medios independientes, fue obra de una experimentada periodista, Laura Weffer, quien pasó tiempo con manifestantes y miembros de la Guardia Nacional durante los enfrentamientos en la Plaza Altamira, la principal plaza de Caracas donde los manifestantes se han reunido desde el 12 de febrero. El artículo de Weffer describe a manifestantes de procedencia modesta que han sido conducidos al activismo por la crisis económica. También muestra a soldados que comparten las preocupaciones de los manifestantes.
Un joven [soldado de la Guardia Nacional] dice: "Mi madre, en el Zulia, tiene que soportar las mismas colas que estos muchachos solo para comprar una botella de aceite. Creo que tienen razón, pero a veces ellos van demasiado lejos".
Pero este reportaje contrasta con la versión del gobierno de la realidad, según la cual, como Maduro escribió en The New York Times, "las protestas son llevadas a cabo por personas de los segmentos más ricos de la sociedad" que están fuera de contacto con las aspiraciones del pueblo venezolano.
De hecho, para Maduro y sus partidarios, el delito real de López y otros miembros de la oposición es su uso de La Salida como grito de guerra. La exigencia de que el Presidente abandonara el poder es, a su juicio, equivalente a un golpe. Pero llamar a La Salida no es un golpe, y no es un delito, o no debería serlo. Un golpe es cuando alguien tomar el poder, no cuando solamente lo exige. En una sociedad democrática, la gente debería tener la libertad de tomar un megáfono, marchar en la calle y exigir lo que quieran de sus líderes electos.
Si La Salida es una estrategia política inteligente o no eso es otro asunto. Algunos líderes de la oposición han criticado esta retórica. En cambio, Capriles, excandidato a la presidencia, ha instado a la oposición a centrarse en reclamos específicos que son compartidos por la mayoría de la población. La oposición tiene menos probabilidades de ganar a antiguos partidarios de Chávez, si la gente cree que la hay otro golpe en marcha. Los manifestantes tienen menos probabilidades de estar a salvo en las calles si la creencia es compartida por los miembros de las fuerzas de seguridad y las bandas que apoyan al gobierno. Y a nadie debería sorprender que esta creencia sea generalizada: el gobierno ha venido preparando a sus seguidores para que vean golpes de Estado en cada esquina por más de una década. Maduro hizo lo propio en su artículo en The New York Times, al destacar el hecho de que algunos miembros de la oposición apoyaron el efímero golpe de 2002.
Sin embargo, ese golpe ocurrió hace 12 años. El daño que el gobierno venezolano le está haciendo a la democracia del país está sucediendo ahora: encarcelar a opositores políticos, controlar el Tribunal Supremo, intimidar a jueces, golpear a los manifestantes, abusar de los detenidos, tolerar grupos violentos adeptos al gobierno, cerrar canales de televisión, censurar a los periodistas, y abarrotar los medios con cadenas del presidente denunciando a sus críticos como "criminales" y "fascistas".
La Salida se puede traducir también como "el camino de salida". Voces ecuánimes, en Venezuela y en el extranjero, han sugerido que la única manera de salir de la crisis actual es el diálogo entre el gobierno y sus opositores. El 8 de abril, el presidente y líderes de la oposición acordaron sostener conversaciones. Para que un diálogo significativo se produzca, la oposición casi seguramente tendrá que abandonar la exigencia de que el gobierno renuncie al poder. Pero lo que es más importante, el gobierno tendrá que abandonar las tácticas autoritarias que ha estado usando para dirigir el país.
Twitter: @ DWilkinsonNYC
El autor es director para las Américas de Human Rights Watch
Traducción de Maryflor Suárez
Vargas Llosa: Resistencia en #Venezuela es épica
Escrito por AP Foto: Archivo
El Impulso abril 13, 2014
"Voy a dar mi apoyo a los resistentes, porque creo que es una gesta épica", dijo el escritor según una entrevista publicada el domingo en el diario El Espectador de Bogotá.
Agregó que "los latinoamericanos que creemos en la democracia tenemos una obligación moral, dada la conducta vergonzosa de los gobierno democráticos, que en lugar de mostrar su apoyo directo a quienes luchan por tener lo que nosotros tenemos actúan con neutralidad".
El escritor, de 78 años, autor de novelas como "La ciudad y los perros" y "La fiesta del chivo", tiene previsto viajar el 15 de abril a Caracas para participar en un encuentro internacional por los 30 años de la organización conservadora Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, que se opone al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Venezuela se ha visto estremecida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación -que en febrero alcanzó una tasa anualizada de 57,3%-, el desabastecimiento de productos básicos y un alto índice de delincuencia.
Los incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 674 heridos y unos 2.285 detenidos, de los cuales 175 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
"Lo dijo (la exdiputada opositora venezolana) María Corina Machado: esa neutralidad es pura complicidad de gobiernos cobardes que no quieren excitar a sus izquierdas, que tienen miedo. Lo que es ridículo porque en las propias izquierdas hay bastante críticas hacia Venezuela", destacó el escritor, ganador del Nobel en 2010.
Vargas Llosa, quien habló desde su residencia en Lima, también expresó su escepticismo sobre un final exitoso en las conversaciones de paz que adelantan en Cuba desde 2012 el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Detrás de esas conversaciones veo la búsqueda de una salida más o menos honrosa, aunque personalmente tengo bastantes dudas de que esa negociación pueda tener éxito, porque me parece que hay una incompatibilidad muy grande" entre los dos bandos.
Perú y Vargas Llosa son los invitados de honor de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que se celebrará del 29 de abril al 12 de mayo y a la que ya está confirmanda la asistencia del escritor.
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