El Carabobeño 13 abril 2014
En las democracias reales los derechos constitucionales no son simples ornamentos para exhibirlos ante la comunidad internacional, sino que contienen claros mandatos a las autoridades de la nación de inexcusable cumplimiento. Por ello al surgir crisis que comprometen la estabilidad institucional del país, se invoca al diálogo como instrumento de avenencia utilizado por las fuerzas políticas para rescatar el sosiego colectivo.
Pero en los gobiernos autoritarios y excluyentes, como el nuestro, el diálogo se transmuta, deplorablemente, en un instrumento de disuasión y no de solución a las crisis políticas. La historia da suficientes ejemplos de los diálogos propuestos por las dictaduras o gobiernos forajidos como el de Venezuela, nuestro país. En este escenario quienes ejercen el poder en Venezuela pretenden utilizarlo como herramienta táctica, disuasiva, para ganar el tiempo suficiente que necesitan para desmotivar las causas de la protesta social y de paso legitimar a sus autoridades, esperando que el tiempo esfume la cobertura de los medios y que al final se termine de desvanecer, y la paz de los sepulcros tienda su manto.
Recurriendo a nuestra memoria histórica creo sumamente ilustrativo recordar que cuando Boves tomó a sangre y fuego el control militar en la Segunda República, a costa de la muerte de nuestros patriotas, utilizando para ello todo el primitivismo que un ser humano puede ejercer en contra de sus semejantes, aunado al hecho que ni siquiera representaba formalmente al poder imperial, Bolívar jamás pensó como solución al conflicto armado, proponer dialogar a un engendro de maldad e ilegitimidad como era Boves, quien invitaba a sus soldados ir a Caracas a matar a todos los blancos y a los que supieran leer y escribir, y que en todo caso reclamaría la total rendición de las fuerzas patriotas. Situación muy distinta es la que ocurre años después al celebrarse la reunión del Libertador con el general Morillo, jefe del ejército español, donde quedó sin efecto el Decreto de Guerra a Muerte y a su vez el Libertador fue aceptado como jefe del gobierno del país y con ello reconocida la existencia de la república y regularizada la guerra.
El diálogo no es un fin en sí mismo, es un instrumento de avenimiento entre las partes desacordadas, y su mecanismo consta de dos fases: Exigencias recíprocas de las fracciones en conflicto para dar inicio al encuentro y establecer la mesa de diálogo, bajo la presidencia de un director totalmente neutral; y cumplidas éstas, acordar las medidas o decisiones de fondo para resolverlo. Que en el presente escenario lo exigible por la oposición tendría que ser simplemente restablecer el Estado de Derecho, anulando toda la legislación, decretos, normas inconstitucionales, juicios políticos y proceder a nombrar personas de reconocida imparcialidad y aptitud para presidir el TSJ, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General y que en la práctica consistiría en desaplicar esa especie de constitución paralela o Constitución de Sabaneta, que en realidad es la que aplican el TSJ, la Fiscal General y los demás tribunales de la República.
Estamos persuadidos por la implacable realidad, que la invitación al diálogo hecha por Maduro al sector democrático, tiene como propósito fundamental desarticular la extraordinaria movilización popular comandada por la valiente acción de nuestros jóvenes estudiantes, a la cual progresivamente se van sumando paso a paso, a la lucha cívica, otros sectores sociales; además de aprovechar el evento para tratar de reparar su maltratada imagen mundial.
Quien escribe esto tiene bien presente que en un país donde exista un pleno Estado de Derecho, el diálogo constituye un efectivo instrumento de concordia y de civilidad y por ende el empleo de la vía electoral, producto del entendimiento, es el camino adecuado para recomponer el gobierno. El sector democrático del país la ha empleado con resultados frustrantes, no por haber sido “derrotado” en algunos de esos eventos, sino por habérsele desconocido claras victorias de importancia, En todo caso la bien documentada falta de división de los poderes públicos, y la descarada conducta partidista de los rectores oficialistas, inconmovibles ante el empleo de los dineros y servicios públicos durante todos los eventos electorales y de otras confirmadas ilegalidades, han colmada la paciencia de la ciudadanía. No debe olvidarse que la nómina del oficialismo ha aumentado desproporcionadamente.
¿Sabremos algún día cuántos funcionarios necesita la administración pública y cuántos tenemos? Algunos ejemplos: mantenemos 29 ministros y 111 vice-ministros. El gasto público subió en 96% por ciento. Aproximadamente la nomina total es de 3 millones de empleados. Con base en esto es licito inferir que si le sumamos una persona a cada empleado público tendremos alrededor de seis millones de posibles o casi seguros votos forzados favorables al gobierno. La última elección presidencial, donde Capriles obtuvo una clara victoria desconocida por el régimen, colmó la paciencia de los ciudadanos y les hizo perder la fe en la salida electoral. Si el gobierno previamente no accede a los planteamientos antes señalados, la ruta electoral se trueca en un simple cascarón. Queda entonces la vía de la desobediencia civil consagrada claramente en la Constitución, que impone a todos los ciudadanos el deber de colaborar con el pleno restablecimiento de su efectiva vigencia.
Luis Ángel Gramcko G. || Dialogando con Boves
lag1937@gmail.comEn las democracias reales los derechos constitucionales no son simples ornamentos para exhibirlos ante la comunidad internacional, sino que contienen claros mandatos a las autoridades de la nación de inexcusable cumplimiento. Por ello al surgir crisis que comprometen la estabilidad institucional del país, se invoca al diálogo como instrumento de avenencia utilizado por las fuerzas políticas para rescatar el sosiego colectivo.
Pero en los gobiernos autoritarios y excluyentes, como el nuestro, el diálogo se transmuta, deplorablemente, en un instrumento de disuasión y no de solución a las crisis políticas. La historia da suficientes ejemplos de los diálogos propuestos por las dictaduras o gobiernos forajidos como el de Venezuela, nuestro país. En este escenario quienes ejercen el poder en Venezuela pretenden utilizarlo como herramienta táctica, disuasiva, para ganar el tiempo suficiente que necesitan para desmotivar las causas de la protesta social y de paso legitimar a sus autoridades, esperando que el tiempo esfume la cobertura de los medios y que al final se termine de desvanecer, y la paz de los sepulcros tienda su manto.
Recurriendo a nuestra memoria histórica creo sumamente ilustrativo recordar que cuando Boves tomó a sangre y fuego el control militar en la Segunda República, a costa de la muerte de nuestros patriotas, utilizando para ello todo el primitivismo que un ser humano puede ejercer en contra de sus semejantes, aunado al hecho que ni siquiera representaba formalmente al poder imperial, Bolívar jamás pensó como solución al conflicto armado, proponer dialogar a un engendro de maldad e ilegitimidad como era Boves, quien invitaba a sus soldados ir a Caracas a matar a todos los blancos y a los que supieran leer y escribir, y que en todo caso reclamaría la total rendición de las fuerzas patriotas. Situación muy distinta es la que ocurre años después al celebrarse la reunión del Libertador con el general Morillo, jefe del ejército español, donde quedó sin efecto el Decreto de Guerra a Muerte y a su vez el Libertador fue aceptado como jefe del gobierno del país y con ello reconocida la existencia de la república y regularizada la guerra.
El diálogo no es un fin en sí mismo, es un instrumento de avenimiento entre las partes desacordadas, y su mecanismo consta de dos fases: Exigencias recíprocas de las fracciones en conflicto para dar inicio al encuentro y establecer la mesa de diálogo, bajo la presidencia de un director totalmente neutral; y cumplidas éstas, acordar las medidas o decisiones de fondo para resolverlo. Que en el presente escenario lo exigible por la oposición tendría que ser simplemente restablecer el Estado de Derecho, anulando toda la legislación, decretos, normas inconstitucionales, juicios políticos y proceder a nombrar personas de reconocida imparcialidad y aptitud para presidir el TSJ, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General y que en la práctica consistiría en desaplicar esa especie de constitución paralela o Constitución de Sabaneta, que en realidad es la que aplican el TSJ, la Fiscal General y los demás tribunales de la República.
Estamos persuadidos por la implacable realidad, que la invitación al diálogo hecha por Maduro al sector democrático, tiene como propósito fundamental desarticular la extraordinaria movilización popular comandada por la valiente acción de nuestros jóvenes estudiantes, a la cual progresivamente se van sumando paso a paso, a la lucha cívica, otros sectores sociales; además de aprovechar el evento para tratar de reparar su maltratada imagen mundial.
Quien escribe esto tiene bien presente que en un país donde exista un pleno Estado de Derecho, el diálogo constituye un efectivo instrumento de concordia y de civilidad y por ende el empleo de la vía electoral, producto del entendimiento, es el camino adecuado para recomponer el gobierno. El sector democrático del país la ha empleado con resultados frustrantes, no por haber sido “derrotado” en algunos de esos eventos, sino por habérsele desconocido claras victorias de importancia, En todo caso la bien documentada falta de división de los poderes públicos, y la descarada conducta partidista de los rectores oficialistas, inconmovibles ante el empleo de los dineros y servicios públicos durante todos los eventos electorales y de otras confirmadas ilegalidades, han colmada la paciencia de la ciudadanía. No debe olvidarse que la nómina del oficialismo ha aumentado desproporcionadamente.
¿Sabremos algún día cuántos funcionarios necesita la administración pública y cuántos tenemos? Algunos ejemplos: mantenemos 29 ministros y 111 vice-ministros. El gasto público subió en 96% por ciento. Aproximadamente la nomina total es de 3 millones de empleados. Con base en esto es licito inferir que si le sumamos una persona a cada empleado público tendremos alrededor de seis millones de posibles o casi seguros votos forzados favorables al gobierno. La última elección presidencial, donde Capriles obtuvo una clara victoria desconocida por el régimen, colmó la paciencia de los ciudadanos y les hizo perder la fe en la salida electoral. Si el gobierno previamente no accede a los planteamientos antes señalados, la ruta electoral se trueca en un simple cascarón. Queda entonces la vía de la desobediencia civil consagrada claramente en la Constitución, que impone a todos los ciudadanos el deber de colaborar con el pleno restablecimiento de su efectiva vigencia.
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