Notitarde 18-08-12
Policía de España afirma que la droga fue cargada en Venezuela
A Penal de Tocuyito dieciocho personas
por caso del "narcoavión"
Rubén Bolívar/Presa MP/Canarias7.es
Valencia, 17 agosto 2012.- Tras los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, fueron privadas de libertad 18 personas por su presunta vinculación con el caso de una avioneta, matrículas 9HFED, alemana, modelo Bombardier Global, la cual despegó sin autorización del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia, estado Carabobo, con un cargamento de droga, alijo que posteriormente fue decomisado por autoridades españolas en las Islas Canarias.
En la audiencia de presentación, los fiscales 3° nacional y el 5°, 13° y 29° de Carabobo, Eylin Ruiz, Analia Aguilar, Asdrúbal Durán y Linda Goitía, respectivamente, imputaron a 24 personas por presuntamente incurrir en los delitos de tráfico ilícito internacional de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.
El Tribunal 10° de Control de Carabobo, una vez evaluados los elementos de convicción presentados, a solicitud del Ministerio Público, dictó privativa de libertad contra 18 de las 24 personas, las cuales están discriminadas de la siguiente manera: nueve efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un controlador aéreo del referido aeropuerto, dos funcionarios del Instituto Nacional de Aviación Civil (Inac), uno del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuatro civiles pertenecientes a una empresa de servicios navieros y un vigilante del Aeroclub Valencia.
Los privados de libertad son los efectivos de la GNB: los sargentos mayor segundo Juan Guerrero Espinoza, José Martínez, Francisco Silva Almao y Renny Tovar González; el sargento mayor de tercera Edecio Magallanes Hernández; los sargentos segundos Álvaro Acuña Canaval y José Guerrero Contreras; los sargento de primera Wiston Leañez Echenique y Edgardo Salazar Garrido.
Igualmente, fueron privados de libertad el comisario del Sebin, José García Pinto, dos empleados del Inac identificados como Jesús López Noguera (operador) y Maury Montilla Azuaje, así como el controlador aéreo del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, José Núñez Cohen.
También fueron privados de libertad el gerente general de la empresa Banyan Services C.A, Leonardo Cabaña Borjas, y los despachadores de Boyer Services, C.A, Alexander Hernández Barrios, José Machuca y Jesús Maldonado.
Vale destacar que Leañez, Salazar, Montilla, Núñez, Magallanes, Silva, Tovar y García, fueron imputados además por presuntamente incurrir en el delito de corrupción agravada.
Adicionalmente, Montilla y Núñez fueron imputados por la presunta comisión del delito de desviación y obtención de ruta fraudulenta.
Mientras que a Cabaña le imputaron la presunta comisión del delito de concusión. También fueron imputados por corrupción propia Guerrero Espinoza, Martínez, Canaval, Guerrero Contreras, López, Hernández, Machuca y Maldonado. Los anteriores delitos están previstos en las leyes Orgánica de Droga, Contra la Corrupción, de Aeronáutica Civil y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Fueron enviados al Internado Judicial Carabobo, mejor conocido como penal de Tocuyito, hasta la presentación del acto conclusivo en el lapso correspondiente.
Con relación al presidente, el gerente general y el director de operaciones del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena: Freddy Rodríguez González, Jaime Palacios Colinas y Anibal José Rojas, respectivamente, fueron imputados por ser presuntos cómplices en la comisión de los delitos de tráfico ilícito internacional de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte y asociación para delinquir.
No obstante, el Tribunal dictó medida de presentaciones periódicas para esos tres hombres, así como a los sargentos Montaño y Parra.
Finalmente, la instancia judicial acordó la libertad plena a favor de una funcionaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria.
Droga se cargó en Venezuela
Las investigaciones que está desarrollando el Cuerpo Nacional de Policía de España sobre el jet privado descartan que la red cuente con contactos y entramado en Gran Canaria. Fuentes de la investigación apuntan a que el avión aterrizó en la Isla sin tenerlo previsto.
Los tres tripulantes del jet privado de alta gama retenido el pasado domingo en el aeropuerto de Gran Canaria, llegados desde Venezuela, ya están en prisión. Mientras tanto, el Cuerpo Nacional de Policía continúa con las pesquisas que empiezan a arrojar algo de luz en todo el entramado.
Fuentes cercanas a la investigación apuntaron este jueves que la droga habría sido cargada en Venezuela y que se descarta que los propietarios de la cocaína, al parecer el Cártel del Sol, tengan contactos en Gran Canaria, entre otras cuestiones porque la droga no iba a la Isla y porque la tripulación del Bombardier 7000 tampoco tenía previsto aterrizar allí, cosa que hicieron para repostar y continuar hacia Benín.
Las mismas fuentes apuntan que el relato dado en sede judicial por los tres detenidos, dos varones y una mujer, no tiene consistencia.
Asimismo, el Gobierno Nacional fue el que dio la alarma a Interpol al detectar el despegue de la aeronave desde Carabobo, en horas de la madrugada, sin luces y tras llegar del Caribe.Como se recordará, el juez Emile Marco Moreno, ordenó el jueves la retención de 28 personas, 21 civiles y siete militares.
En la audiencia de presentación, los fiscales 3° nacional y el 5°, 13° y 29° de Carabobo, Eylin Ruiz, Analia Aguilar, Asdrúbal Durán y Linda Goitía, respectivamente, imputaron a 24 personas por presuntamente incurrir en los delitos de tráfico ilícito internacional de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.
El Tribunal 10° de Control de Carabobo, una vez evaluados los elementos de convicción presentados, a solicitud del Ministerio Público, dictó privativa de libertad contra 18 de las 24 personas, las cuales están discriminadas de la siguiente manera: nueve efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un controlador aéreo del referido aeropuerto, dos funcionarios del Instituto Nacional de Aviación Civil (Inac), uno del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuatro civiles pertenecientes a una empresa de servicios navieros y un vigilante del Aeroclub Valencia.
Los privados de libertad son los efectivos de la GNB: los sargentos mayor segundo Juan Guerrero Espinoza, José Martínez, Francisco Silva Almao y Renny Tovar González; el sargento mayor de tercera Edecio Magallanes Hernández; los sargentos segundos Álvaro Acuña Canaval y José Guerrero Contreras; los sargento de primera Wiston Leañez Echenique y Edgardo Salazar Garrido.
Igualmente, fueron privados de libertad el comisario del Sebin, José García Pinto, dos empleados del Inac identificados como Jesús López Noguera (operador) y Maury Montilla Azuaje, así como el controlador aéreo del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, José Núñez Cohen.
También fueron privados de libertad el gerente general de la empresa Banyan Services C.A, Leonardo Cabaña Borjas, y los despachadores de Boyer Services, C.A, Alexander Hernández Barrios, José Machuca y Jesús Maldonado.
Vale destacar que Leañez, Salazar, Montilla, Núñez, Magallanes, Silva, Tovar y García, fueron imputados además por presuntamente incurrir en el delito de corrupción agravada.
Adicionalmente, Montilla y Núñez fueron imputados por la presunta comisión del delito de desviación y obtención de ruta fraudulenta.
Mientras que a Cabaña le imputaron la presunta comisión del delito de concusión. También fueron imputados por corrupción propia Guerrero Espinoza, Martínez, Canaval, Guerrero Contreras, López, Hernández, Machuca y Maldonado. Los anteriores delitos están previstos en las leyes Orgánica de Droga, Contra la Corrupción, de Aeronáutica Civil y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Fueron enviados al Internado Judicial Carabobo, mejor conocido como penal de Tocuyito, hasta la presentación del acto conclusivo en el lapso correspondiente.
Con relación al presidente, el gerente general y el director de operaciones del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena: Freddy Rodríguez González, Jaime Palacios Colinas y Anibal José Rojas, respectivamente, fueron imputados por ser presuntos cómplices en la comisión de los delitos de tráfico ilícito internacional de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte y asociación para delinquir.
No obstante, el Tribunal dictó medida de presentaciones periódicas para esos tres hombres, así como a los sargentos Montaño y Parra.
Finalmente, la instancia judicial acordó la libertad plena a favor de una funcionaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria.
Droga se cargó en Venezuela
Las investigaciones que está desarrollando el Cuerpo Nacional de Policía de España sobre el jet privado descartan que la red cuente con contactos y entramado en Gran Canaria. Fuentes de la investigación apuntan a que el avión aterrizó en la Isla sin tenerlo previsto.
Los tres tripulantes del jet privado de alta gama retenido el pasado domingo en el aeropuerto de Gran Canaria, llegados desde Venezuela, ya están en prisión. Mientras tanto, el Cuerpo Nacional de Policía continúa con las pesquisas que empiezan a arrojar algo de luz en todo el entramado.
Fuentes cercanas a la investigación apuntaron este jueves que la droga habría sido cargada en Venezuela y que se descarta que los propietarios de la cocaína, al parecer el Cártel del Sol, tengan contactos en Gran Canaria, entre otras cuestiones porque la droga no iba a la Isla y porque la tripulación del Bombardier 7000 tampoco tenía previsto aterrizar allí, cosa que hicieron para repostar y continuar hacia Benín.
Las mismas fuentes apuntan que el relato dado en sede judicial por los tres detenidos, dos varones y una mujer, no tiene consistencia.
Asimismo, el Gobierno Nacional fue el que dio la alarma a Interpol al detectar el despegue de la aeronave desde Carabobo, en horas de la madrugada, sin luces y tras llegar del Caribe.Como se recordará, el juez Emile Marco Moreno, ordenó el jueves la retención de 28 personas, 21 civiles y siete militares.
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