Casa de la Estrella. Donde nació la República libre y soberana de Venezuela en 1830.

Casa de la Estrella. Donde nació la República libre y soberana de Venezuela en 1830.
Casa de la Estrella, ubicada entre Av Soublette y Calle Colombia, antiguo Camino Real donde nació la República libre y soberana de Venezuela en 1830, con el General José Antonio Páez como Presidente. Valencia: "ciudad ingrata que olvida lo bueno" para el Arzobispo Luis Eduardo Henríquez. Maldita, según la leyenda, por el Obispo mártir Salvador Montes de Oca y muchos sacerdotes asesinados por la espalda o por la chismografía cobarde, que es muy frecuente y característica en su sociedad.Para Boris Izaguirre "ciudad de nostalgia pueblerina". Jesús Soto la consideró una ciudad propicia a seguir "las modas del momento" y para Monseñor Gregorio Adam: "Si a Caracas le debemos la Independencia, a Valencia le debemos la República en 1830".A partir de los años 1950 es la "Ciudad Industrial de Venezuela", realidad que la convierte en un batiburrillo de razas y miserias de todos los países que ven en ella El Dorado tan buscado, imprimiéndole una sensación de "ciudad de paso para hacer dinero e irse", dejándola sin verdadero arraigo e identidad, salvo la que conserva la más rancia y famosa "valencianidad", que en los valencianos de antes, que yo conocí, era un encanto acogedor propio de atentos amigos...don del que carecen los recién llegados que quieren poseerlo y logran sólo una mala caricatura de la original. Para mi es la capital energética de Venezuela.

domingo, 13 de septiembre de 2015

Conocedor de los enigmas de la política nacional, el astuto presidente Francisco Linares Alcántara decía que los hombres de talento eran muy brutos. Sacó la idea de los movimientos erráticos de los letrados de la época en la corte de Guzmán, quien los volvía picadillo en un santiamén, o los sometía a humillaciones si se pasaban de listos ante el dueño de la autoridad. Debe sonar desconsiderado que se parta ahora de un ejemplo tan rudimentario para criticar a un intelectual cosmopolita como Heinz Dieterich, pero sus reproches más recientes a las decisiones de Chávez sobre el legado que dejó a una sociedad que se parece en precariedad a la que provocó las palabras de nuestro pintoresco personaje ofrecen una posibilidad tentadora.

ELÍAS PINO ITURRIETA

Dieterich y la soldadesca

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Conocedor de los enigmas de la política nacional, el astuto
presidente
Francisco Linares Alcántara decía que los hombres de talento
eran muy brutos. Sacó la idea de los movimientos erráticos de los
letrados de la época en la corte de Guzmán, quien los volvía
picadillo en un santiamén, o los sometía a humillaciones si se
pasaban de listos ante el dueño de la autoridad. Debe sonar
desconsiderado que se parta ahora de un ejemplo tan rudimentario
para criticar a un intelectual cosmopolita como Heinz Dieterich,
pero sus reproches más recientes a las decisiones de Chávez
sobre el legado que dejó a una sociedad que se parece en
precariedad a la que provocó las palabras de nuestro pintoresco
personaje ofrecen una posibilidad tentadora.
Heinz Dieterich es una luminaria, como se sabe. La cultura política
de la actualidad le debe treinta libros dedicados a encontrar la
conexión perdida entre los movimientos socialistas y el Tercer
Mundo, que han gozado de densa lectoría. Uno de ellos escrito
a cuatro manos con un lucernario llamado Noam Chomsky,
cuyas contribuciones a la filología, a la filantropía y al análisis
del imperialismo son conocidas y respetadas en todas las
latitudes. Desde su despacho mexicano, el alemán nacido en
Rotemburgo del Wume topó con las sociedades esquilmadas
de América Latina, a cuyas penurias quiso encontrar remedio
mediante una interpretación todavía no realizada del socialismo
europeo, que las sacara del atolladero. Pero, cosas del destino,
 fulgores a la vera del camino, en el encomiable empeño también 
topó con el teniente coronel Hugo Chávez, en quien vio la figura 
mandada a hacer para el establecimiento de un “socialismo del 
siglo XXI” ajustado a nuestras peculiaridades y a nuestro 
almanaque. 
No perdió tiempo en ofrecerle sus consejos, para que hiciera 
con Venezuela lo que él había pergeñado en su oficina.
¿Qué vio en Chávez, como para convertirlo en la herramienta de
sus ideas, es decir, nada menos que para poner en práctica
algo así como la suprema actualización de Marx en tierras
tropicales? Tal vez por carecer de la perspicacia que distinguió
a Linares Alcántara en la apreciación de sus contemporáneos,
el talento no le dio ni de lejos para hacerse del discípulo adecuado.
Todo lo contrario. Pero ¿de dónde saco ahora semejante conclusión,
que subestima de manera olímpica a maestro y alumno? Sus
recientes declaraciones sobre los tumbos del muchacho que no
aprobó la esencial materia de la sucesión responden cabalmente.
Dijo Dieterich, hace poco: “Cuando el modelo de dominación
empezó a agotarse estructuralmente a partir de 2009, el presidente
no tomó las medidas para la necesaria refundación. La última cruz
aparece en la agonía del presidente, con el imperdonable
nombramiento y acceso al poder de la dupla Maduro-Cabello.
Con este nombramiento Chávez entregó el poder real del país a
la inculta soldadesca y a su avatar, el subteniente anticomunista
Diosdado Cabello”. Maduro, agrega el pensador alemán, “nunca
había trascendido el estatus político de un activista maoísta
dogmático que no lee libros”.
Dieterich se va por la tangente. No debe manejar un esperable fiasco
de última hora como coartada de su apoteósica equivocación.
La esencia del asunto no está en una reprobable pero imaginable
selección de herederos. Lo que importa de veras es el gigantesco
dislate del teórico en la escogencia del hombre de acción que
convertiría sus ideas en revolución concreta. Hizo, al principio, lo
mismo que el teniente coronel Chávez en sus postrimerías para
encontrar soporte: mirar hacia la “inculta soldadesca”. ¿A quienes
podía buscar Chávez antes de la partida? ¿A filósofos, académicos,
a profesionales hechos y derechos con quienes jamás había tenido
trato? Lo curioso del alemán es que, pudiendo tener a mano gente
parecida a él para su trabajo de una fábrica socialista, depositara
sus primeros amores en el rincón de un cuartel. No podía encontrar
columna, sino precaria repisa, en un elemento humano que solo se
diferenciaba de sus acólitos por una palabrería capaz de hacer pasar
por liebre lo que un hombre como Linares Alcántara hubiera
identificado como gato desde una atalaya tan remota como
Rotemburgo del Wume.

Gobierno no ha acatado ninguno de los 17 fallos de la Corte IDH

7 accionistas y 14 trabajadores serán indemnizados | Foto Archivo El Nacional
7 accionistas y 14 trabajadores serán indemnizados | Foto Archivo El Nacional
RCTV es la sentencia número 15 que el Estado venezolano ignora. El abogado Héctor Faúndez señaló que el incumplimiento revela la existencia de ³un Estado delincuente² que puede ser denunciado ante la OEA

La sentencia del 7 se septiembre que ordenó devolver la concesión de RCTV es el dictamen número 15 que el Estado venezolano ha desconocido. La Corte Interamericana de Derechos Humamos ha emitido 17 fallos condenatorios contra Venezuela,  de los cuales se han acatado parcialmente solo 2, sobre la masacre de El Amparo y el Caracazo, cuyos hechos, sin embargo, no corresponden a la gestión de este gobierno.
Las sentencias de la Corte Interamericana se refieren a vulneraciones del derecho a la vida, la integridad física, el debido proceso y la libertad de expresión, así como a la debilidad del Poder Judicial por la inestabilidad laboral de los jueces.
La Corte conoció 19 casos del país y archivó 2: el de Joe Castillo, asesinado en Machiques en 1999, y el de Allan Brewer Carías, que denunció falta de garantías en el proceso en su contra por conspiración en abril de 2002. En el primer caso el tribunal consideró que no existían elementos que evidenciaran una situación de riesgo notable que obligara al Estado a adoptar medidas de protección, y en el segundo no se agotaron las instancias internas.
Héctor Faúndez, especialista en derecho internacional de los derechos humanos, señaló que sería ingenuo esperar que Venezuela acate las sentencias, que inciden sobre aproximadamente 280 víctimas, y detenga las violaciones de derechos. ³Estamos ante un Estado delincuente que puede ser denunciado por la Corte Interamericana ante la Asamblea General de la OEA y pedir sanciones políticas. Venezuela no controla esa Asamblea².
Dijo que el procedimiento señala que el tribunal espera un año luego de emitidas las sentencias para que el Estado se pronuncie sobre su cumplimiento.
Subrayó que el acatamiento de las sentencias es clave para que se concrete el principio de las garantías de la no repetición de los hechos que lesionan derechos humanos.
La investigadora del Ininco Luisa Torrealba  recuerda que el irrespeto conlleva el desconocimiento de la carta magna, que en el artículo 23 establece la sujeción a los tratos y pactos sobre derechos humanos.
³Cuando se afecta a un medio de comunicación, como ocurrió con RCTV, se vulnera el artículo 58 de la Constitución, según el cual la comunicación es libre y plural. La libertad de expresión no solo atañe a medios y periodistas, sino que también compete a los ciudadanos, que requieren de información para la toma de decisiones cotidianas; debe garantizarse la búsqueda, difusión y recepción de la información², explicó Torrealba.
Oswaldo Cali, consultor jurídico de Espacio Público, indicó que los organismos internacionales no tienen facultad para forzar el acatamiento, ³pero las sentencias son de obligatorio cumplimiento y conllevan presión política².
Impunidad. La principal deuda del Estado es la condena contra los responsables de las violaciones de derechos humanos, coinciden Liliana Ortega y Rafael Uzcátegui, directora y coordinador de Cofavic y Provea, respectivamente.
Ortega lamentó que el Estado no haya demostrado ³su voluntad política de rectificación y de interés real por los derechos humanos². Considera que se ha optado por la política de la reducción progresiva de la tutela de las víctimas.
³En el caso del Caracazo solo se cumplieron las medidas de indemnización y la publicación de la sentencia en Gaceta Oficial y en diarios nacionales. No hay sentencia condenatoria contra los responsables intelectuales y materiales de estos graves hechos ni se ha cumplido con el mínimo gesto humanitario de entregar debidamente identificados los restos de los desaparecidos inhumados en las fosas clandestinas de la Peste², señaló.
Destacó que esa sentencia se constituyó en un precedente significativo sobre la adecuación de las medidas de control de orden público y advirtió que instrumentos como la resolución 0088610, en la que el Ministerio de la Defensa definió las normas para la actuación de la FANB en el control de orden público, representan un ³desacato abierto².
Uzcátegui subrayó que el incumplimiento de los dictámenes interamericanos evidencia ³la impunidad estructural² que existe en el país.
Refirió que en los reportes anuales del Ministerio Público se ha omitido información acerca de la fijación de responsabilidades en el caso El Amparo.
La posición del Estado es contradictoria: por un lado aplaude las actuaciones del sistema interamericano, como ocurrió en el caso de Ayotzinapa en México, y por el otro desacata las decisiones que se toman en su contra², alegó..
Libertad de expresión
El 7 de septiembre la Corte Interamericana ordenó devolver la concesión de RCTV y acusó al Estado de abuso de poder y discriminación por razones políticas. Sin embargo, el TSJ dictaminó el jueves pasado que el fallo sobre RCTV es inejecutable porque pretendió ³erróneamente² proteger los derechos humanos de una empresa. En enero de 2009 la Corte responsabilizó a Venezuela de restricciones de la libertad de expresión contra 20 trabajadores de RCTV durante sus funciones periodísticas, además de la afectación a su integridad personal.  En el mismo mes la condena al Estado venezolano fue por la agresión a 44 trabajadores de Globovisión.  El dictamen se basó en la constatación de declaraciones de funcionarios, actos de hostigamiento, agresiones físicas y verbales, y obstaculizaciones de las labores periodísticas por agentes estatales. ³Pese a estas sentencias funcionarios continúan atacando a periodistas. Al Estado le conviene ocultar lo que ocurre en el país e invisibilizar actos que puedan afectar su institucionalidad², señaló Oswaldo Cali, de Espacio Público.
Derecho a la vida
Hace 4 años la Corte Interamericana determinó que se violaron los derechos a la vida, la integridad personal y la propiedad privada; el derecho a la circulación y a la residencia en el caso de la familia Barrios en Guanayén, estado Aragua, compuesta por Justina Barrios, 12 hijos, con sus parejas, y
22 nietos. El tribunal constató que las agresiones y asesinatos contra integrantes de la familia Barrios comenzaron en 1998 y continuaron hasta 2011, y fueron ejecutados por funcionarios policiales.
La Corte verificó que  ³Venezuela tenía conocimiento del riesgo que corrían algunos miembros de la familia Barrios tanto por efecto de denuncias y medidas de protección otorgadas internamente, como por las medidas cautelares ordenadas por los órganos del sistema interamericano de los derechos humanos².
Entre las medidas ordenadas por el tribunal se incluyeron la investigación penal para resolver los hechos, así como para  determinar responsabilidades y sanciones; protección, atención psicológica e indemnización.
Detención precaria
La Corte Interamericana constató que Raúl Díaz Peña pasó por condiciones precarias durante su detención preventiva en el Helicoide, sede de la entonces Disip, desde febrero de 2004 hasta mayo de 2010. El tribunal consideró al Estado responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes hacia Díaz, investigado por su presunta participación en la colocación de explosivos en el Consulado de Colombia y en la Oficina de Comercio de España.
Las condiciones a las que fue sometido Díaz, según la Corte detenido arbitraria e ilegalmente, fueron falta de acceso a la luz y ventilación natural, salidas restringidas al aire libre y al baño, así como el deterioro progresivo de la salud.
³Los servicios de asistencia médica no se prestaron de manera oportuna, adecuada y completa², señala la sentencia. El abogado Héctor Faúndez refirió que estas situaciones han sido señaladas en los casos de Leopoldo López, Daniel Ceballos y varios de los estudiantes.
Derecho de ser elegido
Fue en 2011 cuando la Corte Interamericana condenó al Estado por las inhabilitaciones de la Contraloría General de la República contra el dirigente Leopoldo López por tres y seis años, en agosto y septiembre de 2005. El tribunal consideró que a López se le vulneró su derecho político de ser elegido y el derecho a la defensa.
El dirigente aspiraba a presentarse como candidato a la Alcaldía Metropolitana de Caracas en 2008, pero no pudo formalizar su inscripción ante el CNE. ³El órgano que impuso las sanciones no era un juez competente, no hubo condena y la sanciones no se aplicaron como resultado de un proceso penal², señaló la Corte en el dictamen en el que ordenó asegurar que las inhabilitaciones no impidieran la postulación de López a comicios posteriores a la sentencia. Las inhabilitaciones formuladas por la Contraloría en los últimos meses frenaron la posibilidad de que Daniel Ceballos, María Corina Machado, Enzo Scarano, Manuel Rosales, Pablo Pérez y Abelardo Díaz se postularan como candidatos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

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