Crónicas de disidencia
Constitución y dignidad nacional
- Columnista, Notitarde, Domingo Alfonso Bacalao (Notitarde / )
Domingo Alfonso Bacalao
La intolerable intervención del Gobierno cubano en temas que incumben a la vida nacional, es una herida lacerante en lo que atañe a la dignidad de la República. Aún cercano el eco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, el agobio humillante de una nueva colonización exaspera grandemente el sentido patriótico de un pueblo libre .
El régimen cubano se adueña rápidamente de resortes fundamentales de nuestra vida de país. El sistema de identidad nacional, los registros, las notarías, algunos puntos muy sensibles de las fuerzas armadas y la seguridad y defensa nacional, comienzan a tocar aspectos que conforman lo que la teoría constitucional denomina 'Elementos o Condiciones Existenciales del Estado'.
Además, por si fuera poco lo anteriormente mencionado, el influjo sicológico, político y emocional, típicamente colonizador, que desde la Isla se ejerce sobre el Gobierno Nacional y su presidente Maduro y sus principales líderes, agrava la situación. Se viene hablando, también, con mucha fuerza y propiedad, por personas que conocen el tema en profundidad, que en la furiosa represión practicada por la Guardia Nacional contra los estudiantes, violentando abiertamente los derechos humanos, han participado cubanos con el uniforme de la institución.
La cuestión, entonces, está rozando fibras muy delicadas del acontecer republicano que tienen que ver con nuestros emblemáticos y significativos orígenes históricos independentistas y aspiraciones constitucionales de pueblo soberano y libre. Por todas estas razones coincidimos y nos solidarizamos con el Manifiesto de Mérida que los estudiantes han anunciado al país como parte fundamental de su plataforma principista, donde exigen, como patriotas, "la retirada de toda fuerza de ocupación cubana".
Aquí quiero complementar algunos tópicos brevemente esbozados en artículos anteriores. La Constitución, a la deriva, se ha convertido en la víctima preferida de los propios poderes públicos. Contra ella actúa con saña la Asamblea Nacional, pero con más diligencia aún y particular encono, el Tribunal Supremo de Justicia. El viejo drama del derecho constitucional venezolano y latinoamericano ofrece en nuestros días todas sus deformaciones: Por un lado marcha la norma y por el otro la realidad. Nunca en nuestra historia política democrática una constitución había sido tan vulnerada y maltratada. Es la típica constitución nominal, de papel, una mera sombra, sin fuerza ni vitalidad política y conceptual. Abiertamente el poder la violenta y la irrespeta, en un ambiente cada vez más descarado y cínico en su comportamiento. Sin instituciones jurídicas prestigiosas y con debido ascendiente profesional y ético, la lucha contra este tipo de patologías anclada por largos años en la vida del Estado se hace ardua y difícil. La jurisdicción constitucional, de tan exigentes y calificadas funciones y atribuciones, ha sido tomada por bastardos intereses burocráticos, hasta invalidarla para las grandes tareas hacia las cuales estaba delineada y concebida. Allí han llegado hombres y mujeres sin la suficiente acreditación académica y científica y, más aún, sin llenar los requisitos que la propia Constitución exige para el desempeño del cargo.
Ahora bien, el colapso de la Constitución plantea a la sociedad democrática una redoblada tarea por su rescate, por su vigencia, con la acertada percepción de que en ella reside la avanzada política y social para la construcción de un genuino régimen de libertades con justicia.
Existen en el país dos constituciones simultáneamente vigentes: La legítima Carta Magna del 99, formalmente establecida pero sin ninguna positividad, y la de facto, impuesta arbitrariamente por el Ejecutivo, desconociendo la voluntad popular expresada en referéndum. La primera, a la cual deben aferrarse firmemente las fuerzas democráticas, contiene un amplio programa de transformaciones progresistas dirigido a instaurar una profunda visión institucional que conjugue los elementos formales de un Estado novedoso y abierto a las nuevas tendencias doctrinarias participativas, con los avanzados conceptos centrados en la inclusión social y en los aportes del Estado democrático de derecho y de justicia. Esta vía debe conformar una tarea importante de la alternativa democrática, dirigida a reconstruir algunas zonas del desmantelado estado de derecho y su reinstitucionalización, revisando el funcionamiento de algunas instancias jurídicas y políticas en un debate en la Asamblea Nacional para buscar caminos serios a un diálogo verdadero y provechoso.
El régimen cubano se adueña rápidamente de resortes fundamentales de nuestra vida de país. El sistema de identidad nacional, los registros, las notarías, algunos puntos muy sensibles de las fuerzas armadas y la seguridad y defensa nacional, comienzan a tocar aspectos que conforman lo que la teoría constitucional denomina 'Elementos o Condiciones Existenciales del Estado'.
Además, por si fuera poco lo anteriormente mencionado, el influjo sicológico, político y emocional, típicamente colonizador, que desde la Isla se ejerce sobre el Gobierno Nacional y su presidente Maduro y sus principales líderes, agrava la situación. Se viene hablando, también, con mucha fuerza y propiedad, por personas que conocen el tema en profundidad, que en la furiosa represión practicada por la Guardia Nacional contra los estudiantes, violentando abiertamente los derechos humanos, han participado cubanos con el uniforme de la institución.
La cuestión, entonces, está rozando fibras muy delicadas del acontecer republicano que tienen que ver con nuestros emblemáticos y significativos orígenes históricos independentistas y aspiraciones constitucionales de pueblo soberano y libre. Por todas estas razones coincidimos y nos solidarizamos con el Manifiesto de Mérida que los estudiantes han anunciado al país como parte fundamental de su plataforma principista, donde exigen, como patriotas, "la retirada de toda fuerza de ocupación cubana".
Aquí quiero complementar algunos tópicos brevemente esbozados en artículos anteriores. La Constitución, a la deriva, se ha convertido en la víctima preferida de los propios poderes públicos. Contra ella actúa con saña la Asamblea Nacional, pero con más diligencia aún y particular encono, el Tribunal Supremo de Justicia. El viejo drama del derecho constitucional venezolano y latinoamericano ofrece en nuestros días todas sus deformaciones: Por un lado marcha la norma y por el otro la realidad. Nunca en nuestra historia política democrática una constitución había sido tan vulnerada y maltratada. Es la típica constitución nominal, de papel, una mera sombra, sin fuerza ni vitalidad política y conceptual. Abiertamente el poder la violenta y la irrespeta, en un ambiente cada vez más descarado y cínico en su comportamiento. Sin instituciones jurídicas prestigiosas y con debido ascendiente profesional y ético, la lucha contra este tipo de patologías anclada por largos años en la vida del Estado se hace ardua y difícil. La jurisdicción constitucional, de tan exigentes y calificadas funciones y atribuciones, ha sido tomada por bastardos intereses burocráticos, hasta invalidarla para las grandes tareas hacia las cuales estaba delineada y concebida. Allí han llegado hombres y mujeres sin la suficiente acreditación académica y científica y, más aún, sin llenar los requisitos que la propia Constitución exige para el desempeño del cargo.
Ahora bien, el colapso de la Constitución plantea a la sociedad democrática una redoblada tarea por su rescate, por su vigencia, con la acertada percepción de que en ella reside la avanzada política y social para la construcción de un genuino régimen de libertades con justicia.
Existen en el país dos constituciones simultáneamente vigentes: La legítima Carta Magna del 99, formalmente establecida pero sin ninguna positividad, y la de facto, impuesta arbitrariamente por el Ejecutivo, desconociendo la voluntad popular expresada en referéndum. La primera, a la cual deben aferrarse firmemente las fuerzas democráticas, contiene un amplio programa de transformaciones progresistas dirigido a instaurar una profunda visión institucional que conjugue los elementos formales de un Estado novedoso y abierto a las nuevas tendencias doctrinarias participativas, con los avanzados conceptos centrados en la inclusión social y en los aportes del Estado democrático de derecho y de justicia. Esta vía debe conformar una tarea importante de la alternativa democrática, dirigida a reconstruir algunas zonas del desmantelado estado de derecho y su reinstitucionalización, revisando el funcionamiento de algunas instancias jurídicas y políticas en un debate en la Asamblea Nacional para buscar caminos serios a un diálogo verdadero y provechoso.
dobacalao@cantv.com
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