Alphonse Gabriel Capone (Brooklyn, Nueva York, 17 de enero de 1899 – Miami, 25 de enero de 1947), más conocido como Al Capone o Al Scarface Capone...El más famoso de los gánster de los Estados Unidos
Al Scarface Capone, apodo que recibió debido a la cicatriz que tenía en su cara, provocada por un corte de navaja
Alberto Kenya Fujimori Fujimori (en japonés: 藤森藤森アルベルト [Fujimori Fujimori Aruberuto]; Lima, 28 de julio de 1938) es un ingeniero agrónomo(con estudios de postgrado en Física y Matemáticas) y políticode nacionalidades peruana y japonesa. Ocupó la Presidencia de la República del Perú entre el 28 de julio de 1990 y el 21 de noviembre del 2000, quien siendo Presidente del Perú vivió un autogolpe en Perú en 1992 el cual fue un golpe de Estado propiciado, como el que hizo Hugo Chávez en abril del
2002 por consejo del G2 cubano y por supuesto Fidel Castro para execrar a quienes no le eran fieles,
vieja táctica del guión castrista/comunista cubano...
El método Fujicapone
El Nacional Siete Dias 17 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
1. No importa con cuánta diplomacia se hubiese comportado la bancada democrática en el inicio de sus funciones, el resultado final hubiese sido el mismo. Nada se hubiese alterado si Henry Ramos Allup, como un rey mago, llegaba al acto de instalación de la nueva Asamblea Nacional ofreciendo presentes a los jefes rojos. Una corbata para Carreño. Un fular para Flores. Un mazo de alabastro para Cabello. Lo mismo si al final de la sesión Julio Borges invita a la bancada roja a depositar a cuatro manos una ofrenda floral ante las imágenes de su comandante eterno. Diosdado Cabello se hubiese declarado en rebeldía denunciando que se trataba de un intento de soborno. Carreño subiría atropelladamente al presidio calificando la invitación de Borges como un ardid para apropiarse de un símbolo sagrado. Y Maduro, en cadena nacional, amenazaría con volverse loco y convocar al pueblo armado a impedir que las “cochinas” flores del imperialismo y la oligarquía mancillaran la pureza del hijo predilecto del Libertador.
2. Porque lo que está en juego, desde mucho antes de la realización de las elecciones del 6-D, cuando la cúpula militar-cívico que controla el país tomó conciencia de su inminente derrota, es la aplicación del mismo guión que desde hace poco más de una década ejecuta el oficialismo cada vez que sufre una derrota electoral. Lo llamaremos de ahora en adelante el “método Fujicapone”, una técnica de gobierno que consiste en actuar de manera explícita e intencionalmente delictiva pero intentando mantener al máximo y por el mayor tiempo posible la sensación de legalidad. Una suma de los aportes del ítalo de Brooklyn y el nipón de Lima. Chávez era un maestro en la aplicación del método. Reconoció el triunfo aplastante de Antonio Ledezma sobre Aristóbulo Istúriz, pero convirtió a la Alcaldía Metropolitana en un cascarón casi vacío, le arrebató su sede y propiedades, más buena parte de sus competencias. Creó por decreto un gobierno paralelo nombrado a dedo desde el trono de Miraflores. Maduro cerró el círculo secuestrando al alcalde con un comando armado y enviándolo a prisión hasta el día de hoy. Reconoció también el triunfo de Henrique Capriles sobre Elías Jaua, el homófobo ejemplar, pero le creo al perdedor otro aparato de gobierno paralelo que recibía tantos o más recursos del gobierno central que la propia gobernación.
Aceptó los triunfos renovados de Leopoldo López en la Alcaldía de Chacao, pero terminó inhabilitándolo políticamente por 12 años a través de un contralor apellidado Russián. Maduro entró en escena y ahora Leopoldo, desde febrero de 2014, es otro preso de conciencia privado de sus derechos.
3. No había, por tanto, que esperar un actuar diferente en el caso de la Asamblea Nacional. Cabello exhibió el plan en noviembre del 2015. “Si no obtenemos la mayoría en las elecciones de diciembre, aquí va a haber un conflicto de poderes”, declaró. El 15 de diciembre, ya recuperado del knock out fulminante del 6-D, Maduro lo ratifica. Lo dijo en público: “Esto no se va a quedar así, nosotros vamos a cambiar esta situación”. El 30 de diciembre la amenaza se hizo realidad, una sala del Tribunal Supremo, asestó un golpe directo a la voluntad popular impidiendo a tres legisladores electos asumir las curules para los que ya habían sido proclamados por el árbitro electoral.
4. Hay dos maneras de ir al matadero sin proceso legal. Aceptándolo sumisamente, a ver si en el camino, por bien portados, se logra el perdón. O, pataleando, protestando y denunciando el abuso, que si no te puede salvar la vida deja constancia histórica del abuso. Es, a mi juicio lo que bien viene haciendo la bancada mayoritaria.
En algún lugar lo leí y con gusto lo cito: “Nadie puede llegar a una cárcel de alta peligrosidad con un Manual de Carreño como guía”. Tampoco, agregaría Mandela que hizo las dos cosas bien, sin capacidad para negociar y replegarse cuando sea necesario.
Al final Capone se descuidó con los impuestos y Fujimori paga una pena de 25 años en una cárcel peruana. También los métodos delictivos tienen fecha de vencimiento.
La historia de un silencio
17 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
Al diputado Diosdado Cabello no le gusta que la periodista diga la palabra “oficialismo”. Le molesta. Le irrita. Por eso salta a corregirla con una vehemencia casi canina. Como si quisiera morder la palabra en el aire. Responde de forma obsesiva: “Bloque de la patria”, dice. “Bloque de la patria”, repite. “Bloque de la patria”, insiste. Es un devoto militante de la exasperación.
El oficialismo actúa sobre el lenguaje de manera obsesiva. Conoce su importancia. Ha aprendido que a veces las palabras son más eficaces que una Kalashnikov. En el terreno de la comunicación ha recuperado batallas que tenía perdidas en la calle. Son un ejército verbal asombroso. Tienen una envidiable disciplina en el vocabulario. Nadie encontrará a un solo funcionario que –en estos momentos– se refiera a la “oposición”. La instrucción es hablar de la derecha, de la ultraderecha. Y así se reitera por todo el mapa en cualquier voz oficial. Se escucha en las radios, se escribe en la prensa; solo así se pronuncia en las declaraciones públicas. Así también se va distribuyendo en las bases, entre la gente. Hasta que parezca una verdad.
Basta un breve registro desde aquellos días de febrero de 2014 hasta este instante para ver cómo la compleja y plural realidad ha sido tapada por una sentencia: “La derecha asesinó 43 personas en esas guarimbas”. Quien se hunda mínimamente en la historia, incluso desde la perspectiva radical de la izquierda, descubrirá que hay en esas palabras una versión falsa o incompleta de la realidad. Lo más cierto, por desgracia, son los muertos.
En esa frase no aparecen los funcionarios y escoltas que realizaron los primeros disparos en el centro de Caracas, hiriendo y asesinando a manifestantes. En esa frase no aparecen los miles de estudiantes golpeados, detenidos y procesados inconstitucionalmente. En esa frase no aparece el legítimo derecho de protestar –por la razón que sea– que tiene cualquier ciudadano. Pero la frase se promueve con pasmosa naturalidad. Con mayúsculas y signos de exclamación. La repetidora del poder la pronuncia como si fuera un hecho incuestionable.
Con esa misma manipulación del lenguaje, el diputado Cabello también enfrenta una discusión tan seria y difícil como una probable Ley de Amnistía. Da por sentado que los diputados no oficialistas son todos responsables de las trágicas muertes ocurridas en febrero de 2014. Dice que los victimarios no pueden perdonarse a ellos mismos. Es un método simple: con su discurso convierte a los parlamentarios en culpables y, desde esa sentencia, después los descalifica. No hacen falta más explicaciones. No son necesarias las evidencias. El discurso en sí mismo es una prueba. El lenguaje se transforma en una virtud moral que, además, legitima y sacraliza a quien lo ejerce. Si yo lo digo, todo puede ser verdad.
Ahora que andan tan guerreros y combatientes, sería muy saludable para los venezolanos recordar cuándo y por qué el oficialismo prefirió guardar silencio. Busquemos algunos ejemplos en años recientes: en mayo de 2015, el “bloque de la patria” se negó a debatir sobre la inseguridad. En ese mes, también impidió que se realizara un debate sobre la crisis económica. En abril de 2015 no aprobaron un debate sobre el lavado de dinero en Andorra, es decir, sobre la enorme corrupción en la que parece estar implicada Pdvsa. Tampoco quisieron que hubiera una discusión sobre el caso del Esequibo. Ni sobre la situación de las cárceles, ni sobre los apagones, ni sobre los acuerdos firmados con China, ni sobre la situación de los trabajadores siderúrgicos… por no citar casos francamente asquerosos: ¿sabes cuántas veces el bloque de la patria impidió que se hablara sobre el caso de Pdval y las toneladas de comida podrida? Nueve.
Una breve historia de los debates no aprobados por el oficialismo puede ser una radiografía directa. ¿Para quién trabajan? ¿A quiénes protegen? ¿Qué intereses defienden? En el larguísimo silencio parlamentario de todos estos años están las respuestas a todas estas preguntas.
¿Están todos los que son? ¿Son todos los que están?
40 juristas y más de 400 particulares hicieron observaciones a la propuesta de ley que se presentó esta semana ante la Asamblea Nacional. La amnistía se refiere a hechos y no a personas, como en el caso de los indultos. En el texto se refieren 41 eventos marco de violaciones de derechos humanos ocurridos desde 1999
17 DE ENERO 2016 - 12:03 AM
La ley de amnistía fue lo primero que mencionó el diputado Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, cuando anunció la agenda parlamentaria, en el acto de instalación de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2016.
De esta manera, Borges pondría de relieve que la amnistía fue una oferta electoral, de modo que cuentacon el respaldo de la mayoría del electorado que se expresó a favor de un cambio político el 6 de diciembre de 2015.
El ex presidente del Parlamento y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, no esperó más de un día para torpedear la eventual exoneración de responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria de todos los presos y perseguidos políticos venezolanos.
El 6 de enero, a través de su programa televisivo Con el mazo dando, Cabello afirmó: “Aquí, en esta ley, entra hasta “el Picure” –el delincuente común más buscado del país. Cualquier delincuente entra aquí, porque abarca todos los delitos desde el año 99 hasta ahora. Claro, ellos le ponen que haya sido para salir de este gobierno. Es una ley donde los verdugos se autoperdonan y a las víctimas no las nombran por ningún lado”.
La objeción de Cabello se refiere a la particularidad que distingue la ley de amnistía propuesta por organizaciones de la sociedad civil de las que se han elaborado en otros países e, incluso, en Venezuela.
Gonzalo Himiob, directivo del Foro Penal Venezolano, responde al dirigente oficialista: “La amnistía, a diferencia del indulto, se refiere a hechos y no a personas individualmente consideradas. Lo que ocurre en Venezuela es que, para criminalizar la protesta, los fiscales y jueces no se han limitado a investigar, juzgar y sancionar por delitos típicamente políticos (por ejemplo, rebelión, conspiración o traición a la patria), sino han echado mano de cualquier tipo penal, incluso delitos gravísimos como corrupción y terrorismo, para cumplir con las exigencias del gobierno de aniquilar políticamente a los que se identifican como enemigos del proceso revolucionario”.
El proyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional el 11 de enero es el resultado de la articulación de varias iniciativas emprendidas por organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales han trabajado en el asunto desde 2007. Se utilizó como documento base el elaborado por el Foro Penal Venezolano, por ser el más amplio de todos, y se fusionó con los de las ONG Justicia y Proceso Venezuela, Justicia Venezolana y Centro Popular de Formación Ciudadana, además de los redactados por los equipos jurídicos de los partidos Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo y el presentado por el constitucionalista Jesús María Casal antes de ser designado consultor jurídico del Parlamento. También se tomó en consideración el trabajo del Comité Unificado de Familiares, Allegados y Representantes de los Presos y Perseguidos Políticos, integrado por Robiro Terán, Larilem Rodríguez, Jackeline Sandoval, Raúl López y Nohelia Álvarez, bajo la coordinación de Lewis Arvelo.
Para organizar el debate, en el cual participaron aproximadamente 40 juristas y más de 400 particulares que enviaron comentarios vía online, se creó el Comité Unificado de Redacción y Promoción del Anteproyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Las decisiones se tomaron por mayoría, pero, en general, todos coinciden en que se trata de un primer papel de trabajo que es necesario afinar.
Dos listas. El proyecto en discusión es amplísimo. Incluye 41 hechos ocurridos desde el 1° de enero de 1999, sobre los cuales se abrieron investigaciones, se desarrollaron juicios y se aplicaron sanciones por motivaciones políticas.
Además de la variedad de sucesos, la incorporación de la categoría “perseguido político” extiende el ámbito de aplicación de la ley. Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, explica que las definiciones corresponden a una investigación realizada por un equipo de profesores de la Universidad de Harvard, del cual él forma parte.
“Es un trabajo que comenzó en junio del año pasado y que concluyó en diciembre con la presentación de un artículo de mi autoría titulado ‘El uso del Estado de Derecho como máscara para la persecución política’. Se analizaron todas las definiciones de presos y perseguidos políticos en el mundo con el propósito de elaborar las que mejor se adaptaran a la sui generis realidad venezolana. Finalmente, utilizamos la noción ‘políticamente inconveniente’, para poder abarcar la variada gama de perseguidos políticos en Venezuela, que va desde el vecino acosado por un colectivo oficialista hasta el empresario acusado de ser responsable de la supuesta guerra económica”, indica Romero.
La definición de perseguido político incluye 19 supuestos. Las especificaciones no solo se limitan a procesos penales, pues, por ejemplo, el literal “n” establece como eventual beneficiario de amnistía al que haya sufrido confiscación, congelamiento, secuestro u ocupación arbitraria de sus bienes a causa de su opinión o posición política.
El amparo que se quiere dar a personas jurídicas es uno de los aspectos más controversiales del proyecto, pues la mayoría de los juristas dudan de que las empresas puedan tener derechos humanos o puedan responder personalmente. “Para mí es inadmisible relajar el principio según el cual la responsabilidad penal es personalísima”, acota la profesora Magaly Vásquez.
La intención de que nadie quede por fuera llega al punto de incluir en la definición de perseguido político al que haya sido sometido al escarnio, a injurias o al desprecio público por parte de algún agente estatal a través de los medios de comunicación. En este caso no se trata de un proceso judicial o administrativo con fines sancionatorios y la intervención de un juez se limitaría a tramitar eventuales exigencias de reparaciones por los daños causados.
Los casos de hostigamiento que obligaron a las víctimas a huir del país también están establecidos en el proyecto de ley. Ellos constituyen buena parte de la lista de amnistiables, comenta Gonzalo Himiob, si se considera que todo el que ha podido buscar refugio en otro país lo ha hecho.
Alfredo Romero explica que los presos y perseguidos políticos se pueden concentrar en tres grandes grupos: 1) los que son identificados como amenazas directas para el gobierno, entre ellos dirigentes de oposición y líderes de opinión. Casos emblemáticos serían el máximo líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero; 2) los que son víctimas de persecución por el solo hecho de pertenecer a un grupo o sector de la sociedad que el gobierno estigmatiza como contrarrevolucionario. Ejemplos de este tipo de perseguidos políticos abundan en el empresariado y en el movimiento de defensores de derechos humanos; y 3) los falsos responsables, referidos en el literal “c” como aquellos “cuya persecución sea utilizada como justificación de un fracaso o desacierto en las políticas públicas, o para mostrar ante la opinión pública falsos responsables jurídicos, políticos, económicos o sociales, a través de la construcción y difusión de una narrativa pública a cargo de los órganos y entes del poder público, funcionarios o empleados públicos, o de sus representantes o voceros, mediante el uso de los medios o redes de comunicación e información públicos o privados, alternativos o comunales”.
Tres requisitos. Tal como está planteado en el proyecto, para calificar como beneficiario de la amnistía es necesaria la concurrencia de tres requisitos: 1) ser preso o perseguido político en los 19 términos específicos establecidos en la ley, 2) que en el encarcelamiento o persecución correspondan a los 41 sucesos cuyas consecuencias jurídicas han de olvidarse; y 3) no haber incurrido en violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, en concordancia con la prohibición de amnistía para estos tres casos consagrada en el artículo 29 de la Constitución.
“Bajo ninguna circunstancia, la amnistía puede convertirse en un mecanismo de impunidad, pero hay que tomar en cuenta que en muchos casos se endilgaron delitos comunes de manera fraudulenta para actuar en contra de personas que han sido utilizadas como chivos expiatorios”, acota la ex fiscal del Ministerio Público y directora de la ONG Fundación Para el Debido Proceso, Jackeline Sandoval, que además es esposa y abogada de Rolando Guevara, uno de los condenados por el homicidio del fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson. Tanto Sandoval como Guevara serían beneficiarios de la amnistía: ella por haber sido obligada a renunciar a un cargo público y él por haber sido condenado, a casi 30 años de prisión, mediante un juicio con motivaciones políticas que violó el debido proceso de los acusados.
Alfredo Romero lo explica con ejemplos: “Javier Mora Ortiz, el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana que asesinó al estudiante de 14 años de edad Kluivert Roa, ni Yonny Bolívar, el homicida de la intérprete de señas Adriana Urquiola, podrían beneficiarse de la amnistía. Aunque ambos sucesos ocurrieron en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2014, nunca podría admitirse que estas dos personas, que, de hecho, admitieron su responsabilidad penal, son presos políticos”.
“Distinto ocurre con el ex gobernador de Zulia Manuel Rosales –agrega su abogado defensor Jesús Ollarves–. No hay dudas que es un preso político, quizás el primer preso político reconocido como tal por el presidente Hugo Chávez cuando públicamente dijo que se ponía al frente de la ‘operación Manuel Rosales vas preso’. Lo acusaron por enriquecimiento ilícito, pero en forma artificiosa, precisamente para impedir que afrontara el juicio en libertad y, por ello, se vio obligado a salir del país y a pedir asilo político en Perú. Las denuncias contra Rosales fueron falsas y así lo admitió el tristemente célebre magistrado Eladio Aponte Aponte. Además, para aniquilarlo políticamente nunca le permitieron incorporar al expediente pruebas de su inocencia. La violación flagrante del debido proceso también lo hace merecedor de amnistía”.
Lo planteado por Ollarves tiene que ver con las excepciones a las limitaciones para conceder amnistía, las cuales también están expresamente establecidas en el proyecto de ley.
Todos los que han participado en el debate dicen estar conscientes de que no pueden promover indultos encubiertos. Sin embargo, por lo pronto la propuesta de ley de amnistía está nutrida por las aspiraciones particulares de los que han hecho esfuerzos sostenidos para no quedar excluidos de una oportunidad excepcional de librarse de la cárcel o el sometimiento a procesos sancionatorios, para que cesen las represalias en su contra por oponerse al gobierno y a sus ejecutorias.
Hasta la próxima emboscada del antro judicial
El Nacional 17 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
Personalidades, gobiernos y parlamentos democráticos del mundo, a los que se añade la prensa internacional, observan con horror el golpe de Estado del régimen de Maduro contra la voluntad popular a través de un tsj (con minúscula) abyectamente politizado que, sin recato alguno, viola la Constitución y contradice sentencias reiteradamente aprobadas por quienes hoy las niegan. La más reciente, rechazada por los más prominentes constitucionalistas del país, por el secretario general de la OEA, Luis Almagro y voceros de numerosos gobiernos democráticos, ha sido la decisión 260 de la sala electoral del tsj (con minúscula) de desincorporar a 4 diputados de Amazonas (3 de ellos opositores) de la nueva AN, sin prueba alguna, pero con la clara idea de quitarle a la MUD su mayoría calificada. Tan urgida estaba la “sala” que interrumpió su asueto navideño para recibir la solicitud de sus jefes del PSUV: abrió del 28 al 30-D, recibió la impugnación oficial el 29 y el 30 dictó la sentencia contra los diputados de Amazonas. Una muestra de la ética del “máximo” tribunal: Fanny Márquez y Christian Zerpa fueron nombrados “magistrados” ilegalmente el 23 de diciembre por la AN chavista (en dicha sesión, el todavía diputado Zerpa votó a favor de sí mismo para ser magistrado).
La ONG Acceso a la Justicia publicó un riguroso informe sobre “Las 7 interrogantes de la sentencia 260 de la Sala Electoral del TSJ” en el que explica que el “fundamento jurídico del recurso contra los diputados de Amazonas es que hubo presuntamente un fraude electoral. Según la recurrente chavista, el fraude se cometió porque hay grabaciones en un audio que circula en los medios, de una conversación entre la secretaria de la Gobernación de Amazonas y un anónimo, en la cual ésta ofrece dinero a cambio de votos a favor de la MUD”. El informe desmonta las falacias legales de la impugnación: 1) La grabación de la supuesta conversación no fue ordenada por tribunal alguno. Es de fuente anónima. 2)Al desconocerse su origen no se tiene certeza de la verdadera identidad de quienes mantienen la conversación (el gobernador y el diputado indígena sostienen que la voz en la grabación no es de la secretaria del gobernador Guarulla) La verdadera secretaria sigue detenida sin que haya prueba del supuesto delito, siendo la presunta prueba inconstitucional. 3) Uno de los que conversa (“agente encubierto”) no se sabe quién es ni su papel en los hechos. 4) Se habla de compra de votos, pero no se mencionan hechos concretos sobre votantes específicos. 5) Si se alude solo a unas poblaciones de Amazonas ¿por qué se afecta a todo el estado? 6) La grabación está editada, es decir, intervenida, de modo que no existe certeza de todo lo supuestamente conversado ni si sufrió otras alteraciones que cambien lo que aparece en ella. Y 7) ¿Por qué el tsj lo admite como prueba cuando carece de sustento? Lo más grave es que se le da carácter probatorio a algo que no es admisible en un juicio y que en realidad no prueba nada y es una “prueba inconstitucional”. Con esta monstruosidad falsificada, la sala electoral arremetió contra sentencias suyas anteriores, creadoras de jurisprudencia: En su fallo Nº.59 de mayo de 2005, la sala estipuló: “La proclamación no constituye solamente el pronunciamiento del órgano electoral competente sobre la determinación del resultado, sino que, necesariamente, debe incluir la investidura del elegido, cualquiera sea la modalidad de ésta: juramentación, entrega de credencial, posesión efectiva del cargo, etc. Así, no podrá considerarse finalizado el proceso electoral que no culmine en la efectiva toma de posesión del cargo por parte del candidato electo”.
La nueva AN, cumpliendo con la Constitución, juramentó a los tres diputados suspendidos ilegalmente por la sala electoral. Toda la jauría oficialista se volcó contra esa decisión. En minutos el tsj condenó a la AN por “desacato”, anuló todo lo aprobado y la dejó inmovilizada (“Si la AN está en desacato, amenazó Diosdado, ningún poder está obligado a reconocerla”. Y dicho y hecho). El diario El Mundo de España pone en evidencia los golpes continuados e inconstitucionales del terrorismo judicial contra la soberanía popular: “La oposición venezolana pierde a los tres diputados de Amazonas”, titula al anunciar la desincorporación nada voluntaria de los parlamentarios . Y añade: “La mayoría opositora de la AN ha encontrado una salida temporal, hasta la próxima emboscada, al laberinto político urdido por el chavismo para bloquearla…De momento y hasta la próxima sentencia del Supremo”. Henry Ramos, presidente de la AN, al reconocer que “esta crisis no es superable con este gobierno”, añadió entristecido que “a veces hay que sacrificar algunas cosas para salvar otras”. El viernes Maduro debe haber presentado su memoria y cuentos en la AN, ya levantado el “desacato” por el tsj. La salida (¿temporal?) de los tres diputados del Amazonas ante la paralización sentenciada por los juristas del horror, deja las puertas abiertas a otras impugnaciones del oficialismo que reposan, con fecha atrasada, en su partido judicial (sala electoral); y a incumplimientos aberrantes como el del acuerdo de la AN que beneficia a presos y perseguidos políticos, y en el que se exhorta al gobierno a cumplir con decisiones de organismos de derechos humanos. Ya la bancada oficialista dijo que acudirá a su albacea, el tsj, para que lo anulen, demostrando así la tendencia de ambos a violar los derechos humanos. Este horror se extiende hasta la obscena negación de justicia a los presos políticos: por décima vez ha sido negada la audiencia de Antonio Ledezma. Y a la inmunidad de los grupos violentos armados. O a la rapiña hamponil de los equipos de ANTN puestos al servicio de la minoría del PSUV. O al ominoso silencio sobre la presunta relación de sectores del gobierno con el narcotráfico. El despido precipitado del supersobrino doblemente tesorero –Pdvsa y Tesoro–, se debería a que “Estados Unidos lo estaría investigando por supuesto lavado, según habrían denunciado su primos, presos en ese país por presunto narcotráfico”. Las agencias de riesgo y banca internacional colocan a la Venezuela de Maduro en el tope de la recesión, con la inflación, escasez y corrupción más altas del mundo y una tasa de homicidios que ya alcanzó la cifra histórica de 90 por cada 100.000 habitantes.
Nada de esto habrá sido citado por Maduro en su “memoria y cuentos” . Ni tampoco citará el sincero reconocimiento del ministro Jesús Farías de que “la crisis del país es culpa del modelo económico y en eso los enemigos del chavismo tienen razón”. Subraya también Farías que “el pueblo no compró la tesis de la guerra económica”, tesis sostenida por el nuevo ministro de Economía, el radical Salas, quien jura que no existe la inflación, y quien junto con Maduro terminará de hundir este país de gracia llamado Venezuela.
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