Desayuno en la Redacción
Notitarde 19/01/2014
Aseguraron Nelson Riedi, presidente del Colegio de Abogados; José Efraín Valderrama, abogado constitucionalista; y el ex gobernador y jurista Luis Tomás Izaguirre
"La demanda de nulidad es la vía más lógica, legal y expedita de frenar decretos"
- Francisco Briceño, Ricardo J. Degwitz, María Inés Ferrero, Margarita Jiménez Márquez, José Efraín Valderrama, Nelson Riedi, Luis Tomás Izaguirre, Yersey Arismendi Arocha, Laurentzi Odriozola Echegaray y Daniela Chirinos. (Foto: Jorge Cera Yépez. / Jorge Cera Yépes)
Yersey Arismendi Arocha/ Daniela Chirinos Arrieta
Al César lo que es del César, y quitarle competencias a la Alcaldía de Valencia no solo es un error que perjudicará al municipio en lo cultural, económico y social, sino que viola de manera flagrante el principio constitucional de descentralización, y "la forma más lógica, legal y expedita para hacer frente a los decretos 664, 665 y 666 es la demanda de nulidad. Todos deben adherirse a ella".
De esta manera opinaron Nelson Riedi, presidente del Colegio de Abogados de Carabobo; el ex gobernador del estado, Luis Tomás Izaguirre; y el abogado constitucionalista José Efraín Valderrama, invitados a la sección Desayuno en la Redacción de esta semana, quienes introdujeron el pasado viernes dicho recurso jurídico ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Valencia, para dar inicio al proceso que frenará -según especificaron- la centralización de la Plaza de Toros Monumental y del Parque Recreacional Sur.
Por esta casa editora estuvieron presentes Ricardo Degwitz, presidente de Notitarde; Laurentzi Odriozola Echegaray, director del diario; Margarita Jiménez Márquez, miembro de la junta directiva; María Inés Ferrero, directora de Relaciones Institucionales; Francisco Briceño, editor de cierre de Ciudad; Daniela Chirinos, editora de Cultura; y quien escribe este trabajo, Yersey Arismendi Arocha.
Dos propuestas para hacer frente a las consecuencias que tendrán los decretos 664, 665 y 666, publicados en la Gaceta Oficial 40.313 del 11 de diciembre de 2013, han sido expuestas por reconocidas personalidades del estado Carabobo y representantes de partidos de oposición que hacen vida en el municipio.
La primera se refiere a un referéndum consultivo, para que sean los valencianos quienes decidan si aceptan que se nombre una autoridad única de área para el estado Carabobo con el propósito de desarrollar la "Ciudad Hugo Chávez" en las parroquias Rafael Urdaneta, Miguel Peña y Santa Rosa -éstas quizás las más importantes del municipio, pues es en ellas donde se concentra la mayor densidad poblacional-, y que se declare monumento nacional la Plaza de Toros y el Parque Recreacional Sur, que serán administrados por esta nueva figura, además de que el Teatro Municipal pase a manos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
La segunda propuesta es la demanda de nulidad de dichos decretos, que para los invitados al Desayuno, "es la medida más viable que permitiría impedir el desmembramiento de Valencia", refirió Nelson Riedi.
Al respecto, el Presidente del Colegio de Abogados de la región comentó que comenzaron a trabajar -hace ya bastante tiempo- con un pronunciamiento que hizo el gremio en su momento, en base a la situación que se presentó con los tres decretos -664, 665 y 666-; "ahí dijimos que íbamos a introducir la demanda", expresó.
Asimismo, refirió que el pasado miércoles "estuvimos conversando sobre cómo llevaríamos a cabo esa acción, y llegamos a la conclusión de que la demanda de nulidad es la manera lógica y legal, que más que crear una discusión, nos ofrece soluciones en el sentido de que, a través de ella, podemos darle al Gobierno las herramientas para que de alguna manera pueda subsanar lo que ha causado con esta decisión".
Riedi señaló que en relación a los decretos hay muchas posiciones, "pero todas las posiciones suman. Todas. Los que apoyan el referéndum y los que apoyan la demanda"; y destacó que todos aquellos que trabajan por esta causa "debemos seguir luchando porque se refiere a los derechos de todos los valencianos".
Para Nelson Riedi, hay un aspecto que llama poderosamente la atención y es el hecho de que no se hayan realizado decretos a patrimonios de otros municipios o estados. "¿Por qué no se hace lo mismo con el Teatro Municipal de Puerto Cabello?, ¿por qué no con la Maestranza de Maracay?, simplemente porque se busca debilitar con la centralización que es inconstitucional", aseveró.
De igual forma, indicó que llama la atención el hecho de que entre las tres parroquias afectadas se encuentra Rafael Urdaneta, que es donde está ubicado el parque industrial de Valencia, por lo que las competencias sobre éste -según dijo- pasarían a estar a cargo de la autoridad única de Carabobo, "que quizás sería la encargada de la recaudación de todo lo que son las actividades económicas. Con estos decretos el músculo financiero se vería seriamente debilitado y da fuerza a un concepto político: El de las comunas".
Ahora bien, en cuanto al tema de nombrar la Plaza de Toros como monumento nacional, Riedi dijo "aplaudir" la iniciativa; no obstante, indicó que para hacer eso no es necesario transferir la administración de este espacio a otro ente.
"Tomemos como ejemplo las Naciones Unidas; no porque las Naciones Unidas, a través de la Unesco, nombren una obra, edificio o estructura como patrimonio de la humanidad quiere decir que la administración pase a su competencia. No veo por qué no se pueden entregar los recursos a la Alcaldía y que sea ésta la que se encargue de la administración de este espacio", fustigó el Presidente del Colegio de Abogados, quien destacó que no descansará en la lucha para lograr que el Gobierno Nacional reflexione sobre estas decisiones que atentan contra la idiosincrasia de los valencianos.
Sobre el referéndum consultivo
Por su parte, para el jurista José Efraín Valderrama, la demanda de nulidad de los tres decretos no solo es la mejor opción, sino la única que considera viable, ya que -a su juicio- realizar un referéndum consultivo "abriría las puertas a cosas terribles, pues no siempre la decisión de la mayoría es lo mejor; recordemos que una mayoría decidió crucificar a Jesucristo. Por ejemplo, sería permitir que todo pueda ser sometido a consulta, hasta decidir si alguien muere o no".
En otro orden, Valderrama manifestó que la Carta Magna "establece que negarle -a un municipio- una competencia con carácter económico afecta de manera no solo política, económica y social, sino también cultural a los habitantes de las parroquias afectadas, porque hay diferencias que separan los problemas y tradiciones del sur con respecto a Carabobo. No es lo mismo Valencia que Naguanagua, y no es igual el impacto del entierro de la sardina en Puerto Cabello que en Naguanagua".
En su opinión, todo esto tiene que ver "con un tema de separación de poder, que si bien es cierto que existen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, también existen el Nacional, Estadal y Municipal. Esta separación es el principio del Poder Público y sirve para evitar la concentración de poder y el Estado absoluto para garantizar la libertad".
Acotó que al separar la misión judicial, ejecutiva y la legislativa, se hace para que quien decida las leyes no las ejecute, quien las ejecute no sea el que las juzgue. Igual tiene que ver con el tema de la gobernanza nacional, estadal y municipal. "Lo que se está pidiendo es que el poder no se concentre en un solo hombre. Hay que respetar el principio de descentralización", enfatizó Valderrama, quien explicó que así lo establece la Constitución de 1999, "pero vemos que se está actuando al revés, se está pretendiendo enervar la concentración de poder".
El constitucionalista aseguró que el Gobierno va centralizando competencias no solo de las gobernaciones, sino ahora también de los municipios a través de estos decretos. "Hay que reconocer que existe un conflicto de interés de carácter territorial", expresó, toda vez que recordó que históricamente se ha demostrado que la centralización funciona para unas cosas, pero no para otras.
"No puedes estar definiendo desde Caracas qué obra se va a presentar en el Teatro Municipal de Valencia. ¿Ustedes creen que el Presidente esté para decidir qué obra se va a proyectar en el Teatro Municipal?, yo no, pues en política, la descentralización supone transferir el poder de un gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas", sostuvo.
José Efraín Valderrama resaltó la importancia de "respetar" a las autoridades que fueron elegidas por el pueblo. "Si hay una autoridad electa, llámese Cocchiola, llámese Parra o si hubiese sido Miguel Flores, como autoridad electa por los valencianos para administrar el municipio con la autonomía que la Constitución le garantiza, debe ser respetada. Deben ser estas autoridades quienes regulen y creen las políticas públicas para satisfacer las necesidades de la población", manifestó el jurista.
Abuso político enmarcado en "leguleyismo"
Para el ex gobernador y también jurista Luis Tomás Izaguirre, los valencianos no merecen "el arrebato" que está ejerciendo el poder central contra ellos; a su juicio, el abuso político que se está cometiendo contra el municipio está enmarcado en un "leguleyismo" que pretende despojarlo de 55 hectáreas de terreno.
"Hay una situación que viola unas disposiciones constitucionales y legales que preocupa a todos los valencianos. Nosotros no merecemos el arrebato que está ejerciendo el poder central contra los valencianos. Existe un evidente abuso de poder político que viene enmarcado dentro de un 'leguleyismo' para complacer a un grupo y no a la comunidad, no de los valencianos, porque se habla de despojo no porque se pierde la titularidad de un espacio, sino porque se pierde su uso y disfrute, y perder el uso y disfrute es perder la titularidad, ya que para eso ahora hay que pedir permiso", dijo.
"Hay una situación que viola unas disposiciones constitucionales y legales que preocupa a todos los valencianos. Nosotros no merecemos el arrebato que está ejerciendo el poder central contra los valencianos. Existe un evidente abuso de poder político que viene enmarcado dentro de un 'leguleyismo' para complacer a un grupo y no a la comunidad, no de los valencianos, porque se habla de despojo no porque se pierde la titularidad de un espacio, sino porque se pierde su uso y disfrute, y perder el uso y disfrute es perder la titularidad, ya que para eso ahora hay que pedir permiso", dijo.
Por otra parte, el también profesor universitario resaltó que el término "ocupación" no es usado en el decreto 666 y expresó que causa suspicacia que ni el Gobernador, ni la autoridad única de área para Carabobo hayan hecho acto de presencia durante la ocupación física de los espacios afectados por dicho decreto, para de esta manera "dejar constancia de que apoyan la medida (...) Esto quiere decir que, o se están dando cuenta de lo absurdo de sus actos, o la reacción lógica de los valencianos los ha llevado a meditar sobre lo que nos acontece (...) Con esto pueden, si lo manejan con inteligencia, dar un golpe de timón, reflexionar y decir: Este decreto vamos a dejarlo sin efecto porque es muy difícil que uno solo se autorregule".
Izaguirre señaló que el decreto 666 se refiere, concretamente, a la ordenación de los planes de desarrollo de ciertas zonas, sobre todo al tema de ambiente, mas no utiliza la palabra ocupación.
"La palabra ocupación es producto de un régimen militar, lo que implica complicación que rompe la estructura de derecho que tenemos todos los ciudadanos, porque si te confiscan, no tienes derecho a que te resarzan", mencionó.
Al ser consultados sobre cómo harían para dar a conocer su posición y explicar por qué la demanda de nulidad es la mejor vía para solucionar el conflicto generado por los decretos 664, 665 y 666, Riedi, Valderrama e Izaguirre señalaron que están estudiando la posibilidad de realizar foros en la sede del Colegio de Abogados, en universidades y en sectores pertenecientes a las parroquias Rafael Urdaneta, Miguel Peña y Santa Rosa; "nos parece que es la alternativa más idónea para que los valencianos conozcan de manera clara sus pormenores".
"Para evitar que demanda quede en el espectro, hay que sumarse"
Los reconocidos juristas destacaron que para lograr que la demanda de nulidad sea admitida en Caracas, hay que trabajar sin olvidar ser perseverantes y estar unidos por una misma causa.
Explicaron que la mejor manera de hacer que este tema "no se olvide" es que quienes estén de acuerdo con la demanda de nulidad se vayan sumando. "Lo que realmente queremos es intentarlo, y el Colegio de Abogados representado por Nelson (Riedi) tiene que hacer lo que tiene que hacer, intentar la nulidad", sostuvo el ex gobernador Luis Tomás Izaguirre.
"En pocas palabras, que cada quien se dedique a trabajar. Es un asunto de memoria histórica y sí vale la pena intentarlo", fustigó el abogado José Efraín Valderrama.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Nelson Riedi, aseguró que se mantendrán en pie de lucha para lograr la admisión de la demanda y expresó que está a disposición del alcalde de Valencia, Miguel Cocchiola, para sumar esfuerzos y lograr que estas medidas emanadas, que implican el desmembramiento del municipio, queden sin efecto. "Para evitar que la demanda quede en el espectro, hay que sumarse a la causa", finalizó.
Ventana
"A sumar voluntades por Valencia"
Históricamente, Carabobo ha sido un pueblo democrático, respetuoso y en lo absoluto sumiso. Hoy, su capital exige "la altivez" de sus hijos para defenderla, pues "se nos está irrespetando y vulnerando nuestros derechos", advierte el ex gobernador de Carabobo, abogado, pero sobre todo valenciano, Luis Tomás Izaguirre.
De ahí que exhorte a los jóvenes juristas a "acostumbrarse a defender la Constitución y, ante todo, la legalidad"; a sus coterráneos y a quienes toman Valencia como su patria chica dice: "Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro gentilicio, nuestra historia no nos la puede arrebatar el poder central, hay que defenderla sin miedo".
Un poco más conciliador, Nelson Riedi Cabello señala que si bien la demanda que hoy encabeza como representante del gremio de abogados regional es un asunto jurídico, "no tiene que radicalizarse o recaer en lo político, desprestigiando a unos y a otros"; por el contrario, "es un momento oportuno para llegar a una solución juntos en beneficio de la gobernabilidad, la paz y la seguridad de los valencianos".
Porteño de nacimiento y valenciano por destinación -comenta con humor Riedi Cabello-, reconoce que con esta acción "se trata de elevar, desde el punto de vista jurídico, lo que debemos hacer por esta ciudad", pues puede que éste sea un primer paso para que más adelante se zanjen las soluciones que queremos para Valencia, en franco diálogo con el Gobierno.
José Efraín Valderrama es valenciano y el más joven del grupo. No es la primera vez que trabaja en una demanda de este tipo; con el grupo Abogados y Sociedad, el cual lidera, introdujo una demanda para la protección del salario suficiente contra el fallecido presidente Hugo Chávez; luego, introdujeron un amparo constitucional contra la Ley Orgánica del Trabajo, antes de ser decretada.
Y una vez más, la defensa de la Constitución es lo que le ha motivado a actuar desde el escenario profesional. "Se trata de defender la institucionalidad -afinca-, es entender que las reglas de juego claras son las que permiten el progreso de la sociedad".
Es por eso que a sus colegas contemporáneos recuerda que "cuando uno se hace abogado, se hace parte del sistema de justicia y debemos defender la institucionalidad, porque hay una correlación entre calidad de vida con el desarrollo del Estado y sus reglas".
Sin embargo, recuerda que más importante aun es el rol de los ciudadanos, pues sin éstos "no hay democracia". Y recalca que "ser ciudadano comprende derechos y deberes. La libertad cuesta, calidad de vida cuesta, y si el ciudadano no hace lo que tiene que hacer, termina perdiendo -en este caso- espacios".
"Que cada quien haga lo que tenga que hacer". Esta frase, de evidentes tintes de reclamo e intención individualista, pierde toda fuerza negativa para convertirse en un llamado de atención a sumar voluntades, sobre todo cuando se trata de defender el bien común, el patrimonio, el municipio.
"Que cada quien haga lo que tenga que hacer". Esta frase, de evidentes tintes de reclamo e intención individualista, pierde toda fuerza negativa para convertirse en un llamado de atención a sumar voluntades, sobre todo cuando se trata de defender el bien común, el patrimonio, el municipio.
Así, el mensaje de los invitados al Desayuno en la Redacción de esta semana es: A los juristas ejercer las leyes; a los políticos plantear el debate; y a los ciudadanos hacer sentir su voz, todos en defensa de la ciudad que los acoge, Valencia.
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