Notitarde 05/01/2014
Ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de los decretos que desmembran la ciudad de Valencia
“Con la Autoridad Única pretenden crear otra ciudad dentro de la ciudad"
- Humberto Torres, Margarita Jiménez Márquez, Aníbal Rueda, Daisy Linares, Laurentzi Odriozola Echegaray y Daniela Chirinos, durante el Desayuno en la Redacción sobre los decretos 664, 665 y 666 que le restan autoridad a la ciudad de Valencia y al estado Carabobo. (Notitarde / [Mauricio Centeno )
Daysi Linares
El ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, Aníbal Rueda, especialista en derecho constitucional, administrativo, penal y laboral, cree que la indiferencia ciudadana ha llevado a que la ciudad de Valencia padezca la situación actual de “despojo territorial”. En su criterio, el sistema de Gobierno semifederal que hoy existe en Venezuela, le arrebata la autonomía local a la región industrial para revertirla hacia el Estado, lo que considera grave, porque se designa a una autoridad única encargada de emitir la “última palabra”.
De manera concreta, el experto jurista dictó una cátedra sobre los polémicos decretos gubernamentales: 664, que declara Monumento Nacional el Parque Recreacional Sur-Plaza Monumental de Valencia; 665, que atribuye al Ministerio de la Cultura el Teatro Municipal de Valencia; y el 666, que crea la Autoridad Única de Área para el estado Carabobo. Y aunque aclaró que sus consideraciones están basadas en lo que conoce, que son las leyes, no dejó de hablar de la intención política que encierra la publicación de éstos en la Gaceta Oficial 40.313 con fecha miércoles 11 de diciembre de 2013.
Entre sus consideraciones, Aníbal Rueda dijo que no está de acuerdo con un referéndum consultivo para que la población decida si acepta los decretos, “no mientras tengamos este sistema electoral”, como lo propone un grupo de la oposición; pero sí apoya la solicitud de la nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como lo planteó el Colegio de Abogados del estado Carabobo, porque “las condiciones están dadas”.
De manera sencilla nuestro entrevistado se acentuó básicamente en los antecedentes de los hechos que conllevaron a los decretos, como los errores cometidos tanto por las instituciones, como por los grupos políticos y la ciudadanía en general, que por indiferencia, no se mostraron en desacuerdo en el momento preciso, y “hoy pagamos las consecuencias”.
Aníbal Rueda, fue el invitado al Desayuno en la Redacción, de esta semana, donde participaron: Laurentzi Odriozola Echegaray, director del diario; Margarita Jiménez Márquez, miembro de la junta directiva; Humberto Torres, jefe de los editores; Daniela Chirinos, editora de Cultura y quien escribe, Daisy Linares.
Una ofensa para el elector
El Dr. Aníbal Rueda le restó importancia a la creación de los decretos 664 y 665, “el que más preocupa es el 666”. Dijo que en su concepto vulnera la voluntad popular de la gente que votó por el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach; y la de las personas que votaron por el alcalde de Valencia, Miguel Cocchiola.
-La creación de la autoridad única es una ofensa para el elector y para el electo el 8 de diciembre, con la justificación de crear otra ciudad dentro de la ciudad. “Esto indica que podemos llegar al caso de que Valencia se convierta en varias ciudades, se desmiembre totalmente y que de repente la ciudad sea solo la parroquia San José con la Catedral. Creo que para el Alcalde, desde el punto de vista egoísta, sería una carga la Plaza de Toros y el Parque Recreacional Sur. A pesar de la importancia, yo diría: -quédense con sus ferias- y trabajo en otras cosas, porque económicamente no creo que reporte resultados. Y el Teatro Municipal ¿Para qué se utiliza? -Hay pocas actividades, porque está descuidado, no hace mucho peso, es molestar. Un absurdo.
-Lo más grave, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, son las 55 hectáreas que se congelan con el decreto que, según se establece, para hacer cualquier modificación u operación se debe tener el permiso de la autoridad única. Además, se congela por dos años el área para que en ese tiempo, si acaso, se hagan los planos para la ejecución del desarrollo de la “Ciudad Hugo Chávez”.
-Esa ciudad estará montada sobre las tres parroquias que contempla el decreto que son Santa Rosa, Miguel Peña y Rafael Urdaneta. En cualquiera de ellas, se entrometen en el ordenamiento urbano municipal establecido por la Asamblea Nacional y los alcaldes, con la facultad de hacer los planes de urbanismo. Pero, de acuerdo con el decreto le quitan un pedazo grande y si por ahí debe pasar una estación de Metro o de electricidad o gas y se interfiere con la zona, se tendrá que pedir permiso, pero si coincide con los planes alternos, hasta ahí llega.
En este sentido, Rueda expresa que “el municipio Valencia no puede pasar por un lado, tendrían que dar la vuelta, no se entiende. La idea fue ahogar el municipio Valencia, con la autoridad única, cuya palabra final la tendrá esa máxima autoridad”.
-Lo más grave es que en el decreto no se habla de expropiación, sino que aparece el término ocupación. Si esa autoridad trabaja con una comisión en alguna de las tres parroquias en la construcción por ejemplo, de un teatro, simplemente ordena la ocupación; lo que afectaría a los pequeños propietarios, a los dueños de edificios, la industria, la siembra, quienes están expuestos.
Según el abogado Rueda, se busca eliminar las ciudades tradicionales a través de un sistema que establece el Estado comunal, que contempla: Las juntas comunales, las comunas, y los estados comunales con las ciudadelas.
“Quieren malograr la gestión del alcalde, Miguel Cocchiola”, agrega.
Solicitud de nulidad
El jurista Rueda recomendó la solicitud de nulidad de los decretos 664, 665 y 666, ante el Tribunal Supremo de Justicia, y aunque el pesimismo indica que de antemano se puede suponer la respuesta negativa, cree que las cosas cambian. “La mayoría entre los magistrados puede variar, porque el que hace mayoría cambia de parecer o porque renuncia, se le vence el período o se rectifica, como el caso de Aponte Aponte o Velásquez Alvaray, aunque no hay comparación en el contenido, pueden haber casos similares”.
A su juicio, las condiciones en el país están dadas. “No es cierto que hay dos mitades. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, habla de ‘otros’, pero ésos son bastante. Es la gente que no está de acuerdo ni de un lado ni del otro. Más los que no votaron, da una mayoría por encima de la mitad, que cambió y seguirá cambiando”.
A su vez, no cree que sea posible solicitar un referéndum consultivo, “mientras tengamos este sistema electoral no es confiable, la automatización no se usa en democracias más adelantadas”.
Pero Miguel Cocchiola ganó con ese sistema.
-Sí, pero quién sabe con cuántos votos más de los anunciados. Al ir a un referéndum la gente se tiene que identificar y tenemos los antecedentes de las listas Tascón y Maisanta, y se perjudica a las personas que tienen un carguito.
Rueda agregó que los jóvenes de 14 años no tienen elementos de comparación. Hoy hay una población de entre 20 y 30 años que ha crecido bajo el Gobierno de Hugo Chávez, y los partidos políticos no se han ocupado de llevar el mensaje de los hechos ocurridos en las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, “esa debió ser la ocupación de los partidos”.
La situación no es nueva
El especialista en Derecho Constitucional destacó que este hecho planteado en el estado Carabobo, aunque delicado, no es nuevo. “No se presentó ayer, antes de ayer o hace tres meses, está desde el año 2006 con la pretendida reforma constitucional, como idea del fallecido presidente Chávez, quien pretendía montar un Estado central total”.
-Menos mal que el país se dio cuenta, reaccionó y frustró esa reforma en el referéndum realizado en el año 2007. Sin embargo, en el 2006 se había dictado una Ley de Comunas, que aunque no tenía ningún asidero constitucional pasó desapercibida, ‘bueno, eso no me toca a mí porque no tengo nada’ pensaría el 99% porque no lo defendió ni los juristas ni nadie”.
La arremetida de 2008
“En el año 2008 vino la arremetida de todo lo que se negó”, recuerda Aníbal Rueda.
-Legislativamente el Gobierno aprovechó la mayoría de diputados que tenía en la Asamblea Nacional y la Ley de las Comunas que era ordinaria, pasó a ser Ley Orgánica, ése fue el primer golpe que se da en contra del sistema.
“La idea del sistema de gobierno es la transformación del Estado semifederal, porque aunque la Constitución del año 1999 dice que Venezuela es un estado federal, es mentira, dado que se requiere de una legislación bicameral con una cámara de senado, representantes y una cámara de diputados. Es decir, la unión de los estados representando su autonomía. Otra falla, otro engaño”, aseguró.
-Con la descentralización, que debió comenzar por la desconcentración de las funciones públicas, la tendencia debió ser acentuarla hasta desaparecer la función central, pero aquí el fenómeno fue distinto. El cambio se produjo al revés, se han disminuido las autonomías locales, y las competencias se le han revertido nuevamente al Estado.
El constitucionalista Aníbal Rueda, destacó que la antigua Ley de Administración Pública establecía el número de ministros y sus funciones determinadas por el Congreso de la República. “En 2001, en el primer período de Chávez, disfrazadamente se cambia para que el número de los ministros los dicte el Presidente de la República. Se pasa a Ley de Administración Central en el año 2008. El artículo 1 dice que la administración central es única, se centralizan los entes regionales y municipales para ser sometidos a los lineamientos del Gobierno”.
- Yo, Presidente, en vez de 4 ministros, nombro 40, sin explicaciones. La exposición de los motivos de esa Ley establecía que solo se cambiarían los términos, soldados y soldadas, abogados y abogadas, periodistas y periodistos, cosa risible. De eso nadie se dio cuenta y si alguien lo vio dijo ‘eso tampoco es conmigo, es problema de AD, Copei y URD, tengo otras cosas que hacer me voy para la playa’.
-Indiferencia total, así comenzó el primer golpe contra la descentralización.
La tranquilidad de los valencianos
El especialista Rueda, añadió que sin ir lejos, los valencianos tienen una característica de orgullo y no reclaman por la ineficiencia de los servicios públicos.
-Esa tranquilidad ha hecho que el estado Carabobo se haya disminuido en los recientes gobiernos que ‘no le paran mucho’ a la opinión pública y se agarran de ahí para no dar las respuestas satisfactorias que requieren las comunidades.
Para el jurista, lo más triste es que el 40% de los electores “se da el lujo de no votar”.
-De cada 10 personas, cuatro no votan y eso deja mucho que desear, transmite pesimismo. Pero, hay que seguir con la lucha, ahorita estamos pagando la pasividad, la tranquilidad. De allí que las elecciones municipales celebradas el 8 de diciembre eran un reto para el gobernador Ameliach, se trataba del mantenimiento o no de su poder político, tenía que hacer lo posible para que ganara su candidato. Usó el amedrentamiento contra Cocchiola, y a pesar de eso, regresó de su viaje y ganó; entonces crean los decretos.
El caso Simonovis
Para finalizar la entrevista, el ex magistrado Rueda, habló de Iván Simonovis. Sostuvo que el discurso donde el presidente Nicolás Maduro dijo que Simonovis no es preso político, sino policía, “es la ofensa más grande que se le puede hacer a la institución policial. No tiene consideración, no ve que a los agentes los matan a diario, se sacrifican, y el Presidente los coloca como a la peor escoria, y ninguna persona los defiende”.
-Maduro tiene la facultad de conceder indultos dada por la Constitución en fechas patrias o festivas como en las navidades y no tiene que reunir al Consejo de Ministros. Actualmente tiene poder delegado de la habilitación para dictar decretos con fuerza de ley lo que le permite dictar una Ley de Amnistía que a diferencia del indulto, es para personas específicas por cometer delitos. La Amnistía no está dirigida a una persona particular, sino generalizada a grupos o presos. El ente que lleva el juicio de Simonovis, puede dictar una medida humanitaria, el juez de la causa, puede acordar que vaya a su casa. Para unos hay delitos de lesa humanidad y para otros no, concepto que debe ser calificado por el derecho internacional o la Asamblea Nacional.
“Simonovis no es juzgado por lesa humanidad, hay mentira total, ahí”, concluyó.
De manera concreta, el experto jurista dictó una cátedra sobre los polémicos decretos gubernamentales: 664, que declara Monumento Nacional el Parque Recreacional Sur-Plaza Monumental de Valencia; 665, que atribuye al Ministerio de la Cultura el Teatro Municipal de Valencia; y el 666, que crea la Autoridad Única de Área para el estado Carabobo. Y aunque aclaró que sus consideraciones están basadas en lo que conoce, que son las leyes, no dejó de hablar de la intención política que encierra la publicación de éstos en la Gaceta Oficial 40.313 con fecha miércoles 11 de diciembre de 2013.
Entre sus consideraciones, Aníbal Rueda dijo que no está de acuerdo con un referéndum consultivo para que la población decida si acepta los decretos, “no mientras tengamos este sistema electoral”, como lo propone un grupo de la oposición; pero sí apoya la solicitud de la nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como lo planteó el Colegio de Abogados del estado Carabobo, porque “las condiciones están dadas”.
De manera sencilla nuestro entrevistado se acentuó básicamente en los antecedentes de los hechos que conllevaron a los decretos, como los errores cometidos tanto por las instituciones, como por los grupos políticos y la ciudadanía en general, que por indiferencia, no se mostraron en desacuerdo en el momento preciso, y “hoy pagamos las consecuencias”.
Aníbal Rueda, fue el invitado al Desayuno en la Redacción, de esta semana, donde participaron: Laurentzi Odriozola Echegaray, director del diario; Margarita Jiménez Márquez, miembro de la junta directiva; Humberto Torres, jefe de los editores; Daniela Chirinos, editora de Cultura y quien escribe, Daisy Linares.
Una ofensa para el elector
El Dr. Aníbal Rueda le restó importancia a la creación de los decretos 664 y 665, “el que más preocupa es el 666”. Dijo que en su concepto vulnera la voluntad popular de la gente que votó por el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach; y la de las personas que votaron por el alcalde de Valencia, Miguel Cocchiola.
-La creación de la autoridad única es una ofensa para el elector y para el electo el 8 de diciembre, con la justificación de crear otra ciudad dentro de la ciudad. “Esto indica que podemos llegar al caso de que Valencia se convierta en varias ciudades, se desmiembre totalmente y que de repente la ciudad sea solo la parroquia San José con la Catedral. Creo que para el Alcalde, desde el punto de vista egoísta, sería una carga la Plaza de Toros y el Parque Recreacional Sur. A pesar de la importancia, yo diría: -quédense con sus ferias- y trabajo en otras cosas, porque económicamente no creo que reporte resultados. Y el Teatro Municipal ¿Para qué se utiliza? -Hay pocas actividades, porque está descuidado, no hace mucho peso, es molestar. Un absurdo.
-Lo más grave, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, son las 55 hectáreas que se congelan con el decreto que, según se establece, para hacer cualquier modificación u operación se debe tener el permiso de la autoridad única. Además, se congela por dos años el área para que en ese tiempo, si acaso, se hagan los planos para la ejecución del desarrollo de la “Ciudad Hugo Chávez”.
-Esa ciudad estará montada sobre las tres parroquias que contempla el decreto que son Santa Rosa, Miguel Peña y Rafael Urdaneta. En cualquiera de ellas, se entrometen en el ordenamiento urbano municipal establecido por la Asamblea Nacional y los alcaldes, con la facultad de hacer los planes de urbanismo. Pero, de acuerdo con el decreto le quitan un pedazo grande y si por ahí debe pasar una estación de Metro o de electricidad o gas y se interfiere con la zona, se tendrá que pedir permiso, pero si coincide con los planes alternos, hasta ahí llega.
En este sentido, Rueda expresa que “el municipio Valencia no puede pasar por un lado, tendrían que dar la vuelta, no se entiende. La idea fue ahogar el municipio Valencia, con la autoridad única, cuya palabra final la tendrá esa máxima autoridad”.
-Lo más grave es que en el decreto no se habla de expropiación, sino que aparece el término ocupación. Si esa autoridad trabaja con una comisión en alguna de las tres parroquias en la construcción por ejemplo, de un teatro, simplemente ordena la ocupación; lo que afectaría a los pequeños propietarios, a los dueños de edificios, la industria, la siembra, quienes están expuestos.
Según el abogado Rueda, se busca eliminar las ciudades tradicionales a través de un sistema que establece el Estado comunal, que contempla: Las juntas comunales, las comunas, y los estados comunales con las ciudadelas.
“Quieren malograr la gestión del alcalde, Miguel Cocchiola”, agrega.
Solicitud de nulidad
El jurista Rueda recomendó la solicitud de nulidad de los decretos 664, 665 y 666, ante el Tribunal Supremo de Justicia, y aunque el pesimismo indica que de antemano se puede suponer la respuesta negativa, cree que las cosas cambian. “La mayoría entre los magistrados puede variar, porque el que hace mayoría cambia de parecer o porque renuncia, se le vence el período o se rectifica, como el caso de Aponte Aponte o Velásquez Alvaray, aunque no hay comparación en el contenido, pueden haber casos similares”.
A su juicio, las condiciones en el país están dadas. “No es cierto que hay dos mitades. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, habla de ‘otros’, pero ésos son bastante. Es la gente que no está de acuerdo ni de un lado ni del otro. Más los que no votaron, da una mayoría por encima de la mitad, que cambió y seguirá cambiando”.
A su vez, no cree que sea posible solicitar un referéndum consultivo, “mientras tengamos este sistema electoral no es confiable, la automatización no se usa en democracias más adelantadas”.
Pero Miguel Cocchiola ganó con ese sistema.
-Sí, pero quién sabe con cuántos votos más de los anunciados. Al ir a un referéndum la gente se tiene que identificar y tenemos los antecedentes de las listas Tascón y Maisanta, y se perjudica a las personas que tienen un carguito.
Rueda agregó que los jóvenes de 14 años no tienen elementos de comparación. Hoy hay una población de entre 20 y 30 años que ha crecido bajo el Gobierno de Hugo Chávez, y los partidos políticos no se han ocupado de llevar el mensaje de los hechos ocurridos en las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, “esa debió ser la ocupación de los partidos”.
La situación no es nueva
El especialista en Derecho Constitucional destacó que este hecho planteado en el estado Carabobo, aunque delicado, no es nuevo. “No se presentó ayer, antes de ayer o hace tres meses, está desde el año 2006 con la pretendida reforma constitucional, como idea del fallecido presidente Chávez, quien pretendía montar un Estado central total”.
-Menos mal que el país se dio cuenta, reaccionó y frustró esa reforma en el referéndum realizado en el año 2007. Sin embargo, en el 2006 se había dictado una Ley de Comunas, que aunque no tenía ningún asidero constitucional pasó desapercibida, ‘bueno, eso no me toca a mí porque no tengo nada’ pensaría el 99% porque no lo defendió ni los juristas ni nadie”.
La arremetida de 2008
“En el año 2008 vino la arremetida de todo lo que se negó”, recuerda Aníbal Rueda.
-Legislativamente el Gobierno aprovechó la mayoría de diputados que tenía en la Asamblea Nacional y la Ley de las Comunas que era ordinaria, pasó a ser Ley Orgánica, ése fue el primer golpe que se da en contra del sistema.
“La idea del sistema de gobierno es la transformación del Estado semifederal, porque aunque la Constitución del año 1999 dice que Venezuela es un estado federal, es mentira, dado que se requiere de una legislación bicameral con una cámara de senado, representantes y una cámara de diputados. Es decir, la unión de los estados representando su autonomía. Otra falla, otro engaño”, aseguró.
-Con la descentralización, que debió comenzar por la desconcentración de las funciones públicas, la tendencia debió ser acentuarla hasta desaparecer la función central, pero aquí el fenómeno fue distinto. El cambio se produjo al revés, se han disminuido las autonomías locales, y las competencias se le han revertido nuevamente al Estado.
El constitucionalista Aníbal Rueda, destacó que la antigua Ley de Administración Pública establecía el número de ministros y sus funciones determinadas por el Congreso de la República. “En 2001, en el primer período de Chávez, disfrazadamente se cambia para que el número de los ministros los dicte el Presidente de la República. Se pasa a Ley de Administración Central en el año 2008. El artículo 1 dice que la administración central es única, se centralizan los entes regionales y municipales para ser sometidos a los lineamientos del Gobierno”.
- Yo, Presidente, en vez de 4 ministros, nombro 40, sin explicaciones. La exposición de los motivos de esa Ley establecía que solo se cambiarían los términos, soldados y soldadas, abogados y abogadas, periodistas y periodistos, cosa risible. De eso nadie se dio cuenta y si alguien lo vio dijo ‘eso tampoco es conmigo, es problema de AD, Copei y URD, tengo otras cosas que hacer me voy para la playa’.
-Indiferencia total, así comenzó el primer golpe contra la descentralización.
La tranquilidad de los valencianos
El especialista Rueda, añadió que sin ir lejos, los valencianos tienen una característica de orgullo y no reclaman por la ineficiencia de los servicios públicos.
-Esa tranquilidad ha hecho que el estado Carabobo se haya disminuido en los recientes gobiernos que ‘no le paran mucho’ a la opinión pública y se agarran de ahí para no dar las respuestas satisfactorias que requieren las comunidades.
Para el jurista, lo más triste es que el 40% de los electores “se da el lujo de no votar”.
-De cada 10 personas, cuatro no votan y eso deja mucho que desear, transmite pesimismo. Pero, hay que seguir con la lucha, ahorita estamos pagando la pasividad, la tranquilidad. De allí que las elecciones municipales celebradas el 8 de diciembre eran un reto para el gobernador Ameliach, se trataba del mantenimiento o no de su poder político, tenía que hacer lo posible para que ganara su candidato. Usó el amedrentamiento contra Cocchiola, y a pesar de eso, regresó de su viaje y ganó; entonces crean los decretos.
El caso Simonovis
Para finalizar la entrevista, el ex magistrado Rueda, habló de Iván Simonovis. Sostuvo que el discurso donde el presidente Nicolás Maduro dijo que Simonovis no es preso político, sino policía, “es la ofensa más grande que se le puede hacer a la institución policial. No tiene consideración, no ve que a los agentes los matan a diario, se sacrifican, y el Presidente los coloca como a la peor escoria, y ninguna persona los defiende”.
-Maduro tiene la facultad de conceder indultos dada por la Constitución en fechas patrias o festivas como en las navidades y no tiene que reunir al Consejo de Ministros. Actualmente tiene poder delegado de la habilitación para dictar decretos con fuerza de ley lo que le permite dictar una Ley de Amnistía que a diferencia del indulto, es para personas específicas por cometer delitos. La Amnistía no está dirigida a una persona particular, sino generalizada a grupos o presos. El ente que lleva el juicio de Simonovis, puede dictar una medida humanitaria, el juez de la causa, puede acordar que vaya a su casa. Para unos hay delitos de lesa humanidad y para otros no, concepto que debe ser calificado por el derecho internacional o la Asamblea Nacional.
“Simonovis no es juzgado por lesa humanidad, hay mentira total, ahí”, concluyó.
La Ventana
Daniela Chirinos Arrieta
Aníbal Rueda era un niño en edad escolar cuando recibió una valiosa lección de su padre: “Hay que leer periódico todos los días”, le dijo, y así lo ha hecho desde entonces, cada mañana antes de salir de su casa, incluso más que un hábito, para el respetado jurista esta rutina informativa es una necesidad que de no cumplirla dice que es como “salir de casa sin tomar café o sin comer”. Eso sí, prefiere los diarios en físico a la edición on-line.
Además, confiesa que no puede conformarse con que alguien le comente una noticia, así que luego de ojear los periódico revisa sus libros para documentarse más, de los que una parte la conserva digitalizada.
Y ya sea por su larga trayectoria como docente -que alcanza los 65 años- o gracias a que conserva dicha tradición familiar, es que el doctor Rueda critique que hoy día “la gente no lee”, sobre todo la prensa, y esto ocurre -dice- en todos los estratos sociales.
Y es que, los valores, tradiciones y estar siempre informado son, precisamente, principios que toda sociedad debe preservar, pues serán los estandartes para defender el patrimonio local. En el caso de Valencia, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1979– 1999), lamenta que ha ido perdiendo sus costumbres “por descuido de sus propios habitantes”, afirma.
Nació en Valencia, en el barrio Domínguez. De esos días recuerda el respeto al ciudadano y el compromiso que éstos tenían con la ciudad. Sin embargo, recrimina con preocupación que sus coterráneos “no defiendan lo suyo, no reclamen nada”, y respondan con indiferencia a los “despojos” que han hecho a la municipalidad, refiriéndose a los decretos que confinan a una Autoridad Única la administración de la Plaza Monumental, el Parque Recreacional Sur y El Teatro Municipal.
“A Valencia hay que defenderla”, llamado que extiende incluso a todas sus instituciones, pues sostiene que en los últimos tiempos la ciudad se ha “desmembrado institucionalmente” a pesar de contar con una amplia población universitaria, pero -asevera- no han logrado tener un liderazgo cultural y científico.
Se graduó en la Universidad Central de Venezuela, en 1958; ese año comenzó a trabajar en la Universidad de Carabobo. Actualmente, dicta un Doctorado de Derecho Constitucional en la UCV; así como una Maestría en Derecho Penal; y otra maestría de Derecho Administrativo, y una Especialización en Derecho Constitucional y Laboral en la UAM.
Durante los 20 años que fungió como magistrado, tres fue Juez Superior en Valencia (1979-1982), dos estuvo en la Corte Primera de Caracas (1982 -1984), y 15 en la Corte Suprema (1984-1989). Luego, fue Director de la Escuela de Derecho en la UC (1962-1968), en la que además se desempeñó como Vicerrector (1968 -1972), y Rector (1972-1976). También fue Senador de Carabobo (1976–1977), y Gobernador de Aragua (1977–1979).
No obstante, afirma que la función política está encomendada a otros actores, mientras que la función jurídica está confiada a los abogados, y en su caso, esta última la combina con la docencia, pues siente que tiene un compromiso con la sociedad valenciana, por eso afinca que “mi lucha es la docencia” y procura que sus declaraciones se mantengan en el ámbito jurídico más que en el político, como lo dejó claro en este Desayuno en la Redacción.
Además, confiesa que no puede conformarse con que alguien le comente una noticia, así que luego de ojear los periódico revisa sus libros para documentarse más, de los que una parte la conserva digitalizada.
Y ya sea por su larga trayectoria como docente -que alcanza los 65 años- o gracias a que conserva dicha tradición familiar, es que el doctor Rueda critique que hoy día “la gente no lee”, sobre todo la prensa, y esto ocurre -dice- en todos los estratos sociales.
Y es que, los valores, tradiciones y estar siempre informado son, precisamente, principios que toda sociedad debe preservar, pues serán los estandartes para defender el patrimonio local. En el caso de Valencia, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1979– 1999), lamenta que ha ido perdiendo sus costumbres “por descuido de sus propios habitantes”, afirma.
Nació en Valencia, en el barrio Domínguez. De esos días recuerda el respeto al ciudadano y el compromiso que éstos tenían con la ciudad. Sin embargo, recrimina con preocupación que sus coterráneos “no defiendan lo suyo, no reclamen nada”, y respondan con indiferencia a los “despojos” que han hecho a la municipalidad, refiriéndose a los decretos que confinan a una Autoridad Única la administración de la Plaza Monumental, el Parque Recreacional Sur y El Teatro Municipal.
“A Valencia hay que defenderla”, llamado que extiende incluso a todas sus instituciones, pues sostiene que en los últimos tiempos la ciudad se ha “desmembrado institucionalmente” a pesar de contar con una amplia población universitaria, pero -asevera- no han logrado tener un liderazgo cultural y científico.
Se graduó en la Universidad Central de Venezuela, en 1958; ese año comenzó a trabajar en la Universidad de Carabobo. Actualmente, dicta un Doctorado de Derecho Constitucional en la UCV; así como una Maestría en Derecho Penal; y otra maestría de Derecho Administrativo, y una Especialización en Derecho Constitucional y Laboral en la UAM.
Durante los 20 años que fungió como magistrado, tres fue Juez Superior en Valencia (1979-1982), dos estuvo en la Corte Primera de Caracas (1982 -1984), y 15 en la Corte Suprema (1984-1989). Luego, fue Director de la Escuela de Derecho en la UC (1962-1968), en la que además se desempeñó como Vicerrector (1968 -1972), y Rector (1972-1976). También fue Senador de Carabobo (1976–1977), y Gobernador de Aragua (1977–1979).
No obstante, afirma que la función política está encomendada a otros actores, mientras que la función jurídica está confiada a los abogados, y en su caso, esta última la combina con la docencia, pues siente que tiene un compromiso con la sociedad valenciana, por eso afinca que “mi lucha es la docencia” y procura que sus declaraciones se mantengan en el ámbito jurídico más que en el político, como lo dejó claro en este Desayuno en la Redacción.
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