Expediente Colegio de abogados
Valencia, la novia de la
connivencia
Recientemente, el Frente de Abogados Socialistas del estado
Carabobo (FASEC) acudió ante los diarios regionales para denunciar
una supuesta irregularidad cometida por los directivos del Colegio
de Abogados del estado Carabobo, de vender de manera inconsulta
y fraudulenta un lote de terreno propiedad del gremio a la
Gobernación. Muy bien por la delación, pero ese hecho es un
diminuto gramo de tierra frente al lodazal en el cual el Colegio
se ha restregado. Lo siguientes hechos históricos, son mil veces
mas graves que el denunciado por los abogados socialistas, y que
lamentablemente, como toda historia valenciana ha sido sepultada
en el olvido de los muertos o manipulada por la red de complicidad.
La primera se inicia con la compra que realiza el Colegio de
Abogados del Estado Carabobo (presidida por Gámez Arrieta) a
la Sucesión de Enrique Cossé C.A., de un lote de terreno con una
extensión de 94.032,08 M2., por la cantidad de Bs. 2.256.769,92,
tal como lo evidencia en documento protocolizado por ante la Oficina
Subalterna del Registro del Distrito Valencia (hoy Primer Circuito)
del Estado Carabobo, en fecha 14 de Octubre de 1977, bajo el No
2, Protocolo Primero, Tomo 10. Lo insólito de esta compra, está en
el hecho de que ese lote de terreno está afectado por el Decreto de
Expropiación N° 503 del 30 de diciembre de 1958 (Gaceta N° 25.857
del 8/1/1959) para la construcción del Parque Metropolitano para
el disfrute recreacional de todos los valencianos, sin embargo, el
presidente del gremio a pesar de las advertencias del vendedor,
en tono prepotente se expresó: “el gobierno nunca va a construir
ese parque...”, y claro, al igual que la Elite Gremial, actuó el Poder
Económico, pues los actuales dueños del Forum-Bingo, le
compraron a la familia Mayaudon, el lote de terreno afectado
también por el Parque Metropolitano y lo desarrollaron para su
beneficio personal. Hago un paréntesis para recordar que en el año
de 1957 (siendo el Gobernador de Carabobo, Iván Darío Maldonado)
se contrató el levantamiento topográfico y catastro de la zona
afectada por el Parque Metropolitano a la empresa Cartográfica
Mercator, y sus propietarios fueron debidamente notificados por la
Junta Promotora del Parque Metropolitano de Valencia. Bueno
siguiendo con el relato, tales hechos ocurrieron en complicidad con
los concejales de turno, quienes para satisfacer sus caprichos,
sancionaron en la década del 90, una ordenanza que permitiera
adecuar y darle un manto de supuesta legalidad a la construcción
muy avanzada que ya había iniciado Germán Blanco. De la misma
manera, el Colegio realizó la construcción de una serie de obras
(algunas de la cuales viola las ordenanzas municipales así como el
retiro del río Cabriales), todo lo anterior para beneficiar a una élite
de profesionales y grupos económicamente privilegiados. En
contraste con estos hechos, viene a mi memoria una Anécdota
publicada en la Gaceta Municipal Nº 700 del 28/6/1957, cuando
el ciudadano Augusto Sanpedro hizo una solicitud ante el Ingeniero
Municipal para construir en los terrenos ubicados en la zona
destinada al Parque Metropolitano (donde existía el prostíbulo
mas famoso de Venezuela, conocido como El Tabarín); y la
incuestionable y honorable defensa que hizo el Concejal Teodoro
Gubaira a favor de la construcción del Parque Metropolitano,
destacando que era una verdadera necesidad para Valencia y
que el Concejo Municipal debía esforzarse en su logro.
El segundo hecho extraño ocurre dos años después, cual
es la venta del inmueble ubicado en la Avenida Los Colegios de
la Urbanización Guaparo donde funcionaba el Colegio de Abogados,
a la empresa Centro Empresarial Guaparo, C.A., para la
construcción del Centro Comercial Guaparo, según documento
Nº 35, Tomo 13 de fecha29/11/1979; tal hecho con ausencia de
asidero jurídico y sin precedentes en el país, pues tal inmueble
había sido una donación condicionada que le hizo el Estado
Carabobo (siendo gobernador el Coronel Ricardo Arroyo Ludert,
y Presidente de los Abogados el Dr. Manuel Feo La Cruz) para la
construcción de la sede de los abogados, tal como se puede
apreciar en el documento registrado el 7/10/1957, bajo el Nº 12,
Tomo 22. El Estado Carabobo, a los fines de que los Colegios
profesionales existentes para el momento tuvieran sus sedes, les
donó tanto a los médicos, los ingenieros, y a los abogados, sendos
lotes de terrenos y además les construyó sus sedes, todo de
conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 53 dictado por el
Ejecutivo del estado el día 28/10/1955 publicado en Gaceta Oficial
del estado Carabobo Nº 1210; es decir, el estado le dona a un
Colegio Profesional para todas las generaciones de agremiados,
presente y futuros, un terreno para un uso específico y este
posteriormente, lo comercializa a unas empresas privadas para
que realice un negocio netamente capitalista, cual es: construir
un centro comercial para la venta de locales comerciales. Tal hecho
insólito ocurrió bajo la gestión del abogado Héctor Gámez Arrieta,
quien vendió el terreno de 1.995,00 M2. y la edificación sobre él
construida, con un cuestionable mandato de una Asamblea General
Extraordinaria de la Institución celebrada el 11/4/1977, donde una
supuesta Asamblea General Extraordinaria “autorizó” enajenar lo
que no les pertenecía solo a ellos, ese era un patrimonio generacional,
de los profesionales agremiados y sus familiares que existían
entonces, y los futuros agremiados, por cuanto si se necesitaba
ampliar las instalaciones, para complementar sus actividades
deportivas o académicas, sencillamente compraban otro inmueble,
pero no enajenar lo que por su naturaleza no podían, porque
era cercenar el derecho de todas las generaciones de Abogado por
venir, y violaba normas doctrinaria y jurisprudencial existente en
cuanto a la ingratitud del donatario, obraron como que si a partir
de la fecha 11/04/1977 en adelante, no iban a egresar más
Abogados, la gran mayoría de agremiados que votaron, posiblemente
lo hicieron apegados a la disciplina partidista que orientaba
en esa época las actuaciones de este gremio.
En relación a la polémica del pago de la indemnización por la
expropiación del terreno, denunciado por el FASEC, como
remembranza de la época, siendo presidente Juan Pachas
Lituma, y mi persona celador-curador del río Cabriales (8/11/1995),
se realizó una inspección judicial con el Tribunal del Distrito
Valencia (Expediente Nº 5440), dejando constancia del daño
que Funda Alegría (Gobierno presidido por Salas Römer) le estaba
haciendo al río Cabriales, y dejando constancia de cual era
la verdadera área que tiene el Colegio de Abogados; pues dado
que en fecha 26/5/75, el Ministerio de Obras Públicas había
realizado una Canalización de desvío del Río Cabriales, modificando
su anterior cauce, dividiendo el lote de terreno en dos: una de
45.080,00 M2. (actuales instalaciones del Colegio de Abogados)
y el resto ubicado al Oeste, el cual colinda con la Urb. El Recreo,
con una superficie de 48.954,08 M2. (patrimonio olvidado y
perdido); tal canalización fue aprovechada por el propietario del
Hotel vecino (Ing. Yánez), quien interpretando el principio de la
accesión establecido en el Código Civil (artículo 562), ya tenía
listo la incorporación de ese lote al patrimonio del Hotel, sin
embargo, con la inspección (en esa época llamada ocular),
dejamos constancia (actué como práctico) que en los linderos
del documento se habla de “antiguo cauce del río”, con lo cual
se recuperó ese patrimonio para el Colegio. Ese mismo día,
entregué a la Dra. Carmen Cecilia Castillo (Fiscal con competencia
especial en materia ambiental), todos los recaudos donde
denunciaba al Ejecutivo Regional a través de Funda Alegría de
estar dañando el río Cabriales... esa denuncia duerme en la red
de cómplices, sin embargo, el Colegio de Abogados reafirmo y
recuperó ese lote de terreno (parte acaba de ser “expropiado e
indemnizado para la construcción de la Avenida Paseo Cabriales”,
y objeto de la denuncia de FASEC), pero Valencia no pudo
sancionar ejemplarmente a un político poderoso, ni disfruta de
esas instalaciones recreacionales.
En relación a la supuesta irregularidad de vender de manera
inconsulta el lote de terreno, debo memorar que en fecha 14/11/1997,
la Secretaría de Obras Públicas, en cumplimiento a la Ley de
Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, a los fines
de la construcción de la Avenida Paseo Cabriales, según Decreto
No. 207 publicada en Gaceta Oficial No. 2.298 del 30/12/1996,
me designó experto, y determiné que para esa fecha y bajo ese
Decreto, la justa indemnización era de Bs. 272.444.067,37, y el
área afectada del lote de terreno a expropiar según las coordenadas
era de 38.671,84 M2. Recuerdo, que las partes (siendo Procurador
Jesús Ganen) plantearon como indemnización la construcción
de un puente sobre el río Cabriales que permitiera acceder de
una manera vial segura a las instalaciones del Colegio a través
de las redes viales de la Urbanización El Recreo. Como ven, no
sólo el gobierno revolucionario expropia para fines de utilidad
pública, sino también el gobierno de derecha de los Salas Römer,
y fíjense, fue después de trece años cuando finalmente el
gobierno de Carabobo indemniza al Colegio de Abogados;
lamentablemente, aún los valencianos no disfrutamos de una
red vial paralela integral al río Cabriales, llamada Avenida
Paseo Cabriales, y tampoco la inmensa mayoría de los valencianos
nos podemos recrear en los terrenos que forman parte del Parque
Metropolitano, pues solo lo disfrutan el entorno reducido de una
élite profesional, y un sector muy privilegiado económicamente
que puede pagar por los servicios del bingo, restaurante, y otros
que operan en el llamado Forum de Valencia.
Como un hecho comunicacional y notorio, debo recordar
a la comunidad Valenciana, que en uno de los últimos reportajes
que me realizó El Carabobeño en fecha 4 de agosto de 2.002
(donde tuve la gracia de escribir durante 25 años en la página
de opinión), denuncié todos esos hechos y alerté a los valencianos
que el Parque Metropolitano podría desaparecer, mutilando el
porvenir de nuestros hijos, nietos, y los derechos recreativos y
ambientales del mundo futuro.
Finalmente hago un llamado al verdadero pueblo valenciano,
a que se zangolotee de la red de complicidad, a los abogados
socialistas y no socialistas a que profundicen la investigación,
a la Cámara Municipal de Valencia, y sus Concejales
Revolucionarios, nuestra Gloriosa Constitución Nacional los
obliga a revisar sus decisiones, y sus ordenanzas en pro del
Parque Metropolitano, y en especial, al gobierno nacional
bolivariano,
a que se ejecute todas las acciones necesarias entre las cuales está
materializar la Expropiación de las instalaciones del Colegio de
Abogados y las Instalaciones del Forum, pues el Decreto de
Expropiación de fecha 30/12/1.958, donde se declara de Utilidad
Pública Nacional, la construcción del Parque Metropolitano,
en una extensión aproximada de novecientos mil metros
cuadrados, en los Parroquias San José, Catedral, San Blas, y
Santa Rosa, aun está vigente; y quiero recordarles al gobierno
Nacional, en manos del Presidente Comandante Hugo Chávez,
que ordene a tres de sus Ministros su cumplimiento, pues aún
están encargados de la ejecución de ese Decreto, los Ministros de
Relaciones Interiores, de Obras Públicas, y de Agricultura y Cría;
tales espacios deportivos-recreacionales podrían ser destinado
al desarrollo de la futura “Ciudad de la Tercera Edad”. En
este mundo todo tiene su tiempo y momento para que ocurra,
llegó la hora de hacer realidad la letra Constitucional, destronar
el anacrónico y cómplice concepto de "Cosa Juzgada
Administrativa" impuesto por la Cuarta República, y revisar,
REVOCAR por Inconstitucional y contraria a derecho aquellas
ordenanzas y leyes sancionadas en contra de los valores
fundamentales del ser humano; esto medirá la talla de la era que
vivimos frente al monstruo de la Mafia que ha imperado en la
política Valenciana del pasado siglo XX y principios del siglo XXI.
eggrooscors@gmail.com
Carabobo (FASEC) acudió ante los diarios regionales para denunciar
una supuesta irregularidad cometida por los directivos del Colegio
de Abogados del estado Carabobo, de vender de manera inconsulta
y fraudulenta un lote de terreno propiedad del gremio a la
Gobernación. Muy bien por la delación, pero ese hecho es un
diminuto gramo de tierra frente al lodazal en el cual el Colegio
se ha restregado. Lo siguientes hechos históricos, son mil veces
mas graves que el denunciado por los abogados socialistas, y que
lamentablemente, como toda historia valenciana ha sido sepultada
en el olvido de los muertos o manipulada por la red de complicidad.
La primera se inicia con la compra que realiza el Colegio de
Abogados del Estado Carabobo (presidida por Gámez Arrieta) a
la Sucesión de Enrique Cossé C.A., de un lote de terreno con una
extensión de 94.032,08 M2., por la cantidad de Bs. 2.256.769,92,
tal como lo evidencia en documento protocolizado por ante la Oficina
Subalterna del Registro del Distrito Valencia (hoy Primer Circuito)
del Estado Carabobo, en fecha 14 de Octubre de 1977, bajo el No
2, Protocolo Primero, Tomo 10. Lo insólito de esta compra, está en
el hecho de que ese lote de terreno está afectado por el Decreto de
Expropiación N° 503 del 30 de diciembre de 1958 (Gaceta N° 25.857
del 8/1/1959) para la construcción del Parque Metropolitano para
el disfrute recreacional de todos los valencianos, sin embargo, el
presidente del gremio a pesar de las advertencias del vendedor,
en tono prepotente se expresó: “el gobierno nunca va a construir
ese parque...”, y claro, al igual que la Elite Gremial, actuó el Poder
Económico, pues los actuales dueños del Forum-Bingo, le
compraron a la familia Mayaudon, el lote de terreno afectado
también por el Parque Metropolitano y lo desarrollaron para su
beneficio personal. Hago un paréntesis para recordar que en el año
de 1957 (siendo el Gobernador de Carabobo, Iván Darío Maldonado)
se contrató el levantamiento topográfico y catastro de la zona
afectada por el Parque Metropolitano a la empresa Cartográfica
Mercator, y sus propietarios fueron debidamente notificados por la
Junta Promotora del Parque Metropolitano de Valencia. Bueno
siguiendo con el relato, tales hechos ocurrieron en complicidad con
los concejales de turno, quienes para satisfacer sus caprichos,
sancionaron en la década del 90, una ordenanza que permitiera
adecuar y darle un manto de supuesta legalidad a la construcción
muy avanzada que ya había iniciado Germán Blanco. De la misma
manera, el Colegio realizó la construcción de una serie de obras
(algunas de la cuales viola las ordenanzas municipales así como el
retiro del río Cabriales), todo lo anterior para beneficiar a una élite
de profesionales y grupos económicamente privilegiados. En
contraste con estos hechos, viene a mi memoria una Anécdota
publicada en la Gaceta Municipal Nº 700 del 28/6/1957, cuando
el ciudadano Augusto Sanpedro hizo una solicitud ante el Ingeniero
Municipal para construir en los terrenos ubicados en la zona
destinada al Parque Metropolitano (donde existía el prostíbulo
mas famoso de Venezuela, conocido como El Tabarín); y la
incuestionable y honorable defensa que hizo el Concejal Teodoro
Gubaira a favor de la construcción del Parque Metropolitano,
destacando que era una verdadera necesidad para Valencia y
que el Concejo Municipal debía esforzarse en su logro.
El segundo hecho extraño ocurre dos años después, cual
es la venta del inmueble ubicado en la Avenida Los Colegios de
la Urbanización Guaparo donde funcionaba el Colegio de Abogados,
a la empresa Centro Empresarial Guaparo, C.A., para la
construcción del Centro Comercial Guaparo, según documento
Nº 35, Tomo 13 de fecha29/11/1979; tal hecho con ausencia de
asidero jurídico y sin precedentes en el país, pues tal inmueble
había sido una donación condicionada que le hizo el Estado
Carabobo (siendo gobernador el Coronel Ricardo Arroyo Ludert,
y Presidente de los Abogados el Dr. Manuel Feo La Cruz) para la
construcción de la sede de los abogados, tal como se puede
apreciar en el documento registrado el 7/10/1957, bajo el Nº 12,
Tomo 22. El Estado Carabobo, a los fines de que los Colegios
profesionales existentes para el momento tuvieran sus sedes, les
donó tanto a los médicos, los ingenieros, y a los abogados, sendos
lotes de terrenos y además les construyó sus sedes, todo de
conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nº 53 dictado por el
Ejecutivo del estado el día 28/10/1955 publicado en Gaceta Oficial
del estado Carabobo Nº 1210; es decir, el estado le dona a un
Colegio Profesional para todas las generaciones de agremiados,
presente y futuros, un terreno para un uso específico y este
posteriormente, lo comercializa a unas empresas privadas para
que realice un negocio netamente capitalista, cual es: construir
un centro comercial para la venta de locales comerciales. Tal hecho
insólito ocurrió bajo la gestión del abogado Héctor Gámez Arrieta,
quien vendió el terreno de 1.995,00 M2. y la edificación sobre él
construida, con un cuestionable mandato de una Asamblea General
Extraordinaria de la Institución celebrada el 11/4/1977, donde una
supuesta Asamblea General Extraordinaria “autorizó” enajenar lo
que no les pertenecía solo a ellos, ese era un patrimonio generacional,
de los profesionales agremiados y sus familiares que existían
entonces, y los futuros agremiados, por cuanto si se necesitaba
ampliar las instalaciones, para complementar sus actividades
deportivas o académicas, sencillamente compraban otro inmueble,
pero no enajenar lo que por su naturaleza no podían, porque
era cercenar el derecho de todas las generaciones de Abogado por
venir, y violaba normas doctrinaria y jurisprudencial existente en
cuanto a la ingratitud del donatario, obraron como que si a partir
de la fecha 11/04/1977 en adelante, no iban a egresar más
Abogados, la gran mayoría de agremiados que votaron, posiblemente
lo hicieron apegados a la disciplina partidista que orientaba
en esa época las actuaciones de este gremio.
En relación a la polémica del pago de la indemnización por la
expropiación del terreno, denunciado por el FASEC, como
remembranza de la época, siendo presidente Juan Pachas
Lituma, y mi persona celador-curador del río Cabriales (8/11/1995),
se realizó una inspección judicial con el Tribunal del Distrito
Valencia (Expediente Nº 5440), dejando constancia del daño
que Funda Alegría (Gobierno presidido por Salas Römer) le estaba
haciendo al río Cabriales, y dejando constancia de cual era
la verdadera área que tiene el Colegio de Abogados; pues dado
que en fecha 26/5/75, el Ministerio de Obras Públicas había
realizado una Canalización de desvío del Río Cabriales, modificando
su anterior cauce, dividiendo el lote de terreno en dos: una de
45.080,00 M2. (actuales instalaciones del Colegio de Abogados)
y el resto ubicado al Oeste, el cual colinda con la Urb. El Recreo,
con una superficie de 48.954,08 M2. (patrimonio olvidado y
perdido); tal canalización fue aprovechada por el propietario del
Hotel vecino (Ing. Yánez), quien interpretando el principio de la
accesión establecido en el Código Civil (artículo 562), ya tenía
listo la incorporación de ese lote al patrimonio del Hotel, sin
embargo, con la inspección (en esa época llamada ocular),
dejamos constancia (actué como práctico) que en los linderos
del documento se habla de “antiguo cauce del río”, con lo cual
se recuperó ese patrimonio para el Colegio. Ese mismo día,
entregué a la Dra. Carmen Cecilia Castillo (Fiscal con competencia
especial en materia ambiental), todos los recaudos donde
denunciaba al Ejecutivo Regional a través de Funda Alegría de
estar dañando el río Cabriales... esa denuncia duerme en la red
de cómplices, sin embargo, el Colegio de Abogados reafirmo y
recuperó ese lote de terreno (parte acaba de ser “expropiado e
indemnizado para la construcción de la Avenida Paseo Cabriales”,
y objeto de la denuncia de FASEC), pero Valencia no pudo
sancionar ejemplarmente a un político poderoso, ni disfruta de
esas instalaciones recreacionales.
En relación a la supuesta irregularidad de vender de manera
inconsulta el lote de terreno, debo memorar que en fecha 14/11/1997,
la Secretaría de Obras Públicas, en cumplimiento a la Ley de
Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, a los fines
de la construcción de la Avenida Paseo Cabriales, según Decreto
No. 207 publicada en Gaceta Oficial No. 2.298 del 30/12/1996,
me designó experto, y determiné que para esa fecha y bajo ese
Decreto, la justa indemnización era de Bs. 272.444.067,37, y el
área afectada del lote de terreno a expropiar según las coordenadas
era de 38.671,84 M2. Recuerdo, que las partes (siendo Procurador
Jesús Ganen) plantearon como indemnización la construcción
de un puente sobre el río Cabriales que permitiera acceder de
una manera vial segura a las instalaciones del Colegio a través
de las redes viales de la Urbanización El Recreo. Como ven, no
sólo el gobierno revolucionario expropia para fines de utilidad
pública, sino también el gobierno de derecha de los Salas Römer,
y fíjense, fue después de trece años cuando finalmente el
gobierno de Carabobo indemniza al Colegio de Abogados;
lamentablemente, aún los valencianos no disfrutamos de una
red vial paralela integral al río Cabriales, llamada Avenida
Paseo Cabriales, y tampoco la inmensa mayoría de los valencianos
nos podemos recrear en los terrenos que forman parte del Parque
Metropolitano, pues solo lo disfrutan el entorno reducido de una
élite profesional, y un sector muy privilegiado económicamente
que puede pagar por los servicios del bingo, restaurante, y otros
que operan en el llamado Forum de Valencia.
Como un hecho comunicacional y notorio, debo recordar
a la comunidad Valenciana, que en uno de los últimos reportajes
que me realizó El Carabobeño en fecha 4 de agosto de 2.002
(donde tuve la gracia de escribir durante 25 años en la página
de opinión), denuncié todos esos hechos y alerté a los valencianos
que el Parque Metropolitano podría desaparecer, mutilando el
porvenir de nuestros hijos, nietos, y los derechos recreativos y
ambientales del mundo futuro.
Finalmente hago un llamado al verdadero pueblo valenciano,
a que se zangolotee de la red de complicidad, a los abogados
socialistas y no socialistas a que profundicen la investigación,
a la Cámara Municipal de Valencia, y sus Concejales
Revolucionarios, nuestra Gloriosa Constitución Nacional los
obliga a revisar sus decisiones, y sus ordenanzas en pro del
Parque Metropolitano, y en especial, al gobierno nacional
bolivariano,
a que se ejecute todas las acciones necesarias entre las cuales está
materializar la Expropiación de las instalaciones del Colegio de
Abogados y las Instalaciones del Forum, pues el Decreto de
Expropiación de fecha 30/12/1.958, donde se declara de Utilidad
Pública Nacional, la construcción del Parque Metropolitano,
en una extensión aproximada de novecientos mil metros
cuadrados, en los Parroquias San José, Catedral, San Blas, y
Santa Rosa, aun está vigente; y quiero recordarles al gobierno
Nacional, en manos del Presidente Comandante Hugo Chávez,
que ordene a tres de sus Ministros su cumplimiento, pues aún
están encargados de la ejecución de ese Decreto, los Ministros de
Relaciones Interiores, de Obras Públicas, y de Agricultura y Cría;
tales espacios deportivos-recreacionales podrían ser destinado
al desarrollo de la futura “Ciudad de la Tercera Edad”. En
este mundo todo tiene su tiempo y momento para que ocurra,
llegó la hora de hacer realidad la letra Constitucional, destronar
el anacrónico y cómplice concepto de "Cosa Juzgada
Administrativa" impuesto por la Cuarta República, y revisar,
REVOCAR por Inconstitucional y contraria a derecho aquellas
ordenanzas y leyes sancionadas en contra de los valores
fundamentales del ser humano; esto medirá la talla de la era que
vivimos frente al monstruo de la Mafia que ha imperado en la
política Valenciana del pasado siglo XX y principios del siglo XXI.
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